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Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones
El lunes 9 de abril la Presidenta de la República, Dra. Michelle Bachelet, anunció el envío al Parlamento de la nueva Ley General de Educación, proyecto que pretende derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) promulgada por Pinochet un día antes de concluir su mandato.
El proyecto –según la mandataria- garantiza el derecho a una educación de calidad y la gratuidad desde kinder hasta cuarto medio. Además, impone un marco regulatorio con nuevas exigencias para el sostenedor, que deberá rendir cuentas por la subvención estatal recibida, no pudiendo destinarla a otros fines que no sea la educación. Esta medida busca evitar el lucro que algunos sostenedores que reciben dineros estatales generan por la administración de sus establecimientos, implementando un sistema similar al que rige actualmente con las universidades privadas.
La Universidad de Playa Ancha, respondiendo a su consolidada tradición y experticia en el ámbito educacional, ha querido realizar su propio aporte desde la discusión, el análisis y la confrontación crítica de lo que sería el nuevo marco regulatorio. En este sentido y por expresa petición de su Rector, Patricio Sanhueza Vivanco, el Consejo Académico acordó formar una comisión de especialistas integrada por el Secretario General, representantes nombrados por los Consejos de Facultad y de las Asociaciones gremiales de la Universidad.
Pues bien, esta Comisión para el Estudio de la Ley General de Mejoramiento de la Educación Superior fue decretada el 31 de mayo y su principal labor será emitir un informe que recoja la voz analítica y crítica de cada uno de sus miembros, enviando –en un plazo no mayor a los 60 días- un informe a la Comisión Asesora Presidencial de Educación Superior.
La comisión de trabajo y análisis será integrada por los académicos Eduardo Muñoz, Elías Marín, René Flores, Rafael Silva y Ana María Reusch; el académico Carlos Villalón, como representante de la Asociación de Académicos; Karen Medina, como representante de la Asociación de Funcionarios; Antonio Maurer, como representante de Rectoría y el Secretario General de la Universidad, Jorge Sánchez.
El Rector de la Universidad quiso constituir la comisión de una manera tal que dote de representatividad el informe final y sus conclusiones, reflejando cabalmente la opinión democrática de la institución en esta materia.
