“Las universidades regionales del CRUCh son polos de desarrollo territorial y de descentralización”

La Agrupación de Universidades Regionales de Chile (AUR), representa a las 22 casas de estudios superiores del CRUCh, distribuidas desde las regiones de Arica y Parinacota, a Magallanes y la Antártica, siendo la principal red académica territorial del país, explica su presidente, Patricio Sanhueza Vivanco.

«El compromiso de estas universidades con el desarrollo del país es innegable. Ellas impulsan su quehacer intelectual, la inclusión, valoran la diversidad cultural y atienden la vulnerabilidad, colaboran con el sector productivo, apoyan políticas públicas, promueven la cultura y rescatan la identidad de los territorios”, afirma.

Sus aulas, señala, «albergan a 220.000 alumnos (71% del CRUCh) apoyados por 20.000 docentes e investigadores. Dictan el 34% de los magísteres y 46% de los doctorados que se imparten en Chile. Asimismo, contribuyen entre el 40 y 45% del total de las publicaciones científicas nacionales indexadas, aunque reciben solo el 35 a 38% de los recursos estatales».

Todas, dicen, hacen docencia, investigación, vinculación con el medio y extensión.

«Sus programas abordan la interculturalidad, derechos de la mujer, tercera edad, atención a migrantes, etnias originarias, discapacitados, reclusos, pequeños productores, entre otros. En cada región son las instituciones con mayor participación en redes y convenios internacionales, enriqueciendo constantemente sus actividades y aportando al desarrollo local”.

Varias, expresa, cuentan con periódicos, radios y canales de TV, centros de exposiciones, museos, teatros y espacios deportivos. Realizan la mayor parte de las actividades artísticas y culturales de cada región.

Junto con la sociedad civil, los agentes productivos y el sector público, son uno de los 4 polos de desarrollo regional.

«Estas universidades realizan su labor en un contexto de agudo centralismo y fuertes inequidades sociales y económicas. Sus aulas acogen a estudiantes talentosos, con brechas académicas, provenientes de hogares vulnerables y con baja escolaridad de sus padres. Por lo anterior, estas universidades, con los aranceles promedios más bajos del sistema, tienen diversos sistemas de ayuda estudiantil financiados con recursos propios”.

Las cifras, asegura, hablan por sí solas: «el 89% de los estudiantes de las universidades regionales proviene de colegios municipales y particulares subvencionados, versus el 69% de las universidades de la Región Metropolitana; el 68% pertenece a los tres quintiles con menores ingresos, mientras que en Santiago esa cifra alcanza un 49%; y el promedio PSU llega a los 570 puntos para los de regiones en comparación a los 624 de la capital”.

Así, «las universidades regionales se desenvuelven en territorios con un mayor subdesarrollo relativo, pero cuyos desafíos son los que definen su misión e iluminan sus actividades cotidianas. Ellas se deben a sus regiones y trabajan por impulsarlas, lo que contribuye a un desarrollo equilibrado, inclusivo y sostenible de todo el país”.

Los desafíos de la reforma

Asevera Patricio Sanhueza que la Agrupación de Universidades Regionales valora la decisión gubernamental de revisar la naturaleza, propósitos y normativa que regula el sistema de educación superior. Y explicita que de la revisión del proyecto de ley fluyen varias observaciones y propuestas para perfeccionarlo.

Primero, indica, «el proyecto debe asumir explícitamente entre sus fines y principios la diversidad geográfica, las injustas desigualdades socioeconómicas y territoriales, y el excesivo centralismo que inhibe las capacidades de desarrollo de las regiones chilenas”.

Segundo, «la institucionalidad debe considerar en la gobernanza, e instancias técnicas y asesoras que se creen, una participación proporcional de representantes y especialistas regionales, y, asimismo, valorar al CRUCh como el espacio legitimado de expresión de la diversidad de instituciones y territorios”.

Tercero, «la heterogénea realidad demanda que criterios e indicadores de calidad se ajusten a la diversidad de situaciones que enfrentan las universidades regionales. Es decir, ‘calidad medida en el contexto’, evitando aplicar estándares derivados de instituciones insertas en medios demográficos, académicos o socioeconómicos más favorables”.

Cuarto, señala, «el proyecto debe excluir instrumentos de mercado individuales —‘vouchers’—, que facilitan la emigración y fuga de talentos a Santiago; o definidos por volúmenes de estudiantes, que afectan a universidades de regiones extremas y/o con baja población. En ese sentido, proponemos que se determinen cuotas de gratuidad por regiones, considerando población y tasas de vulnerabilidad. También debe evitarse la asignación de recursos financieros usando indicadores siempre comunes que suponen erróneamente una competencia en igualdad de condiciones».

Por ello, «AUR propone un Aporte Basal Regional (ABR) cuya finalidad sea el fortalecimiento institucional y la corrección de las graves asimetrías en la distribución del AFD. Estos recursos deben asignarse por universidad, considerando reales necesidades y desafíos nacionales y regionales. Este financiamiento debe reconocer el esfuerzo por superar brechas académicas y el compromiso institucional con los procesos de desarrollo territorial. También debe considerar la vulnerabilidad y el mayor el costo del quehacer universitario en regiones”.

 

Fuente: Edición especial «Universidades Regionales» (El Mercurio), jueves 27 de octubre de 2016.