A cuatro meses de la próxima elección presidencial y considerando la baja participación de las recientes elecciones de gobernadores, aún no se resuelve si habrá o no voto voluntario, a pesar de que el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Sin duda, tras estas últimas elecciones, se retomó la discusión sobre la voluntariedad u obligatoriedad del voto en los procesos eleccionarios, lo que obliga a reflexionar sobre los mecanismos de participación.
Así lo plantea el geógrafo y académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Doctor@ Ignacio Rojas Rubio, quien asegura que en un modelo político y económico basado en las diferencias de clase, el análisis de la participación desde un punto de vista geográfico permite examinar los procesos considerando lo ideológico. Por ejemplo, en la Región Metropolitana los sectores y comunas populares presentan una menor participación en el último proceso electoral del 13 de junio y, contrario a ello, en las comunas de altos ingresos se pudo observar una alta participación de votantes.
“Al parecer el discurso del miedo y del fantasma comunista sigue siendo un aspecto que marca la alta participación de la población de altos ingresos y la desconfianza en el sistema democrático, producto de la exclusión histórica de los sectores populares de la política a diferentes escalas, muestra la baja participación en sectores de menores ingresos. Creo que este escenario no solo se revierte con mayor educación cívica, sino con transformaciones profundas en los métodos de participación de la población en las decisiones políticas, desde lo que se refiere a su barrio hasta lo nacional”, afirma el académico.
DESMOTIVACIÓN
El académico advierte que a nivel comunal, regional y nacional hay una clara desmotivación para la participación de la población, ya que la abstención puede significar reforzar a sectores que fomentan la intolerancia, la discriminación y la marginalidad de ciertos grupos de la población.
Ignacio Rojas, subraya, además, que el voto, como un acto individual de participación política en un sistema neoliberal como el de Chile, también responde a situaciones particulares, coyunturales o utilitaristas. Es decir, las personas deciden en función del cálculo de la utilidad esperada. Comenta que lo anterior se observa en la primera vuelta de las elecciones de Gobernador/a en la Región de Valparaíso, donde existió una participación promedio del 45% en toda la región y en comunas con conflictos ambientales, como Petorca, llegó incluso al 60%.

Rojas plantea, además, la necesidad de modernizar el sistema electoral, que prácticamente no considera el aspecto geográfico respecto a los locales de votación y su localización para fomentar la participación de la población. En este punto –dice-, solo se ha presentado la propuesta sobre la gratuidad del transporte público (que tendría un costo importante para el Estado) pero no en la reorganización estratégica de la relación votante-lugar. En el informe que realizaba el 17 de junio el ministro de Salud Enrique Paris comentaba que se estaban realizando una estrategia de vacunación en sectores rurales de difícil acceso y zonas aisladas.
“Comprendiendo la coyuntura por la pandemia y lo necesario de esta medida, esta nos demuestra que el Estado tiene la capacidad de integrar a toda la población en situaciones de crisis, entonces: ¿Por qué en un sistema democrático en crisis, no existen propuestas que consideren una modernización y reorganización para que la población vote y participe de los procesos? Esto implicaría invertir el paradigma actual en el que es la población la que debe desplazarse hacia los locales para ejercer el voto, por un sistema que permita acercar los locales de votación a los barrios, sectores rurales o zonas aisladas. Claramente este último aspecto debe complementarse con una discusión profunda sobre la participación más allá de los procesos de elección de representantes y que permita dotar de mayor poder a la población de sectores que históricamente no lo han tenido”, dice Rojas.
Agrega que el potencial de cambio expresado por la población con las manifestaciones y organizaciones de base desde el 18 de octubre del 2019, es limitado en una democracia donde se presentan profundas desigualdades de clase. Por ello, afirma que el voto obligatorio debe ser considerado como una opción necesaria, pues permitiría la representatividad de todas las demandas en los cargos de elección popular vigente, lo cual puede representar un escenario político de cambio.
Plantea que el voto debe considerarse como un elemento más del ejercicio de la participación política como relación entre Estado y Sociedad. Mientras no se presenten garantías de representatividad política de toda la población y las organizaciones de base a escala local (barrial en el espacio urbano), sin diferencias y discriminación por género, etnia y/o clase, el voto, sea voluntario u obligatorio, seguirá siendo un instrumento de validación de la democracia neoliberal.