Resumen del proceso de categorización de las entrevistas en profundidad realizadas a los integrantes del CEIA

Contribuyendo al esclarecimiento del concepto de convivencia escolar en entornos educativos marginados, la Dra. Claudia Carrasco junto a Waleska Barrera y Gabriel Ramos realizaron “Convivencia escolar en contextos de encierro: significados en una escuela en Chile”, una investigación exploratoria respecto a un Centro de Educación Integrada de Adultos (CEIA) al interior de una cárcel de detención preventiva de mediana seguridad, su profesorado, asistentes de educación y estrategias pedagógicas en torno a una de las exigencias requeridas por el Ministerio de Educación desde el año 2011.

Tras la promulgación de la Ley de Violencia Escolar, “todos los centros educativos deben tener un reglamento y plan de convivencia escolar con actividades que respondan a los objetivos de la política nacional, no obstante, esa política está dirigida, en primer lugar, a las escuelas regulares y, en segundo lugar, a escuelas de medio abierto”, expresó la directora del Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia (OPSE – UPLA), Dra. Claudia Carrasco Aguilar.

Dichas políticas públicas, además de no considerar la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA), tampoco estiman la realidad educacional en contextos de encierro. En ese sentido, la investigación rescata como un estudio llevado a cabo por la Superintendencia de Educación “concluye que, por razones de reclusión, es imposible que el estudiantado pueda acceder a una educación inclusiva, es decir, a un sistema educativo que garantice los mismos derechos a todos y todas”.

En un contexto de alta rendición de cuentas pero escasa formación y apoyo, la publicación da cuenta de las experiencias del profesorado y asistentes de educación, sus mecanismos de autogeneración de conocimiento y estrategias en educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) en contextos de encierro, y la capacidad de entregar un espacio terapéutico a los internos e internas participantes de la escuela.

El respeto, tanto como adherencia a las normas y dignidad, se reflejó como significante de convivencia escolar para el profesorado y asistentes de educación entrevistados, “cuestión que no estaba reportada en la literatura que propone que los internos van a las escuelas, fundamentalmente, para obtener beneficios carcelarios, pero, ¿qué pasa con los internos que quieren aprender para poder enseñarles a sus hijos en edad escolar? ¿O con aquellos que tienen cadena perpetua? Allí no hay una instrumentalización de la educación”.

Así, preconcepciones culturales e investigativas ligadas a la educación de jóvenes y adultos al interior de recintos penitenciarios fueron objetadas al demostrar, por parte de profesorado activo en un CEIA, que “la escuela tiene una función social, donde la convivencia escolar es interpretada como restitución de derechos y devolución de dignidad”.

Prisionización del profesorado y pedagogización de la cultura carcelaria

Debido a la articulación de dos instituciones distintas, el Centro de Educación Integrada para Adultos (CEIA) y Gendarmería de Chile, el plan educativo al interior del recinto penitenciario conjuga marcos normativos que, por una parte, se basan en el castigo y el disciplinamiento, y por otra, en el desarrollo integral de las personas. En esa relación, dos fenómenos fueron levantados por las y los investigadores: prisionización y pedagogización.

Así como el profesorado del CEIA experimentaría algunos efectos sociales, psicológicos y físicos al realizar funciones permanentes al interior de la cárcel, “llegando a adoptar algunos comportamientos, lenguajes o valores de los códigos carcelarios”, la investigación propone que la cultura escolar impregnaría también a la cultura carcelaria, y en ese sentido, rescata el inédito rol de Gendarmería en este caso de estudio donde, en vez de cumplir roles de tutoría de los y las internas, se desempeñarían como personal de apoyo educativo, promoviendo un rol pedagógico.

Cuando un 50% de la población penal, es decir, alrededor de 22.000 personas no ha iniciado o finalizado su escolaridad, estas nuevas formas de llevar a cabo la educación al interior de las prisiones “estarían favoreciendo el reconocimiento de la educación como un derecho, así como la construcción de significados de convivencia escolar en torno al diálogo, la reflexión y al desarrollo integral de las personas”, finalizó la Dra. Carrasco.

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