Señor Director:
El 6 de junio, la presidenta Michelle Bachelet presentó en el Senado el proyecto de ley sobre universidades del Estado. Como Confech, junto a otros actores, generamos una serie de acuerdos que no están considerados. El proyecto ingresado muestra una voluntad de coordinación entre las universidades estatales y flexibiliza trabas severas en el funcionamiento administrativo. Pero atenta contra elementos centrales para entender lo público.
La autonomía que reconoce nominalmente en el artículo 2 es aplastada cuando en el artículo 10 nos impone una mayoría de tres representantes del gobierno de turno en el Consejo Superior. Además, se crea un órgano multiestamental -el Consejo Universitario-, cuyas funciones son explícitamente consultivas.
La estabilidad laboral de los funcionarios se ve fuertemente golpeada sin poner límites a los llamados «a contrata», contratos anuales y no permanentes de los funcionarios, además de sacar gran parte del estatuto administrativo.
¿Por qué se escoge este modelo «ejecutivo y competitivo», siendo que las transformaciones de los estatutos impuestos en dictadura e impulsadas por las comunidades universitarias -no solo de la Universidad de Chile- habían ido en la dirección de mayor participación y autonomía de las universidades?
Por último, el supuesto «Plan de Fortalecimiento» no alcanza para revertir el precario 15% de matrícula que representa la educación pública en el sistema.
Si dividimos el monto en 10 años y en las 18 instituciones no alcanza ni a ser el 2% de los presupuestos de los planteles.
Creemos que las universidades del Estado deben ser la columna vertebral de un sistema de educación superior público, pero sin que se atente contra la autonomía, la democracia y las condiciones laborales.
Daniel Andrade S.
Presidente FECh
Sofía Barahona M.
Presidenta FEUC
Carta publicada en El Mercurio, martes 13 de junio de 2017.
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