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Imagen de autoría de EduinclusivaTV
Niños y adolescentes de sexo masculino, bajos recursos, con sobreedad y diagnóstico de déficit de atención tendrían una mayor probabilidad de recibir prácticas de exclusión y disciplina punitiva durante su escolaridad según demostró un grupo de investigadoras e investigadores de las universidades Católica de Valparaíso y Playa Ancha en el reciente artículo “El papel de la disciplina punitiva en las trayectorias de in(exclusión): Un estudio etnográfico en escuelas con altas prácticas punitivas” (2024).
“En las escuelas hay una percepción generalizada que la disciplina implica la acción punitiva”, propone el académico del Departamento de Mediaciones y Subjetividades de la Universidad de Playa Ancha, Dr. Sebastián Ortiz-Mallegas, “por esto es necesario producir conocimiento en torno a estas temáticas y orientar hacia una cuestión formativa, vincular y afectiva”.
Con el fin de estudiar esta forma de disciplinamiento al interior de establecimientos educacionales – un análisis de más de 3.841 escuelas – el grupo interuniversitario liderado por Verónica López Leiva (PUCV) y compuesto por Sebastián Ortiz-Mallegas (UPLA), Cristopher Yañez-Urbina (PUCV) y Maximiliano Silva (UAH), realizó una aproximación etnográfica a dos trayectorias escolares en contextos de alta disciplina punitiva.
Disciplinamiento y ordenamiento académico: los estudiantes “mal portados”
Tras la caracterización de las prácticas punitivas a través de la prueba del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) en 2018, el equipo seleccionó dos escuelas con altas frecuentas de aplicación de estas prácticas para desarrollar etnografías escolares que permitieran, por una parte, dilucidar las rutas desarrolladas para el abordaje de situaciones conflictivas, y por otra parte, profundizar en la experiencias de estudiantes identificados como “conflictivos”.
Esto porque, según el investigador del Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia (OPSE-UPLA), tanto el disciplinamiento punitivo – anotaciones, suspensiones y expulsiones – y el ordenamiento académico – categorización de cursos según un mismo nivel académico – se organiza por variables exógenas basadas en criterios individuales o institucionales que no se encuentran consensuadas ni normadas en la política educativa nacional.
“Ciertos estudiantes son segregados continuamente de los espacios escolares bajo un modelo invisible, consensuado en la cultura escolar, que les invita a abandonar los espacios educativos, es decir, no son del todo bienvenidos en las escuelas por su comportamiento, pero no son ellos el problema, sino aquello que construimos alrededor de sus condiciones individuales que se asocian a una aplicación mayor de sanciones punitivas”, señala.
En ese sentido, las entrevistas en profundidad realizadas a los estudiantes identificados con los nombres ficticios de Óscar y Felipe dan cuenta de trayectorias disruptivas que los vuelven estudiantes “fichados”. Por una parte, Óscar, tras una seguidilla de anotaciones negativas acumulativas y una pelea entre pares, es expulsado bajo la Ley de Aula Segura. Por otra parte, Felipe, continuó con su proceso educativo a través de carpetas pedagógicas aún privado de libertad para luego retornar al establecimiento.
Descripción visual de la trayectoria de Óscar, dibujada y narrada por él
No obstante, sus historias de vida están tramadas por duelos, necesidades educativas y socioemocionales que reconocen las implicancias transformadoras de agentes humanos, profesores/as y psicólogos/as escolares, que se volvían figuras afectivas y significativas para continuar sus trayectorias educativas.
“En el primer caso nos encontramos con un chico al que aplican la Ley de Aula Segura porque ya no saben qué hacer con él y en el segundo caso nos encontramos con un reenganche de un estudiante que fue expulsado, ¿pero qué repercusiones tienen estas acciones de la escuela sobre las experiencias de estos estudiantes? ¿Basta con expulsarlos?”, comenta el doctor en Ciencias de la Educación.
Al respecto, y según concluye el artículo, “estos resultados muestran, además, cómo los marcadores de exclusión escolar ya sea académicos (de bajo rendimiento e inasistencia frecuente) como personales (comportamientos disruptivos, conflictivos y TDA-H) operan como señalamientos para identificar a los estudiantes que tienen una mayor probabilidad de transitar por rutas de disciplinamiento construidas”.
Diálogo entre convivencia escolar y normativas contradictorias
Cuando la convivencia escolar es parte integral de los procesos de inclusión educativa, el texto sostiene que las formas altamente disciplinarias de comprender y gestionarla, basadas en la amplificación de las desigualdades de poder y en culturas escolares autoritarias, operan sobre el mito de expulsar la manzana podrida.
En ese sentido, frente a la coexistencia de una Ley de Inclusión que regula el ingreso a las instituciones que reciben financiamiento del Estado – cerca del 80% de los establecimientos educativos del país -, una Ley de Violencia Escolar concentrada en la prevención de conflictos y una Ley de Aula Segura que entrega atribuciones a las direcciones para la expulsión inmediata de estudiantes, para el investigador es imprescindible concentrarse en las tensiones que generan normativas contrarias y superpuestas.
“Necesitamos avanzar hacia una política educativa que encuentre y haga dialogar la disciplina y la convivencia porque han estado en líneas separadas y por eso encontramos normativas ambivalentes y contradictorias”, puntualiza Ortiz, “tenemos que pensar más allá de lo inmediato, que pareciera ser lo punitivo, y aprender de la participación, la reparación y el diálogo”.
Para leer más sobre los métodos y hallazgos de este estudio, puedes visitar aquí el artículo de visualización gratuita que forma parte del volumen 22, N°2, de la Revista de Investigación en Educación de la Universidad de Vigo. Esta publicación se enmarca en el Fondecyt Regular N° 119127, “La inclusión excluyente: Microprácticas de segregación y exclusión en la disciplina escolar chilena” de Verónica López.