Molestia e inquietud de las Universidades del Estado de Chile

* La siguiente es una declaración del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, aparecida el 14 de septiembre en el diario El Mercurio de Santiago. La discusión pública de esta demanda ha sido promovida activamente por el Rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza.

Su Excelencia, la Presidenta de la República, Señora Michelle Bachelet Jeria, en su mensaje al Congreso Pleno y al país del 21 de mayo pasado sostuvo que «el Estado debe tener un compromiso especial con la educación superior estatal. Hoy las universidades públicas enfrentan desafíos complejos y nosotros, como Estado, debemos contribuir a resolver esos desafíos”. La mandataria, además, fue enfática al agregar que «Chile requiere de una educación pública, humanista y laica, robusta y de calidad, porque ella es la principal fuente de cohesión y de movilidad social”. Esta fue una potente orientación de política pública en la que seguiremos reconociendo la visión de estadista de S.E. la Señora Presidenta.

En respuesta a dicha visión, las Universidades del Estado presentaron un proyecto al gobierno, con el propósito de fortalecer sus competencias académicas y de este modo contribuir a concretar las políticas públicas de innovación y formación de capital humano avanzado, definidos como estrategia nacional de cara al bicentenario. El referido proyecto tiene como objetivo renovar los cuadros académicos y administrativos mediante un Plan de Incentivo al Retiro, lo que guarda plena concordancia con las políticas antes mencionadas. Es importante señalar a la comunidad nacional que las universidades estatales carecen de las facultades legales y los recursos para implementar una iniciativa de este tipo.

En este contexto y coincidente con este planteamiento, en agosto de 2008, el Consejo de Innovación para la Competitividad en sus «orientaciones presupuestarias para el sistema de innovación” ha entregado al Ejecutivo recomendaciones de prioridades referidas a los recursos asignados por el Estado al Sistema Nacional de Innovación (SNIC), señalando expresamente que se debe: «considerar en el presupuesto recursos para financiar el retiro, desde universidades públicas, de académicos que, teniendo condiciones para jubilar, hoy no están involucrados en actividades de investigación y desarrollo e innovación”. Se busca con ello aumentar la productividad en innovación e investigación científica y tecnológica, generando plazas para becados por el estado de Chile, que han obtenido su grado de doctor y que retornan al país.

Este plan es compartido también por la Comisión de Educación del Senado, que ha valorado esta medida como urgentemente necesaria para que estas universidades continúen aportando al desarrollo de nuestro país.

Lamentablemente la propuesta ha sido rechazada por autoridades nacionales del gobierno por razones presupuestarias. Es así como una vez más se arguyen razones de política financiera que dan cuenta de una visión indolente y sesgada respecto de un tema del más alto interés nacional y cuya envergadura trasciende el ámbito económico.

Por eso, las Universidades del Estado consideran que la actual negativa en materias tan relevantes para el desarrollo del país, pueden dañar de modo irreversible las aspiraciones nacionales de innovación y competitividad así como la constante y decisiva contribución que el Estado venía haciendo en materia de cohesión social. Quienes suscriben esta declaración se ven en la obligación moral, institucional y ciudadana de interpelar a las autoridades para que asuman pública y explícitamente ante el país su responsabilidad con la educación superior pública estatal, como también las consecuencias políticas que esta nueva decepción genera al interior de los claustros universitarios.

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