A quién le corresponde pagar la Universidad

“Mi papá gana $172.000 y mi carrera cuesta $193.000. ¿Cómo vivo?». Rotundo y categórico, el cartel se paseó por los alrededores del Congreso en manos de una muchacha recién salida de la adolescencia durante una marcha de protesta.

En medio de la efervescencia desatada por las demandas de los estudiantes, el letrero resume uno de los principales problemas de la educación superior chilena, cuyo costo es asumido en casi un 80% por los hogares, a diferencia de lo que ocurre en las países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde el promedio es de alrededor del 40%.

Altísima carga
«En Chile, la carga es altísima para las familias, eso es una realidad, especialmente para aquellas que tienen más de un hijo en la universidad. Y eso es algo que se debe mejorar», expresa el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), José Rodríguez.

La mayoría de las familias chilenas financian 8 de cada 10 pesos del costo de la educación de sus hijos, lo cual es tres veces más de lo que pagan las familias de países como España y México, sostiene el Consejo Académico Ampliado de la Universidad de Valparaíso (UV) en una declaración publicada el último fin de semana, en la cual agrega que el Crédito con Aval del Estado (CAE) «tiene una tasa de interés que es casi el doble que el de un crédito hipotecario».

«Si existiese un mejor financiamiento basal a las instituciones, debería moderarse el costo de los aranceles universitarios que en muchos casos son desproporcionados a la realidad social y económica de los chilenos», agrega el rector de la Universidad de Playa Ancha (Upla), Patricio Sanhueza.

Pesada mochila
Lo sabe la jubilada Amanda Díaz, madre de cuatro hijos, dos de los cuales estudiaron Psicología y Derecho con un préstamo de ese tipo que pidió en 2001.

En una carta publicada por este diario (El Mercurio de Valparaíso) el 13 de junio expone que desde entonces ha pagado rigurosamente primero los intereses y desde hace cinco años el capital, pero aun cuando las dos carreras tuvieron un costo de $1.200.000 anuales, en la actualidad su deuda anual es de $1.739.655 y $1.715.644, respectivamente, que termina de pagar en 2015.

«Lo trágico de esta situación es que para que ellos pudieran continuar sus estudios me tuve que ir endeudando por los años que les quedaban», relata quien se considera «una madre desilusionada del sistema crediticio para poder educar a los hijos en la educación superior».

¿Vuelta a la gratuidad?
La demanda de las organizaciones estudiantiles en toma y/o paro es tajante: avanzar hacia una educación gratuita, garantizar a las universidades estatales aportes de al menos un 50%, terminar con el CAE y realizar una reforma tributaria para financiarlo. ¿Es factible la gratuidad o el regreso del arancel diferenciado?

El rector de la USM opina que toda persona que recibe un título universitario, obtiene un bien que va a mejorar sustancialmente sus ingresos y por ende, su calidad de vida, por lo que le parece justo que deba pagar.

“Por otra parte, es deber del Estado educar a sus ciudadanos y por lo tanto, éste también debe pagar por la educación de ellos», agrega. «El Estado debería garantizar a las personas de escasos recursos un crédito con una bajísima tasa de interés para que una vez que comience a trabajar, pague dicho beneficio”, al menos, en la misma proporción en que fue ayudado, de modo que existan recursos para apoyar a los nuevos estudiantes que lo requieran.

Para él «no es aceptable ni ética ni moralmente que alguien que recibió beneficios se olvide y no pague aquella ayuda. El pago no es voluntario, ni transable, porque las necesidades siempre son mayores que las disponibilidades”.

El rector de la Upla observa que «Chile es uno de los países que saca una de las peores notas en distribución de la riqueza y, en virtud a ello, resultaría también inequitativo que exista gratuidad para todos». Sostiene que «lo que importa es que los beneficios estudiantiles se extiendan a la clase media y que pasemos de la clasificación de quintiles a la de deciles lo que permitiría que ese inmenso sector social sea incluido en el sistema de ayudas estudiantiles”.

¿Reforma Tributaria?
José Rodríguez excluye la opción de un aumento importante en los impuestos -«que en Chile ya son altos»- para sustentar el costo de la educación superior.

Cree necesario en cambio «revisar en forma madura la situación, pues una educación completamente gratuita implica una enorme carga para el Estado. Hoy en día quedan países en que la educación es gratis, particularmente algunos de Europa, y los gobiernos están en serios problemas. Creo que si pensamos en un sistema gratuito tenemos que mirar lo que está pasando en los estados que han vivido esa experiencia”.

Sugiere una modalidad en que el Estado pague un tercio, la familia otro tercio, y el profesional ya titulado, el tercio restante de la deuda universitaria. «Me parece una formula muy creativa, en virtud de la situación que se vive hoy en Chile, que plantea a los jóvenes la incertidumbre de si efectivamente podrán costear o no su educación”.

Por su parte, Patricio Sanhueza expone que «el primer mundo entendió hace mucho tiempo que la educación es el único factor que garantiza el desarrollo sostenido y que la educación de calidad tiene un costo para la sociedad». Para dar ese salto, “se requiere un pacto social que implica un acto solidario con el futuro del país y de las nuevas generaciones».

Chile es uno de los países que paga menos impuestos en nuestro continente -agrega- y es el país de la OCDE que menos aporta a la educación superior. “En consecuencia, debemos pensar en una reforma tributaria que genere una mejor distribución de la riqueza en Chile, que permita financiar estas políticas sociales e impida que los jóvenes y las familias sigan hipotecando su futuro”.

Pago, Créditos y Becas
En una entrevista publicada en este diario (El Mercurio de Valparaíso) en 2008, el ex rector de la Universidad de Valparaíso y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Agustín Squella, comentó este mismo tema.

– ¿Cuál sería a su juicio el sistema más justo y a la vez eficiente para el financiamiento de la educación superior? ¿Volvería al arancel diferenciado, que según los críticos implicó históricamente subsidiar a los sectores que menos lo requerían?

«Basta con una buena y suficiente combinación de pago directo, para quienes pueden hacerlo; de crédito, para quienes no puedan pagar hoy, pero sí mañana con los ingresos que reciban en el ejercicio de sus profesiones; y de becas para quienes vivan en situación de pobreza”, respondió.

“La universidad nunca ha sido gratis. Siempre hay alguien que paga. En mis tiempos no pagaban las familias, pero pagaba el Estado, es decir, todos los contribuyentes, incluidos aquellos cuyos hijos no llegaban a la universidad, lo cual era evidentemente injusto”.

“Se favorecería a los sectores más privilegiados”
El cientista político Patricio Gajardo, encargado de Estudios Políticos del Instituto Libertad, considera que las demandas por gratuidad o arancel diferenciado son inviables y que así han demostrado serlo en aquellos países donde se han implementado.

“Han estado dirigidas a los grupos de mayores recursos, ya que la gente que ingresa a las universidades públicas por lo general procede de colegios privados o ha tenido mejores posibilidades, por lo tanto se estaría favoreciendo a los sectores más privilegiados» en detrimento de los más vulnerables, plantea.

Postula que debe haber un compromiso mayor del Estado en términos de apoyar especialmente a los sectores más vulnerables, pero entregando becas o beneficios directamente a los alumnos para que elijan las universidades donde desean estudiar, de acuerdo a sus capacidades y a la calidad de las universidades, más que destinar aportes a los planteles del Consejo de Rectores, donde, afirma, existen desniveles de calidad, con universidades que han obtenido el máximo plazo de acreditación y otras que sólo alcanzan un año.

«Creo que la diferenciación no debe fundarse en el carácter de universidad pública o privada, sino estar dada por la calidad, y es ahí donde el Estado debe tener un compromiso mucho más consistente y mejor que lo que se ha logrado hasta el momento”. Cree que a la larga los CAE y otras alternativas de financiamiento “van a derivar en lo que ya están derivando en muchos casos: en la inviabilidad de recuperar los montos que se les han entregado a los estudiantes y en un endeudamiento excesivo de parte de las familias, ya que muchos créditos con respaldo del Estado no alcanzan a cubrir el arancel completo. Por lo tanto, igual la familia tiene que hacerse cargo de un porcentaje significativo del costo o adoptar decisiones mucho más complejas, como es optar porque alguno de los hijos vaya a la universidad y los otros no. Eso se tiene que resolver».

Por Rosa Zamora
Suplemento Domingo del Mercurio de Valparaíso.
Publicado el 3 de julio de 2011.