Sociólogo UPLA advierte que Chile inició un proceso de transición que podría extenderse por varios años más  

La violencia que afecta a Chile es un indicador de la grave crisis institucional que vivimos como país. Es una crisis estructural del modelo económico y político chileno que requiere una profunda transformación.

Así inicia la reflexión el sociólogo de la Universidad de Playa Ancha, Dr. Francisco Báez Urbina, respecto a la violencia que sigue presente a un año del Estallido Social y en contexto de pandemia. Y es que –en su opinión- el quiebre que se vivió durante 40 años, no se resuelve con “parches de carácter administrativo”.

”Esta es una manifestación de un problema institucional profundo, un quiebre institucional profundo en la sociedad chilena y que en mi opinión, tiene que ver con el grave problema de la concentración económica, por un lado, y con la crisis de representación del sistema político, por otro. La ciudadanía ve todos los días una violencia estructural que no es capaz de ser resuelta por el sistema político actual, y esa violencia estructural tiene que ver fundamentalmente con el agravio permanente que percibe la ciudadanía, con la acumulación de riqueza y poder de parte del diez por ciento de la población más rica”, dice el sociólogo.

El sociólogo, especialista en acción colectiva y movimientos sociales, afirma que lo anterior explica la violencia que han venido ejerciendo principalmente los sectores más vulnerables, la cual –en su opinión- no es sólo una crítica al gobierno, sino que es al Estado en su conjunto, por la desprotección en la que dejó a los ciudadanos. Señala que es una crisis del contrato social que está detrás de todo esquema institucional formal.

HERIDA PROFUNDA

Por lo anterior, Báez Urbina advierte que esta profunda herida no se cerrará únicamente con el Plebiscito del próximo domingo, sino que dicho acto servirá para iniciar un proceso de transición hacia un modelo de sociedad más protector y no tan centrado en las libertades individuales. Como ejemplo, menciona la instalación de la cultura del crédito, que visualiza como una suerte de complemento estructural al salario, cuestión que tiene que ver con la integración social mercantil y, en definitiva, con un modelo económico centrado en la promesa de movilidad social individual. Promesa, por cierto incumplida.

Si a lo anterior sumamos el desprestigio de la clase política (colusión con grandes empresas, financiamiento irregular de campañas, corrupción, etc…), la cual es incapaz de cumplir su rol de representar a los ciudadanos ante las crisis, las motivaciones para las manifestaciones violentas, sobran, asegura el sociólogo.

“Cuando no hay canales de procesamiento de demandas, o de resolución política o pacífica de conflictos, emerge la violencia. Esta es una cuestión de manual…Cuando la gente permanentemente ve todos los días una violencia estructural de carácter económico y político, donde ve… que hay agravios de la policía, de los empresarios, del mundo religioso, la cañería se revienta con violencia callejera y violencia política…​Éste va a a ser tal vez un proceso difícil, doloroso y largo. Estamos abriendo un espacio a una transición que puede durar fácilmente varios años”, dice el académico.

Agrega que después de votar por una nueva Constitución, será necesario modificar una serie de instituciones que, de una u otra manera, se encuentran ancladas a la Carta que hoy nos rige, tales como las isapres, AFP, la educación privada, entre otras. Por lo tanto, como país iniciaremos un proceso de largo plazo y con una relativa inestabilidad.

Finalmente, afirma que pareciera que la sociedad chilena está dispuesta a construir un país distinto sobre la base de la opción electoral, pero que al parecer no dejará de manifestarse en las calles, pues es una alternativa que ha vuelto a ver como un legítimo espacio de expresión.