Ley de acceso a Pedagogías: Legislar es una urgencia nacional

Las rectoras y rectores de las 18 universidades del Estado de Chile alertamos a la sociedad nacional y a las autoridades parlamentarias y de gobierno sobre el grave riesgo que implica, para la educación pública y privada del país, no aprobar el proyecto de ley que mejora los criterios integrales para el acceso a las carreras de pedagogías.

Esta iniciativa legal fue inexplicablemente rechazada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, pese a la evidencia técnica expuesta que justifica la necesidad de legislar; y al apoyo mayoritario de más de 30 universidades públicas y privadas que imparten carreras de pedagogías y que concuerdan en el alto costo país que generará la actual norma de acceso proyectada para 2026, si no es modificada y mejorada ahora.

La realidad es irrebatible. Chile tiene hoy un déficit mayor a 30 mil docentes idóneos —con formación pedagógica y de especialidad— en muchos territorios del país. Ello explica por qué tenemos miles de personas autorizadas para ejercer como profesores en escuelas y liceos sin haber estudiado nunca pedagogía, cubriendo el rol de docentes solo con el conocimiento de su respectiva área profesional.

Padres, madres, apoderados y, por cierto, las comunidades educativas saben muy bien que, en el contexto actual del sistema escolar —con crisis de convivencia, mayor violencia cotidiana, desafíos de integración, profundas necesidades psicoemocionales y cambio tecnológico acelerado—, la labor docente está muy exigida y se necesitan más profesores idóneos con habilidades pedagógicas avanzadas. No menos.

Si la norma actual, que debemos corregir con urgencia, se hubiese aplicado en el proceso de admisión 2025, tal como fue escrita el 2017, el 49% de los actuales jóvenes matriculados en carreras de pedagogía no habría podido ingresar a la universidad, profundizando la crisis nacional de cuerpos docentes hacia delante.

¿Por qué? Porque la norma actual sobredimensiona el valor de los puntajes en la PAES como forma de, supuestamente, elevar la calidad de los profesores egresados. Y la evidencia real demuestra que jóvenes que ingresan con puntajes más bajos o por vías especiales de acceso son capaces de nivelarse con sus pares de mejores puntajes al tercer año de la carrera y egresan con la misma calidad docente que los puntajes más altos. Además, desertan menos del aula.

Es la formación universitaria la que crea buenos profesores. Una buena PAES ayuda, pero no es en absoluto un buen predictor de excelencia y calidad docente.

Las universidades estatales concentramos el 40% de los futuros profesores del país. En zonas extremas, como Arica, Atacama o Magallanes, muchas veces somos la única alternativa de formación. Y en la Región Metropolitana, nuestra participación en pedagogía es incluso mayor que en otras áreas del conocimiento. En consecuencia, sabemos que estamos ante un riesgo grave para el país si no se legisla a tiempo.

El sistema enfrenta un doble desafío: atraer estudiantes con potencial y vocación docente, y garantizar estándares mínimos de ingreso que favorezcan una formación profesional de calidad. Negarse a legislar sobre este punto, modernizando la mirada respecto de los requisitos de admisión, implica perpetuar un sistema que no logra conjugar ambas exigencias, debilitando los esfuerzos por revalorizar la profesión docente.

Por eso es importante comprender que el proyecto de ley en discusión no busca rebajar los estándares de calidad, sino adaptarlos a una realidad más diversa. Las actuales barreras de ingreso fueron pensadas en otro contexto, anterior a la gratuidad y a los profundos cambios sociales y educativos ocurridos en nuestro país. Si no las actualizamos, solo seguiremos acentuando la caída en la matrícula.

Invitamos a todas las fuerzas políticas del país a sumarse a esta iniciativa legal que es solo un paso en el camino de crear una mejor educación nacional. Estamos conscientes de que esta medida por sí misma no resolverá el problema de la educación en nuestro país, pero es imprescindible para evitar que la situación empeore y se vuelva irreversible.

 

Consorcio de Universidades del Estado de Chile
6 de octubre de 2025