«Para algunas instituciones, la educación se resume en una planilla Excel»

“Uno esperaba una propuesta de un cambio importante y se encuentra con un proyecto de ley que tiene un largo mensaje introductorio, muy valiente al identificar los principales problemas del sistema, pero que en contenido no dice nada y prácticamente deja el sistema tal cual está hoy en día, ratificando aspectos muy ne­gativos. Hoy se presenta un cambio notable y una intención real de que las cosas cambien, lo que es bueno; el Gobierno debe actuar con el apoyo y la consulta de to­dos los sectores, sobre todo los estudiantes”.

Con estas palabras el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, analiza el estado actual de la discusión sobre el proyecto de ley de reforma a la educación supe­rior. Ha transcurrido un par de ho­ras desde el término de la sesión del Consejo de Rectores (Cruch) en San Pedro de la Paz y el médi­co cirujano, oriundo de Concepción, se dispone, con su particular estilo, a analizar el panorama actual junto a El Sur y deslizar varias críticas a los distintos protagonistas de la discusión.

“La discrepancia que pudiera percibirse entre las universidades estatales y privadas del Consejo de Rectores (G9) no quedó de manifiesto en la sesión y en verdad yo tampoco entiendo muy bien su postura. Sus planteamientos no son del todo claros para el res­to del Consejo”, afirma.

-Pareciera ser que el documen­to entregado por el Ministerio es­te jueves en respuesta al Cruch, sólo obedece a esos intereses.

-Nosotros fuimos a firmar una declaración de defensa al Cruch que no era fácil. No nos pueden pedir que digamos que ser una casa de estudios estatal es irrelevante, porque eso nadie te lo cree en el mundo. Nosotros, como uni­versidades estatales, nunca hemos pedido ninguna ventaja an­te las privadas, sólo pedimos una mirada integral del mundo universitario, y se plantea un equili­brio inexistente considerando que los perjudicados somos no­sotros. Uno se pregunta por qué universidades como la de Concepción, Austral o Federico Santa María, que uno las ha imaginado siempre más cerca de un concepto estatal, se han identificado con el G9. La respuesta debe ser porque habría que ser tonto para tener dudas, considerando el trato que se les ha dado a las universidades privadas, como la U. Católica en los últimos cuarenta años y con un maltrato constan­te a las estatales. Imagínate la cantidad de recursos que se invierten y cómo intervenimos en eso es mucho más relevante que la diferencia entre Ues Estatales y el G9.

-El rector de la Universidad del Bío-Bío, Héctor Gaete, sostuvo en estas páginas que la principal pugna tiene que ver con el dine­ro. ¿Comparte esa visión?

-Sí. Lo que uno cada vez tiene más derecho de preguntarse es sa­ber en qué punto el cuestionamiento a los aportes a las universidades estatales podría perpe­tuarse al sistema y eliminar a es­tas instituciones. ¿Por qué tanto énfasis en que no existan diferenciaciones, considerando que nosotros no planteamos una pelea? A esa frase le agregaría que la gente que insiste en la plata conscientemente está deseando que no se financie el rol que cumplen los planteles estatales.

-La Universidad de Concep­ción se alineó con las posiciones del G9 en esta instancia.

-Hay gente que piensa que la UdeC es estatal, ya que siempre ha funcionado como una institu­ción pública y para mí, como rector de universidad estatal, sería el más grande triunfo que se quisie­ra parecer a una universidad esta­tal, en el entendido que se nos sumaría una nueva casa de estudios, lo que es mejor para mí. Lamenta­blemente, hoy parece que vemos esto como una torta y peleamos por repartir la mejor parte. Lo que si hay que reconocer es que hay instituciones con aspectos de las instituciones estatales y nadie quiere perjudicar al Cruch, sólo queremos que haya una regula­ción propia para las estatales.

Responsabilidad y futuro

-¿Cree usted que el Gobierno actuó por convicción o por la pre­sión de los actores?

-El rechazo unánime surge porque algunos no quieren cambiar nada y otros queremos modificar el sistema. El Gobierno no supo conversar ni asumió que debía es­cuchar a la gente que más sabe del tema. Han inventado conceptos peligrosos como la “captura” de las universidades, lo que los lleva a la negativa de conversar. Es una sospecha que se genera y si la tienes, te quedas con una casta burocrática que se cristalizará en sí misma y será la única que genere propuestas, buscando dejar contento a todo el mundo y con una sensación de sospecha, ya que fi­nalmente no incorporas a quie­nes de verdad buscan una univer­sidad mejor.

-¿Qué grado de responsabili­dad ha tenido el Gobierno respec­to a este escenario?

-El Estado se desentendió, o bien tercerizó el tema universita­rio. Yo entrego  la plata, me lavo las manos y si quiere estudiar, le facilito préstamos para que pueda ha­cerlo. Si se mete a una carrera ma­la y queda endeudado, mala suer­te. Eso debe ser cambiado, ya que debe asumir su responsabilidad en la educación.

-¿Qué espera de la discusión parlamentaria para el 2017?

-Debemos ver globalmente el problema, incluso al nivel de macro cifras, los objetivos que las universidades persiguen, considerando el cambio que representa para los alumnos. Se debe respetar y mantener el mundo universitario, de formación y aprendizaje. Para algunas privadas nuevas, la educa­ción se resume en una planilla Ex­cel donde se calculan gastos y cos­tos. Debemos recuperar una idea de universidad como algo clave en la discusión y volver a comprometerse. Hoy se habla desde el odio, la denostación y rabia, no desde las ideas. Cuando se plantea que no haya cambios se olvida la situación dramática del 2011 y que en cualquier momento se puede re­petir si no hacemos algo.

-¿Qué debe cambiar el Gobier­no en la forma de tratar la reforma?

-Debe convocar al diálogo, in­tentar incorporar a las universidades, rectores y estudiantes a un ámbito de discusión y centrarse en los problemas importantes. Llama la atención que ningún go­bierno se plantee a qué institucio­nes se reparten los fondos. En otro ámbito se hablaría de malversa­ción de fondos. No hay un estado de sospecha.

 

Fuente: El Sur, martes 1 de noviembre de 2016.