Este proyecto busca dejar a todos contentos

Este proyecto busca dejar a todos contentos, así de categóricos fueron los participantes del III Seminario Proyecto de Ley sobre la Educación Superior: Análisis y Observaciones que se realizó en el auditorio del edificio de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha.

Durante la jornada rectores de universidades estatales y dirigentes de académicos, funcionarios y estudiantes realizaron observaciones al proyecto de ley, se refirieron al financiamiento y democratización al interior de las casas de estudios superiores y analizaron las proyecciones regionales del proceso y la situación legislativa.

Esta instancia de diálogo es el resultado del trabajo conjunto entre la rectoría de la Universidad de Playa Ancha, las asociaciones de funcionarios AFUPLA y AFUP del Nuevo Milenio, de académicos AFA y los estudiantes.

Observaciones al proyecto

En el primer panel participaron el rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi; el presidente de la Federación de Académicos de Universidades Estatales de Chile (FAUECH), Carlos Gómez; y la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Rojas.

Zolezzi fue crítico al plantear que este proyecto no tiene relación con lo que los rectores plantearon en la Comisión de Educación. “Este proyecto busca dejar a todos contentos, es un engendro que no tiene estructura clara”.

Manifestó su preocupación por la disminución del Aporte Fiscal Directo a las universidades del Estado y el paso de fondos de libre disposición a convenios de desempeños, basales, que son controlados por el ejecutivo. A lo que se suma el millonario aporte en dólares que entregará el Estado al sector privado solo por concepto de gratuidad y las limitaciones que presenta el proyecto en materia de gobernanza.

“Es un proyecto que nos afecta terriblemente y es más complejo para las universidades regionales porque tampoco están mencionadas y menos respaldadas con un apoyo distinto. El tema del fortalecimiento de la educación pública no se ve por ninguna parte, no hay mención a establecer una red de universidades del Estado. Mi preocupación radica es que será una ley que va a durar 30 años, por lo que hay que discutir algunos temas con toda la fuerza que nos caracteriza.

“Lo que ha faltado en este proceso de elaboración de este proyecto de ley ha sido respetar los principios y la convicción de fortalecer la educación pública. Se ha querido dar respuesta a todos los sectores y se han faltado principios y convicción para presentar un proyecto al país y eso es lamentable”, recalcó el rector de la Usach.

En esa línea, Carlos Gómez expresó que esta ley no satisface a nadie y traiciona lo avanzado en la Comisión de Educación durante un año con distintos actores. Por tanto -dijo- la FAUECH rechaza este proyecto de ley que mantiene el lucro y la mercantilización de la educación. “Nosotros abogamos por el Derecho a la Educación que dé la posibilidad de acceder a la educación superior financiada por el Estado, aspecto que no es abordado por el proyecto”.

Entre los aspectos que no están considerados en el proyecto de ley, detalló que no se reconoce de manera clara y precisa que el Estado garantiza el derecho humano y social a la educación. No reconoce a la universidad como institución constituida por profesores, estudiantes y funcionarios que contribuyen a su mantención y desarrollo; y no reconoce un trato específico y delicado a las universidades regionales.

“La propuesta aumenta el centralismo y el control a través de una nueva institucionalidad, como es la Superintendencia que se suma a la Contraloría General de la República que son necesarias en ciertos aspectos, pero resulta represor en algunas especificidades del proyecto”, comentó.

Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, ratificó los dichos de Zollezi y Gómez al plantear que nada de lo que presentaron como Confech quedó plasmado en el proyecto, “claramente nadie está contento, ya que profundiza un modelo de mercado. La Educación Pública se entiende como un derecho, pero en este proyecto el Estado no asegura ni garantiza el acceso a la educación, es un bien transable”.

La dirigente estudiantil describió varios puntos que considera preocupantes como es la creación de la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, que vendrán –según sus palabras- a generar más burocracia en las universidades estatales y que no contribuirán al fortalecimiento de ellas, ya que se continuará con los voucher y los fondos concursables.

Ejemplo de ello, es el Aporte Fiscal Directo que “irá disminuyendo y transformándose en una competencia por los fondos que pasarían a ser concursables, por lo que el Estado sigue subsidiando. Lo más preocupante es que el Grupo Laureate y Santo Tomás reciben un financiamiento cercano al 80 por ciento en concepto de crédito con Aval del Estado y el Estado no se hace cargo de sus propias universidades”.

También adelantó, en base al último encuentro entre la Confech y el Ministerio de Educación, que probablemente se ingresen modificaciones al proyecto en las áreas de Crédito con Aval de Estado, Democratización y Aporte Fiscal Directo.

Financiamiento y Democratización

El segundo panel expuso el presidente de FENTUECH, Sergio Esparza; el representante de la Mesa Triestamental de la UPLA, el estudiante Marcos Cárcamo, y el rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del CRUCH, Aldo Valle.

Sergio Esparza manifestó su preocupación por la inexistencia de los funcionarios administrativos en la ley como integrantes de la comunidad universitaria. “Rechazamos la propuesta, para nosotros la participación es una de las mayores aspiraciones que tenemos dentro de las instituciones. Creemos que debe ser a través de la democratización, lo que defina nuestra participación efectiva en los temas universitarios”.

El dirigente agregó que esperaban que en las Normas Comunes del proyecto se estableciera y definiera su rol en las universidades, cosa que no fue así. “No tenemos espacio los trabajadores ni incidencia en las decisiones al interior de las comunidades, por lo que se debe aunar criterios”, dijo.

Recordó que el 2015 el CRUCH, dentro de la propuesta para la reforma de la educación superior, definió a la comunidad universitaria como una unidad que “está integrada también por funcionarios y trabajadores no académicos, cuyas funciones y aportes son una condición imprescindible para el cumplimiento de la misión y propósitos de las universidades; por tanto, estas instituciones están llamadas a promover e incorporar su activa participación en las decisiones que adoptan los órganos colegiados”.

Frente a esta declaración de principios emplazó a los rectores respecto al rol que le asignan actualmente a los estudiantes y funcionarios al interior de las comunidades universitarias.

Marcos Cárcamo fue parte del equipo de trabajo que participó en la propuesta triestamental de modificación de estatutos de la Universidad de Playa Ancha que fue aprobada por el 71,5% de los votos. En ese sentido, calificó como un retroceso la propuesta establecida en las Normas Comunes, ya que muchas universidades –dijo- han avanzado a través de procesos reflexivos con los tres estamentos en la construcción de sus propios estatutos buscando precisamente la participación de ellos en la toma de decisiones.

Recalcó que limita los procesos de gobernanza al mantener, entre otros aspectos, la elección de rector según la Ley 19305. Es decir, que solo las tres mayores jerarquías de académicos continuarán decidiendo quién será el rector.

“Estas Normas Comunes establecen una participación simbólica, somos actores importantes en la construcción de la universidad. Ningún estamento debería tomar decisiones por sí solo. Es necesario que hayan nuevas Normas Comunes que promuevan la democratización en las universidades estatales y por otro lado no es posible que las privadas no estén incorporadas y no se les regule en esta materia. El Estado ha cambiado su rol de garante a subsidiario, ellos han hecho oídos sordos frente a las demandas de los distintos actores, por lo que necesario que nos articulemos”, enfatizó.

Aldo Valle describió el proyecto como regresivo y de lógica economicista. “El Estado no asume un rol democratizador, sino un pagador de servicios educacionales. Con ello facilita que se consoliden proyectos privados en desmedro de universidades estatales”, argumentó.

El vicepresidente del CRUCH fue más allá y añadió que “es una forma de desmantelar lo poco que queda de educación pública. La reforma no tiene sentido de lo público. Se hace una distinción solo de universidades estatales y privadas y no se pueden tratar a las instituciones igual”.

Sobre la democratización en las universidades estatales no se avanza nada. “Al Estado le da lo mismo que sus recursos sean utilizados como empresas. Estamos hablando que eso corresponde al 85% de la población universitaria que recibe una magnitud de recursos y al Estado no le interesa cómo se toman las decisiones al interior de esas casas de estudio”.

Recalcó que la experiencia de las universidades es muy distinta y se requiere de procesos internos que deben llevar adelante las mismas universidades. Los académicos y estudiantes –acotó- no pueden perder la condición de ciudadanos, “son las propias comunidades educativas las que deben definir los niveles de participación de los distintos estamentos”, concluyó.

Por la tarde continuó la reflexión sobre las proyecciones regionales del proceso y la situación legislativa a través de las intervenciones del rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza Vivanco; y de la presidenta de la FENAFUECH, María Cristina Castro.