Gobierno logra acuerdo con oposición y oficialismo en presupuesto de educación

Una intensa jornada de negociaciones desplegó ayer el Gobierno para aprobar la glosa de gratuidad, becas y fortalecimiento de la educación pública, contemplada en el Presupuesto de 2017.

Así, cerca de la una de la madrugada, la comisión mixta aprobó las indicaciones elaboradas por el Gobierno -y negociadas con parlamentarios de todos los sectores- para destrabar el presupuesto de educación. Estos cambios serán revisados hoy por la Cámara y el Senado.

«Hemos avanzado en un buen acuerdo, los ministros Eyzaguirre (Segpres) y Delpiano (Educación) han estado trabajando los últimos días arduamente para conseguir una votación muy contundente, transversal, que incluye pasos en gratuidad que son de la máxima relevancia», expresó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, junto con manifestarse optimista en cuanto a la ratificación de lo acordado.

Entre las modificaciones acogidas a solicitud de Chile Vamos -y que por el momento hacen que la oposición no recurra al Tribunal Constitucional (TC)- se encuentra la ampliación en 3.500 cupos de la beca Bicentenario (que hoy solo recibe el Consejo de Rectores) a las universidades privadas.

Eso sí, estos planteles deberán tener cuatro años de acreditación y el 80% de sus alumnos de primer año deberán tener más de 450 puntos en la PSU. Según la información que manejaban ayer los parlamentarios, con esta última cláusula, los alumnos de la Universidad Andrés Bello no podrían acceder a este beneficio.

Ante la preocupación de que se entreguen recursos a establecimientos que lucren, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, planteó que la «exigencia de grados de calidad, de más de cierto nivel (…) es también una garantía de que (las becas) lleguen a las mejores universidades».

Además, la negociación establece que los nuevos cupos irán aumentando con los años, y se espera que en 2019 haya un sistema unificado de becas, sin distinción entre Consejo de Rectores (CRUCh) y universidades privadas. También hubo acuerdos para modificar las becas de los planteles técnicos, y estos beneficios llegarían hasta los $900 mil (ver recuadro).

En cuanto a la gratuidad, otro acuerdo logrado es que elimina la exigencia de que el plantel esté suscrito al sistema único de admisión. También se suprimió la cláusula que fija que la matrícula de las universidades en gratuidad solo puede crecer 2,7%. Ésta podrá aumentar previa autorización del Mineduc y de Hacienda.

Las estatales

Previo a que se iniciara la votación, los rectores de las universidades estatales llegaron hasta el Congreso a exigir -en medio de la negociación- que se considere un plan para fortalecer a su sector.

Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago, dijo que lo que más le molesta de la situación en que se encuentra el presupuesto es que el oficialismo, «teniendo mayoría, no logra los votos necesarios» para evitar que se cumpla la amenaza de Chile Vamos de recurrir al TC.

Mientras que el rector de la Universidad de Chile y presidente de los planteles estatales, Ennio Vivaldi, envió una carta en la misma línea a todos los parlamentarios, la cual también le entregó a los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Educación, Adriana Delpiano, donde señala que «es necesario desarrollar una política específica del Estado para con sus propias universidades» , y que «nada de esto implica causar perjuicio alguno al resto de las instituciones de Educación Superior, porque de hecho el sistema requiere de esa diversidad».

Estos puntos formaron parte de las demandas de parlamentarios de la Nueva Mayoría para aprobar la iniciativa, y terminaron recogiéndose por el Ejecutivo en las indicaciones, referentes a la glosa de fortalecimiento de la educación superior pública.

De este modo, se entregarán $3.500 millones a los planteles estatales, y otros $500 millones a las universidades del G9 (públicas no estatales que están en el CRUCh), pero que están en regiones. Esto, con cargo a un crédito que el Ejecutivo pedirá al Banco Mundial que, de acuerdo a una minuta entregada por el Gobierno, se financiarán «a través de un ajuste al presupuesto de todas las partidas del Gobierno Central».

Aunque hubo concordancia en parte importante de los miembros de la comisión mixta, el senador Carlos Montes (PS) discrepó en parte de lo acordado. «Aquí la opción global es fortalecer las universidades estatales porque están muy atrasadas, son apenas el 14,8% de la matrícula, y esperábamos incrementarlo en este presupuesto. Y en vez de incrementarse lo de las estatales, se incrementa nuevamente lo de las privadas: $8.500 millones para las privadas, y $3.500 para las estatales», afirmó el parlamentario. Y añadió que «no hay una opción política clara en el Ejecutivo», junto con sentirse «maltratado» por el Gobierno.

Minuta del Gobierno

Horas antes de que se iniciara la votación de las indicaciones, el Gobierno se reunió en Santiago con los parlamentarios oficialistas de las comisiones de Hacienda y Educación. Ahí, se les entregó un documento con los ejes del acuerdo y base de las indicaciones.

«Existe la posibilidad cierta que los parlamentarios de Chile Vamos recurran al Tribunal Constitucional por la glosa», se lee entre las primeras líneas del documento.

Se añade que ante un «resultado adverso nos enfrentaríamos a un difícil trance con la ciudadanía, ya que la única forma de sostener el resultado en los términos descritos sería recortando beneficios. En suma, este escenario nos deja expuestos a una gran derrota política, jurídica, comunicacional y de credibilidad frente a la opinión pública».

Más temprano, en la reunión con el comité político de La Moneda, los presidentes de partidos oficialistas insistieron en sus demandas, pidiendo cautelar que nuevas becas no fuesen a universidades con controladores que lucran.

Las cuatro claves de la negociación con que el Ejecutivo busca evitar el Tribunal Constitucional

Las razones de la negociación: Ayer, el ministro de Hacienda se reunió con senadores oficialistas, para explicarles los escenarios que enfrenta el Gobierno ante un eventual requerimiento al TC.
Ahí se les contó que ese camino cuestionaría los criterios para asignar la gratuidad y las becas, lo que excluiría de la gratuidad a las universidades estatales con menos de cuatro años de acreditación, y haciendo que este beneficio se entregue a planteles con organizaciones que lucran. Además, la beca Bicentenario se ampliaría a todas las universidades, provocando una presión «que no es posible abordar».
«Este escenario nos deja expuestos a una gran derrota política, jurídica, comunicacional y de credibilidad frente a la opinión pública», se explica en una minuta.

Becas Bicentenario y Nuevo Milenio: Este es el punto central del acuerdo. El Gobierno entregará 3.500 becas Bicentenario -que son para planteles del CRUCh- a planteles privados. Para ello, se exigirá que esas instituciones tengan al menos cuatro años de acreditación y que cuenten con el 80% de sus alumnos con un puntaje ponderado (PSU, notas y ranking ) superior a 450 puntos.
En tanto, se redefinirán los montos que entregarán los tres tipos de beca Nuevo Milenio, que son para estudiantes del sector técnico-profesional. La primera es para planteles con dos años de acreditación (valor de $600 mil), la segunda para planteles con tres años de acreditación ($860 mil) y la tercera para cuatro años o más ($900 mil).

Fortalecimiento a universidades estatales: Este es el segundo punto del acuerdo. A petición de la Nueva Mayoría, el Gobierno adquirirá un crédito en el Banco Mundial, a pagar en cinco años, para un plan de fortalecimiento de las universidades estatales.
Así, con esos recursos, los planteles deberán elevar sus niveles de acreditación, ampliar su matrícula de primer año, implementar mecanismos de acceso inclusivos y mejorar su infraestructura.
Este crédito, junto con los cambios en el sistema de becas, sería financiado «a través de un ajuste al presupuesto de todas las partidas del Gobierno Central», según explica una minuta entregada a los senadores oficialistas.

El escenario para la gratuidad: Con el acuerdo que ayer planteaba La Moneda, la gratuidad para las universidades y los planteles técnicos se mantiene tal como fue aprobada en la ley.
Es decir, se les exigirá tener al menos cuatro años de acreditación y que sus grupos controladores no tengan lucro, y en el caso de los recintos técnicos, se les pide iniciar su proceso de transformación a institución sin fines de lucro antes del 15 de diciembre.
Además, se pedirá que las universidades cuenten con un mecanismo de selección de sus nuevos estudiantes. Y en el caso de las tres universidades estatales que tienen solo tres años de acreditación -Arturo Prat, Los Lagos y UMCE-, deben alcanzar esa exigencia en su próxima certificación.

 

Fuente: El Mercurio, 29 de noviembre de 2016.