Procesos de reforma de la educación superior

Este año la admisión universitaria ha sido muy diferente a la de años anteriores. Caras de alegría y tranquilidad hemos visto entre postulantes y familiares, quienes al momento de la matrícula de estos días constataron o confirma­ron que sus estudios serían absolutamente gratuitos. Se trata de un proceso inicial que pretende universalizar progresiva­mente este beneficio para pasar desde una educación concebi­da como bien de consumo a una educación declarada como derecho social. No obstante, sería bueno precisar si el derecho así concebido es realmente un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo de la educación superior con­cebido en Chile en 1981.

El instrumento creado al efecto tiene alguna similitud con el programa AUGE apli­cado en salud, como garan­tía explícita, lo que sin per­juicio de aliviar el bolsillo de las personas, puede termi­nar rompiendo la distinción entre lo público y lo privado, considerando que hasta ahora al menos persiste la lógica del mercado en la educación superior.

Para que la nueva política cause los efectos de fortalecer un sistema público de educación, es necesario que se bloquee to­da posibilidad de lucro, porque lamentablemente este desvir­túa los fines de la educación y desvía reclusos destinados exclu­sivamente a ser invertidos en mejor educación, pase a engro­sar patrimonios privados.

Mantener un modelo de mercado en educación superior puede constituir una amenaza muy grande para las universida­des públicas, porque ellas se verían forzadas a actuar pensan­do en su subsistencia y no en el cumplimiento de su misión su­perior, que contempla el desarrollo regional y nacional de lar­go plazo. Estas universidades no pueden estar siempre preocu­padas de ofrecer carreras que tengan demanda. Es bueno que las universidades públicas se preocupen del desarrollo intelec­tual, cultural, científico, social y económico de los territorios.

Por lo anterior es que en este proceso de transformaciones lo más importante y lo clave será la reforma a la educación su­perior, la llamada ley larga, que deberá hacer distinciones muy precisas respecto de lo que en Chile debe entenderse por uni­versidad. La universidad no puede ser una vendedora de títu­los. Debe ser una institución que cultiva el conocimiento, la cien­cia, el arte, la cultura, el patrimonio, la innovación y la creación y lo hace para algo, y ese algo es el desarrollo social y humano, el desarrollo territorial y en especial el bien común. Es ahí don­de se justifica el uso de dineros públicos.

En este análisis debe delimitarse el sentido de lo público, es­to es, cuáles deben ser los roles de las instituciones públicas y su función social. Se deben determinar los requisitos y condiciones que deben reunir. ¿Cuándo es legítimo entregar dineros públicos a instituciones dc educación superior? No otorga tal legitimidad para ello el solo hecho de atender alumnos vulne­rables, sino que dicha transferencia es posible cuando la insti­tución receptora cumple fines sociales y públicos, cuando ve­la por el bien común y por el interés general.

 

Columna del rector Patricio Sanhueza en El Mercurio de Valparaíso, domingo 17 de enero de 2015.