Columna Ignacio Rojas: «La carretera de la muerte y la intransigencia de los poderosos»

El accidente ocurrido en la carretera de La Fruta de la Región de O´Higgins, nos toca con profundo dolor para quienes crecimos en la comuna de Peumo del Valle del Cachapoal. El peligro de la carretera ha estado siempre latente en nuestra cotidianidad, especialmente por la alta movilidad de personas de una comuna a otra por trabajo o el acceso a servicios.

Este accidente pone sobre la mesa dos temas que históricamente se han presentado en la región y, también, en el país. El primero, tiene que ver con la tenencia de la tierra y el bienestar de la población. Durante la dictadura cívico-militar se llevó a cabo la denominada “contra reforma agraria” que significó conceder miles de hectáreas a los grandes terratenientes agrícolas (afines a la ideología de la dictadura de Pinochet), quienes en la actualidad concentran cerca del 90% de las tierras cultivables de la zona del Cachapoal, donde se han localizado importantes agroindustrias nacionales y transnacionales.

Estas pocas personas y familias que poseen la tierra, cuyas producciones son llevadas al extranjero, reproducen el modelo extractivista por medio del uso de monocultivos y que están produciendo una escasez hídrica en la zona, son los mismos que se niegan a vender un par de hectáreas para que se construya la nueva carretera de la Fruta, que otorgaría un mayor bienestar y seguridad para las personas que diariamente se movilizan por este eje vial.

Sí es importante, tener presente que el modelo actual de privatización y concesión de las carreteras de Chile no permite que este bienestar sea igualitario y justo para todos y todas. Posterior al año 2011 cuando el Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, anunció el bypass de la carretera de la Fruta, la población de las comunas de San Vicente de Tagua Tagua y Las Cabras se movilizaron por los altos costos que tendrían los peajes para los medianos y pequeños agricultores de la zona, lo cual afectaría profundamente el sustento económico de miles de familias al aumentar los costos de producción.

Un segundo tema, tiene relación con el trabajo agrícola de temporada, siendo la zona del Cachapoal un “territorio migratorio”, como los denomina la especialista Dra. Ximena Valdés, particularmente de extranjeros provenientes de países como Perú, Bolivia, Haití o Colombia, que se desplazan de una región a otra de Chile, trabajando en las diferentes cosechas de productos agrícolas.

Las condiciones de trabajo y de habitabilidad de los trabajadores agrícolas son muy precarias, las cuales se agudizan por la terciarización por medio de las empresas contratistas agrícolas, y por la falta de leyes y normativas que permitan otorgar mejores condiciones laborales para los trabajadores/as de temporada, independiente sean chilenos/as o extranjeros/as. A esto se debe sumar la necesaria fiscalización por parte del Estado del cumplimiento de derechos humanos básicos que todos poseemos y que muchas veces son vulnerados en los lugares de trabajos rural.

Ambos temas son relevantes para el país, ya que el desafío para el nuevo gobierno de Gabriel Boric y la Convención Constitucional es poner al centro el bienestar de toda la población del país, y no el de unos pocos.