Fondos públicos para Ues estatales crecen el doble que los dineros otorgados al G9

 

Los fondos públicos dispuestos para las universidades tradicionales -16 estatales y nueve del llamado G9- han sido objeto de un constante debate, al punto que aún dividen a sus rectores. Y según un análisis del G9, con datos de las leyes de presupuestos, los fondos asignados entre 2014 y 2016 han crecido, pero en forma dispareja.

Si se consideran los aportes basales, el aporte fiscal directo y el fiscal indirecto, los mayores incrementos se dieron para las estatales. Si en 2014 recibían $144 mil millones, el año pasado tuvieron $32 mil millones más, con un alza de 22%.

En cambio, el aumento del G9 fue de $13 mil millones (12%), a $123 mil millones. Así, los fondos para las estatales crecieron el doble respecto de los del G9.

«Es una situación lamentable. Lo que debiéramos esperar es que el Gobierno estuviera preocupado de fortalecer la enseñanza universitaria pública, que está compuesta por las instituciones del Consejo de Rectores», afirma el presidente del G9, Darcy Fuenzalida.

El también rector de la U. Santa María agrega que se «ha privilegiado el desarrollo de la educación superior a través de las universidades estatales, y lo lamentable de eso es que, de alguna forma, genera un alto riesgo en poder conservar el patrimonio de los planteles públicos».

El rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, añade que «mucho se habla de maltrato y descuido de las estatales. Sin embargo, se observa que al menos desde hace seis años ambos gobiernos han tenido una dedicación preferente a realizar un significativo apoyo a ellas».

Y aunque dice que esto «es una muy buena noticia», advierte que «el Gobierno debiera evaluar las necesidades de otras instituciones de función pública, que sin ser del Estado cumplen un rol clave, en particular en las regiones».

La directora ejecutiva del Consorcio de Universidades Estatales, Marcela Jiménez, replica que los recursos «siempre se ven en global, y nosotros los dividimos por 16, y por nueve en el caso de G9, y ahí hay una diferencia a favor de las no estatales».

Según Jiménez, si se hace esa operación, en términos gruesos habría $2 mil millones más por universidad del G9 ($11 mil millones versus $13 mil millones).

Recuerda que han planteado que se debe mejorar la asignación de recursos, pues «entre las estatales hay una que está en Magallanes, en Arica, en Iquique, que son zonas con otros costos de vida y que requieren otro tipo de financiamiento».

Ley controversial

Aunque el proyecto que fortalece a los planteles estatales se comenzaría a tramitar en julio, ya despierta críticas.

El rector de la UC de Valparaíso, Claudio Elórtegui, afirma estar preocupado, pues a su juicio la iniciativa viene a «consolidar la división y, hacia adelante, una pérdida de relevancia del Consejo de Rectores, porque se fija una dualidad al establecer una red de universidades del Estado que tiene una interlocución privilegiada con el aparato público».

Según el rector, el proyecto se daría en «un país donde solo hay universidades estatales y privadas. Es como un retorno a la lógica refundacional de comienzos de este gobierno».

El rector Diego Durán, de la UC del Maule, tiene una opinión similar. «Más allá de lo que se buscaba, que era tratar de armonizar y buscar una manera de relacionarse con el Estado que le permitiera cierto grado de flexibilidad, con esto se termina el CRUCh, que pasa a ser una figura decorativa». El rector Sánchez dice que al Consejo «hay que fortalecerlo con universidades de función pública, no reducirlo solo a las estatales».

Las críticas también llegaron desde el senado universitario de la U. de Chile. «En vez de centrarse en los desafíos estratégicos», que tiene la sociedad, el proyecto se enfocaría -según ese estamento- en convertir a las universidades estatales en «proyectos de empresas competitivas bajo las mismas regulaciones que transformaron, con lógicas de mercado, la educación superior en el pasado reciente, generando la crisis que es necesario superar».

 

Fuente: El Mercurio, 15 de junio de 2017.