«CRUCH no apoyará la reforma sin saber los criterios de asignación de fondos basales»

En el Consejo de Rectores (Cruch) existe molestia porque aún no se conoce la propuesta sobre financiamiento a las universidades que incluirá el proyecto de reforma a la educación superior. Aldo Valle, vicepresidente de esta instancia, y rector de la U. de Valparaíso, criticó las “ambigüedades” de las autoridades sobre este tema.

¿Qué le parece que el gobierno aún no presente un borrador completo sobre la reforma a la educación superior?

Creo que enfrentamos graves ambigüedades y dilaciones en educación superior. Ya se ha hecho inexplicable no tener una propuesta sobre financiamiento, y con esto me refiero a los aportes estatales para investigación, desarrollo, formación de doctores, extensión y otras tareas que deben cumplir las universidades, que son propias de su función pública.

¿Y cómo evalúan lo que se ha mostrado hasta ahora?

Lo que hemos conocido de la propuesta gubernamental no es suficiente para evaluar el proyecto de reforma y nos impide, como Consejo de Rectores, emitir un juicio sobre una reforma que consideramos valiosa y necesaria. No vamos a apoyar (la reforma) sin conocer los criterios que se utilizarán para asignar los aportes basales a las instituciones. No se trata de pedir más recursos para determinadas instituciones, sino de saber a qué título y para qué objetivos nacionales el Estado entregará recursos.

¿Por qué son tan importantes para ustedes estos criterios?

Porque no es lo mismo una institución universitaria que un mero prestador eficiente de docencia. Esta claridad lamentablemente todavía no se ha alcanzado en el gobierno y ello explica que no tengamos aún una propuesta sobre diseño del sistema de aportes basales a las instituciones. Si la reforma no hace esa distinción, dañará la calidad y complejidad que las instituciones han logrado hasta ahora, pues terminará tratándolas a todas de la misma forma.

¿Por qué se puede dañar la calidad?

Porque si lo que se pretende es un financiamiento estatal, solo por la  vía de fijar un “precio unitario” o arancel regulado por docencia, sin distinguir el carácter y fines de la institución, se transformará al Estado en un mero comprador de servicios docentes. La fijación de aranceles tipo no es un mero cálculo técnico, pues dicha determinación siempre tendrá serios impactos en los proyectos educativos y planes de desarrollo de las instituciones. En consecuencia, las variables que se consideren deben ser el resultado de  una  deliberación que incluya la participación de las instituciones, y no sólo el juicio experto o tecnocrático limitado a operaciones cuantitativas.

¿Cree que el Estado no debe financiar a todas las instituciones?

Sean públicas o privadas, las universidades deben proponerse necesariamente cultivar el pluralismo intelectual, la diversidad social, así como la libertad de pensamiento y de creación, pues con esta base normativa y conceptual las universidades pueden servir al conjunto de la sociedad y no sólo a determinados grupos, sectores o clases sociales. El dinero público no debe estar disponible para proyectos particulares que quieran mantenerse al margen de aquellos principios. Si esto no queda claro, mejor no hablemos de reforma a la educación superior. Ejemplo de esta inconsistencia de la reforma, es que termine habiendo instituciones con gratuidad que carecen  de un sistema de admisión basado en el mérito, la transparencia y la imparcialidad.

¿Les preocupa no saber si van a recibir más o menos recursos?

No se trata de discutir ahora sobre incrementos de recursos. El problema es más grave, pues consiste en la indefinición o ambigüedad acerca del carácter y función de las instituciones universitarias. Una reforma de envergadura no puede carecer de definiciones tan relevantes, mucho menos puede declarar o establecer la neutralidad del Estado sobre las tareas más complejas de la educación superior. Esto sería inaceptable para las comunidades universitarias. La coyuntura económica del país no es una razón válida para explicar esta falta de claridad. La reforma, a nuestro juicio, debe garantizar que un conjunto de instituciones, de carácter público o privado, junto con recibir financiamiento estatal asuman responsabilidades en el logro de objetivos de bien común y en la función social que corresponde a todo sistema educativo.

En las minutas de la reforma se habla de instituciones estatales y privadas, pero no de aquellas tradicionales privadas del Cruch (G9) ¿Qué piensan de eso?

Según un texto en borrador del proyecto que conocimos hace meses y que no ha sido reemplazado por otro, instituciones como la Universidad de Concepción, Federico Santa María, Austral o las católicas -de histórica contribución a la función pública- serán tratadas de modo equivalente a otras de clara vinculación a intereses empresariales o sin ninguna vocación pública. No reconocer esta diferencia entre las instituciones equivale a desvirtuar sustancialmente la reforma. Con un diseño como el que ha trascendido -paradojalmente- se terminaría desfigurando de modo irreversible el sentido de lo público, pero también los propósitos cívicos a que deben servir los recursos económicos del Estado.

¿Pero ustedes apoyan un sistema de provisión mixta?

Toda uniformidad es inconveniente especialmente en educación. Ninguna homogeneidad, ni estatal ni privatista, es conveniente para contribuir a la construcción de una sociedad democrática y plural, pero si el Estado se reduce a comprar educación a oferentes no diferenciados, terminará haciendo lo que no pudo hacer el mercado por sí mismo, tal como ocurrió con el sistema escolar desgraciadamente. Si no se garantiza ciertos equilibrios y el Estado es indiferente ante la mayor o menor complejidad de las universidades, el riesgo es la hegemonía mercantil. El crédito con aval del Estado permitió una expansión desregulada y en muchos casos de baja calidad.

 

Entrevista publicada en La Tercera, domingo 10 de abril de 2016 (disponible en línea).