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“Los movimientos sociales han puesto en juego conflictos asociados a la desigualdad, a las problemáticas institucionales, pero también ponen sobre la mesa un deseo social que entra en discusión en la esfera pública como algo que debe ser cuestionado y analizado para darle una respuesta”, sostiene el académico e investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dr. David González Miranda.
En un encuentro transdisciplinario de músicas/os, investigadoras/es, instituciones, colectivos artísticos y organizaciones de América Latina y Europa, el académico UPLA se presentó en la sexta y última mesa del II Seminario Internacional Territorios Sonoros: Músicas, identidades, transformaciones organizado por la Universidad Nacional de las Artes de Argentina en coordinación con el Festival Intermúsicas.
¿Qué balance hacen de las políticas públicas de los últimos 15 años y cuáles son los tres desafíos centrales que deben abordar las de los próximos 15 años? ¿Qué sujeto social debería imaginar una política pública contemporánea? ¿Qué estrategias se pueden utilizar desde el sistema educativo para generar mayor participación social? Fueron las preguntas que trazaron el debate de seis exponentes de la mesa temática, “Planificar la cultura: políticas públicas, públicos políticos”.
Así, las demandas de movimientos estudiantiles, feministas, de pueblos originarios y grupos históricamente excluidos fueron revisitadas en “Política, cultura y conflicto social en Chile: Dilemas y desafíos”, exposición del integrante del Grupo de Investigación de Pedagogías Latinoamericanas (UPLA), que entrelazó la última gran manifestación ciudadana de 2019 y, de manera previa a su votación en las urnas, la propuesta de Nueva Constitución.
“Existen ciertas coincidencias con otros países”, refuerza el académico, “las demandas de los pueblos originarios y feminismos, por ejemplo, son estos grandes movimientos sociales que venían de antes del Estallido pero que tuvieron un correlato en la propuesta constituyente y los colegas de Argentina, México y Colombia se sorprendían bastante por el tenor de las propuestas políticas que se leían en ese borrador de constitución, lo consideraban un texto muy vanguardista y esperanzador. La esperanza está en Chile, decían, pero no fue tal porque no hubo un respaldo popular”.
Antecedentes
En nuestra historia reciente, la reforma y creación de políticas públicas tiene diversos puntos de encuentro y de arranque en la pulsión ciudadana. En ese sentido, el investigador destaca, en primer lugar, la paridad de género en cargos de representatividad popular con la primera reforma del sistema binominal y el surgimiento de una nueva normativa para la postulación a cargos parlamentarios y, en segundo lugar, la gratuidad como resultado de las demandas estudiantiles.
“El movimiento del 2006 es el primer momento desde el retorno a la democracia donde la gobernabilidad del país se puso en juego, y entramos en una discusión que empieza a ser estructural y que transformaría en la actual Ley General de Educación, entonces ¿qué pasa? Que vemos una discusión que comenzó en 2006 y se zanjó una década después. Por tanto, aunque hoy sea un derecho adquirido, fue una normativa que llegó muy tarde, con limitaciones y problemas de gestión y financiamiento para las universidades, y no consiguió aplacar plenamente el descontento”.
Sobre el momento actual, el académico destaca que, debido al carácter dinámico y permanente de los procesos sociales y los niveles de respuesta de la institucionalidad son algo que, inevitablemente, provocará el resurgimiento de las movilizaciones, “pero no sabemos cuál gremio se manifestará primero o cómo será este nuevo ciclo de políticas públicas, hay una incertidumbre más que justificada”.
¿Qué viene después del rechazo?
“Hay que considerar que este fue un proceso que no nació desde arriba, sino desde las bases sociales y que fue una cuasi revolución o una revolución truncada por dos procesos, por la salida institucional al movimiento social en el famoso acuerdo del 15 de noviembre y por el comienzo de la pandemia que no fue precisamente breve, sino que se transformó en un proceso extendido donde todo quedó enclaustrado, por una parte, por la salida institucional, y por otra parte, por la mediatización de la vida social derivada del confinamiento, en una especie de caverna digital”.
En ese sentido, el académico reconoce rasgos de una desarticulación social que venía desarrollándose previamente, a raíz de nuestros propios mecanismos de fragmentación social, visible en variables socioeconómicas y estructurales que fueron generando en los distintos segmentos de la población una disociación con las disputas de las fuerzas políticas y las instituciones, reflejada en una crisis de representatividad política.
En términos de la reestructuración del mapa político, el Dr. Miranda señala que, en un contexto de crispación política y de ralentización del proceso constituyente luego de las evidentes señales de polarización, se vuelve evidente una cierta pulsión de orden «movilizada por la intención de conservar la identidad nacional, en un fervor patriótico que viene del Estado portaliano y que todavía está presente en buena parte del tejido social, en grupos semi-urbanos y no urbanos que, curiosamente, son aquellos sectores que dejaron de participar de los procesos electorales cuando el voto se volvió voluntario, pero que, al momento de ver en riesgo su identidad nacional y su sentido de pertenencia, simplemente fue a votar y expresó su voluntad. Así como ocurrió aquí y en otras latitudes (Colombia, Reino Unido, Brasil, EEUU, por mencionar algunos ejemplos), la enseñanza es que se no puede construir un proyecto país que refleje tan solo las perspectivas futuras de algunos sectores específicos de la sociedad”.
En el término de este ciclo electoral que ha durado más de dos años, el académico rescata el proceso de reorganización al que nos enfrentamos “con el desafío de conducir nuestro debate y nuestras políticas, ya sea en cultura, educación o política social, de regreso hacia el terreno de una redefinición del bien común”.