Investigación explora participación de profesionales de la psicología en prácticas represivas durante la dictadura cívico militar

Fotografía de autoría de Paulo Slachevsky

Cuando la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) llegó a contar con 2.000 agentes y cerca de 50.000 confidentes, pareciera improbable que la participación directa e indirecta en ambientes de tortura y en el diseño de políticas públicas de control social fuese tan sólo a través de seis profesionales de la psicología. Con esta premisa, la académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, Mg. Lilian Vergara Araya, desarrolla el artículo “Psicología y tortura: Análisis del rol colaboracionista a 50 años del golpe”, que aborda las implicancias ético-políticas de la práctica de la tortura asesorada por psicólogos y psicólogas en Chile durante la dictadura cívico militar.

En un interés que nace de la lectura del artículo de Elizabeth Lira que plantea la discusión de la organización gremial American Psychological Association sobre la participación de psicólogos en ambientes de tortura, la docente del Departamento de Mediaciones y Subjetividades trianguló el análisis de un expediente del Comité de Ética del Colegio de Psicólogos de Chile, publicaciones en prensa y doce entrevistas semiestructuradas a psicólogas y psicólogos egresados, o en formación, entre los años 1973 y 1990.

“Lo que se encuentra en las entrevistas coincide de manera muy alarmante con lo que se reporta en literatura y en prensa, [que] es una narrativa sostenida sobre la instrumentalización del saber psicológico en contextos de violaciones a derechos humanos. Desconozco si ha habido avances judiciales al respecto en los últimos diez años, pero estos relatos colectivos reafirman la urgencia de visibilizar estos hechos y promover una memoria colectiva que garantice la no repetición, ojalá avanzar hacia la justicia y reparación de las víctimas”.

De esa manera, los hallazgos abordan las denuncias en prensa, aportes de psicólogos a procedimientos de tortura y estrategias de control social, así como la búsqueda de justicia, tres aristas cruzadas por el secretismo del contexto de investigación de apenas diez años atrás.

En ese sentido, el texto disponible en el volumen 33, número 1, de la Revista de Psicología señala que el expediente se encontraba caratulado como confidencial, y por lo mismo, permitía su exploración de manera presencial en las dependencias del Colegio de Psicólogos, durante un tiempo determinado, y con la explícita restricción de su reproducción por ningún medio. No obstante, la académica refuerza un gran hallazgo incidental que explica, de alguna manera, ese nivel de resguardo: “[ya que] cuando empecé a investigar me encontré que uno de estos psicólogos que está acusado de colaborar en la tortura era director de una carrera de psicología en una universidad pública”.

Hallazgos

“Los antecedentes de psicólogos que colaboraban [en la práctica de la tortura] son previos a la dictadura y ese es un primer hallazgo importante porque uno podría pensar que la psicología, a propósito de la dictadura, tiene estas transgresiones a la ética. La verdad es que venían de antes y se da en el marco [que] esta persona torturada hace la denuncia en una asamblea en la Universidad de Chile, esa información finalmente llega a la prensa de la época y se publica en la revista Punto Final. [De hecho] el psicólogo aludido responde en una carta al director, entonces hay un diálogo bien interesante que me hace poder hablar de este antecedente”.

Este hallazgo en la prensa nacional, así como la declaración del agente de inteligencia Andrés Valenzuela en la revista Cauce del año 1984, se alinea con la participación directa e indirecta de psicólogos y psicólogas en las prácticas represivas a través de la aplicación de pentotal, el estudio de la psicología de la guerra y la elaboración de perfiles de fragilidad de presos/as políticos/as para identificar elementos que permitieran vulnerarlos/as, entre muchas otras, hallazgos que coinciden con lo escasamente reportado en la literatura y con las entrevistas.

En esa línea, otro resultado es la elaboración de la “Campaña de penetración psicológica masiva”, diseñada por un psicólogo perteneciente a la Secretaría General de Gobierno, que detalla estrategias de manipulación de la población mediante campañas de propaganda en medios de comunicación para incitar la angustia, inseguridad, sensación de peligro y miedo.

Registro de autoría de Interferencia: “Diagrama interno de la DINA donde aparece el Departamento de Psicología”

Por último, en relación a las acciones de denuncia al interior y fuera del Colegio de Psicólogos, estas se prueban insatisfactorias al no tributar en sanciones directas, o incluso en decisiones del organismo colegiado, a raíz de la falta de respaldo, atribuciones legales y crédito de las acusaciones, resultando en la inexistencia de denuncias a través de la justicia ordinaria.

“Creo que los resultados hacen una invitación a una reflexión ética sobre el ejercicio de la psicología y no sólo de una dimensión técnica, que es la que se suele analizar, sino también respecto a los usos y al impacto ético-político que tiene. Esta investigación pone en alerta a quienes son usuarios o beneficiarios de la psicología, que son muchas personas en nuestro país, sobre la importancia de que exijan prácticas éticas, que recuerden que sus derechos no pueden ser vulnerados, y también a nivel disciplinar es un recordatorio de los usos políticos del saber psicológico y la necesidad de resguardar su uso para que nunca más sea instrumentalizado para dañar a otras personas”, concluye la académica en relación al artículo que se puede leer, y descargar, de forma gratuita aquí.