Ignacio Rojas Rubio: “En nuestro país no existe una política clara de Gestión de Riesgos”

El siniestro del 2 de febrero, es uno de los incendios forestales que mayor efecto ha generado en zonas urbanas, en la historia de la humanidad en el siglo XXI.

De acuerdo a los últimos reportes, se consumieron 43.000 hectáreas: 4.286 de bosque nativo; 2.568 de praderas y matorrales; 1.904 de plantaciones forestales; 202 de bosque mixto y 36.000 hectáreas urbanizadas, lo que afectó a más de 15.000 viviendas. Tema aparte es la muerte de 133 personas y otros tantos desaparecidos, cifras que, al día de hoy, siguen variando y que han tocado en lo profundo a todo el pueblo chileno.

En este contexto, conocer los alcances que, desde el desarrollo territorial tiene esta tragedia, es un aspecto que abordamos a través de la experiencia y conocimiento del académico e investigador de la Universidad de Playa Ancha, Ignacio Rojas Rubio, quien además coordina la entrega de ayuda y elaboró el Plan de Gestión del voluntariado de nuestra institución.

Con una voz clara y precisa, el geógrafo de la Facultad de Humanidades advierte que, de los incendios forestales más importantes que se registran a nivel mundial (como el de California en Estados Unidos de 2007, cuya extensión fue de 200.000 hectáreas y 17 personas fallecidas, o el de Victoria, Australia de 2009 con 450.000 hectáreas, 1850 viviendas y 189 personas fallecidas), éste es el de mayor efecto generado en zonas urbanas en todo el mundo.

“Es el incendio más grande de la historia del país, es uno de los más grandes en la historia de la humanidad. Las imágenes comparativas, satelitales así lo indican. Se trata de una catástrofe que sobrepasa cualquier gestión, planificación o respuesta de algún Estado a nivel mundial. Las cartografías comparadas dicen que la superficie del incendio incluso alcanza la superficie urbana de ciudades del mundo como Múnich, Ámsterdam, Florencia o Túnez, por mencionar solo algunas”, afirma Rojas, mientras pareciera revisar en su cabeza algunas cifras que permitan graficar lo que tan claramente expresa.

Política inexistente

Agrega que, si bien el registro da cuenta de algunos incendios que afectaron en forma importante a ciertas zonas de Valparaíso y Viña del Mar (que advirtieron sobre alguna relación entre la ciudad y el área forestal), nada permitió aventurar una catástrofe como la que ocurrió el 2 de febrero. Y lo que es peor, asegura que en nuestro país, no existe una política clara de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales Integrativa, que permita abordar emergencias, más allá de lo vinculado con los tsunamis.

“Chile no tiene una política de gestión de riesgos clara, respecto a cómo se debe aplicar un plan de este tipo. Tampoco han existido recursos para que los municipios elaboren sus planes. Tampoco tienen los recursos técnicos para ello. No hay una política de Estado que permita a los municipios asumir este tema, que es complejo. En el caso de los tsunamis, hay una institución grande que se hace cargo y en ella participan distintos organismos. Se han elaborado por años y décadas una cartografía de inundación, por ejemplo, pero en el tema de incendios no hay nada”, asegura el académico.

Su análisis también alcanza a los planes reguladores comunales (muchos de ellos están desactualizados), los cuales deberían responder ante los desastres que han ocurrido en nuestro país (deslizamientos, sismos, aluviones, incendios forestales, erupción de volcanes, etc.). Al respecto asegura que, como no existe una política nacional, es decir, una estructura clara de prevención de desastres en nuestro país, como país, quedamos vulnerables ante cualquier evento.

Si a lo anterior sumamos las altas tasas de irregularidad de las viviendas (terrenos tomados o casas levantadas en sitios no aptos), el riesgo –advierte- se multiplica. Entonces, en el caso de Viña del Mar, que cuenta con el número de campamentos más altos de todo el país, la precariedad es alta y pone en riesgo la habitabilidad y la vida de las personas.

Trabajo multiescalar

¿Qué hacer entonces? Para el geógrafo, lo que corresponde es contar con una política que favorezca el trabajo multiescalar. Es decir, una institucionalidad que favorezca un trabajo coordinado entre los ministerios, secretarías, municipio y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), cuya política de reforestación califica como “fracasada”, puesto que continúa plantando Eucalipto y Pino, especies que son altamente combustibles. En este contexto, la reconstrucción se torna un desafío profundo y de largo aliento, considerando que hay viviendas que están emplazadas en zonas consolidadas, otras en pleno proceso de regularización y muchas que, definitivamente, correspondían a tomas.

“Estamos en un momento en que se despliega la política de vivienda, donde se verá el proceso de ocupación, la construcción de viviendas y de recuperación de estructura urbana, que es la etapa que viene y que implica una inversión importante por parte del Estado. Y aquí aparece otro problema: el tipo de vivienda que tenemos en el país, la cual no es de producción masiva/industrial, por lo tanto, depende mucho del sector privado. Es una política de vivienda neoliberal, que no responde a la velocidad que necesita la población”, dice Ignacio Rojas, quien agrega que la experiencia de auconstrucción de los habitantes de las tomas, hará que rápidamente, los sectores afectados, se vuelvan a reconstruir.

“Nadie va a esperar a un gobierno para levantar una casa. Nadie. En ninguna parte del mundo ocurre eso, menos cuando se trata de sectores marginales, de más bajos recursos. Buscar un techo para vivir, es una condición humana natural de refugio”, sostiene el académico, quien luego plantea una legítima inquietud ¿qué pasará con el suelo incendiado, cuyas raíces pueden seguir quemándose por muchos meses? ¿Qué ocurrirá en invierno con las quebradas, deslizamientos o derrumbes? Sin duda, son interrogantes que van de la mano con este lento y complejo proceso de reconstrucción que se inició. La tarea -asegura el coordinador de la entrega de ayuda de la UPLA- recién comienza.