Universidades estatales plantean que gratuidad se inicie con ellas y sigan las becas para el resto

La reunión que hoy tienen los rectores de las universidades tradicionales es la última antes de que se inicie la votación de la gratuidad en el Congreso y se defina qué pasará con esta política para 2016. Por eso, los directivos esperan que el Ministerio de Educación presente definiciones y avances sobre cómo solucionar la brecha que tendrían algunos si es que adhieren a ella.

A la espera de novedades, las universidades estatales se reunieron ayer para discutir sobre el tema. Tras la cita, Álvaro Rojas, rector de la U. de Talca, señaló que «es un buen comienzo que todo parta con las universidades estatales».

Según explicó, «se puede empezar por las universidades estatales y quizás se puede mantener un concepto de becas de gratuidad para las universidades del G9 (los otros planteles del Consejo de Rectores) y para las otras que se puedan adherir, y mantener el sistema del Crédito con Aval del Estado (CAE) y becas que hoy existen».

Rojas agregó que la idea que tienen en el Consorcio de Universidades del Estado (CUECh) genera consenso entre los parlamentarios, con quienes ya se han reunido.

Previo a sus dichos, el rector de la U. de Santiago, Juan Zolezzi, había señalado que sería una buena idea que la gratuidad partiera con las 16 instituciones del Estado, porque así no se darían, por ejemplo, problemas de presupuesto.

Ennio Vivaldi, rector de la U. de Chile y presidente del CUECh, indicó que es una opción «en el peor de los casos», si es que la glosa de la gratuidad es rechazada en la subcomisión la próxima semana. Subrayó que «nunca ha estado en nosotros que la gratuidad sea solo para las estatales», y agregó que «en cualquier condición vamos a estar en la gratuidad».

La idea de que esta política partiera por las instituciones públicas fue presentada por el senador Carlos Montes (PS), quien señaló que sería una opción si es que la partida sufre un rechazo en la subcomisión que preside.

Y a pesar de que aún es una idea, Sergio Lavanchy, rector de la U. de Concepción y presidente del G9, que agrupa a entidades como las universidades católicas, ya la rechazó. «No la comparto y no creo que ayude a la discusión ya compleja que hay en el Congreso».

Agregó que «nunca he compartido que por el solo hecho que una universidad es estatal, pueda tener un trato diferente del Estado respecto de otras que cumplen muy bien su misión y no tienen fines de lucro». Puntualizó que la diferencia sería «muy injusta» para sus estudiantes.

Iglesia critica exigencias para esta política

A través de un documento, el presidente del Área Educacional de la Conferencia Episcopal, monseñor Héctor Vargas, criticó que el debate de la gratuidad para 2016 se realice por medio de la Ley de Presupuestos, por distraer el análisis de «la dimensión social, ética y política de la reforma».

Además, planteó su preocupación por las condiciones que contempla la ley en cuanto se financiará solo la duración formal de las carreras, ya que señaló es algo «regresivo» y que afecta a los alumnos vulnerables.

Y ante el límite de 2,7% al alza de las matrículas de los planteles, propuso que el techo se calcule de acuerdo a «las necesidades reales de cada región, según sus índices de pobreza».

 

 

Información publicada en El Mercurio, jueves 29 de octubre de 2015.