Los miembros del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCh) están decididos a promover modificaciones al proyecto de reforma a la educación superior y uno de sus planteamientos es fortalecer a las universidades regionales, para lo cual ya se han reunido con la bancada regionalista de la Cámara de Diputados y están trabajando con dichos parlamentarios, pero no solo eso es lo que pretenden modificar, sino también lo que dice relación con el financiamiento y otra serie de materias.
Para ello, tres rectores (UPLA, UV y UCH) forman parte de una mesa en la que también participan la ministra de Educación, Adriana Delpiano, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y los jefes de bancada de la Nueva Mayoría, los senadores Guido Girardi (PPD), Andrés Zaldívar (DC) y Carlos Montes (PS), quienes ya tuvieron su primera reunión el jueves 4 de este mes.
El rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Patricio Sanhueza, es uno de los participantes de dicha mesa, en su calidad de presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), y detalló que entre los temas que han puesto como prioritarios para modificar en el proyecto, está «por ejemplo, los aportes fiscales directos, que en la propuesta de Gobierno, en el proyecto, desaparecerían en un lapso de cinco años, lo que nos preocupa muchísimo, porque son los aportes que estas universidades han tenido históricamente y que son permanentes».
Lo que se plantea en el proyecto, recordó Sanhueza, «es transformar ese aporte en un fondo de investigación y creación, pero con determinación presupuestaria anual, lo que lo hace muy inestable».
Ues regionales
Como presidente de la AUR, remarca que «nos parece que hay que fortalecer a las universidades que están en las regiones y eso no aparece. Nosotros planteamos cómo lo podríamos hacer para provocar un desarrollo de estas instituciones y también de las propias regiones, y eso está vinculado al aporte que las universidades hacen al desarrollo regional, en lo cultural, económico, social, político, científico, tecnológico, en fin».
Dentro de las universidades regionales hay ocho de las nueve tradicionales no estatales agrupadas en la Red G9 y, sobre este grupo, Sanhueza aseveró que «hay temas referidos a la clasificación de universidades en que también nos parece que hay detalles que no corresponden, porque no hay un reconocimiento a las instituciones que tradicionalmente han hecho un gran aporte, como son las universidades privadas del Consejo de Rectores, que tienen una vocación distinta a otro conjunto de universidades».
Una de las propuestas que el CRUCh planea entregar dice relación con universidades que se crearon en dictadura a partir de otras ya existentes. En la Quinta Región está el caso de la propia UPLA y de la Universidad de Valparaíso, que históricamente eran sedes porteñas de la Universidad de Chile.
En este sentido, Sanhueza detalló que apuntan a que «el conjunto de universidades que de alguna manera han sido históricamente más precarizadas, que son universidades que derivan de otras universidades a partir de 1981, alcancen un promedio de recursos o de aportes del Estado, porque la universidad no solamente hace docencia, sino que hace muchas otras cosas, pero el proyecto se centra demasiado en la gratuidad y eso significa más bien el aporte a los alumnos, más que el aporte a la universidad para su desarrollo, su fortalecimiento y su mayor localización en los temas del desarrollo de las regiones».
Fondo basal
A partir de esta problemática, agregó, «nosotros planteamos la creación de un fondo basal regional, justamente para fortalecer a estas instituciones. Hay que recordar que las únicas instituciones que tienen casa central en regiones son las universidades del Consejo de Rectores, con la excepción de un plantel privado, que es la Universidad Viña del Mar. El resto, todas se fueron a Santiago, porque en el modelo, Santiago es el más concentrador de recursos; entonces, les conviene más instalar sus casas centrales allá que en regiones».
Otro punto que genera preocupación en la AUR dice relación con que «no haya fuga de talentos desde regiones a Santiago, a propósito de la gratuidad, y para eso también tenemos una propuesta, que es cuotas de gratuidad por regiones en relación a la vulnerabilidad y también a la población que tiene esa región».
Al CRUCh también le inquieta lo que tiene que ver con «la integración de los cuerpos directivos, cómo participa el mundo externo en los cuerpos directivos de las universidades, cuánta representación del Gobierno, de la Presidencia de la República, cuánta representación de la comunidad regional, cuánta representación de las comunidades internas dentro de los directorios de las universidades, llámense consejos superiores, jumas directivas u otros, también eso es un motivo de preocupación», sostuvo Sanhueza.
Asimismo, al CRUCh le preocupa que «el Sistema Único de Admisión sea trasladado al Ministerio de Educación. Nosotros hemos planteado que no debiera ser así, ya que este es un sistema de admisión para las universidades y debe estar en las universidades, pero creemos que el Gobierno puede tener perfectamente una representación en un consejo que esté al lado de ese sistema de admisión, un comité asesor o directivo en donde estén representados incluso la enseñanza media, los mismos universitarios, el Gobierno, en fin, pero no debe ser un instrumento dependiente del gobierno de turno, porque le resta autonomía a las universidades también», remarcó el rector de la UPLA.
«Reformas sustantivas»
El rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del CRUCh, Aldo Valle, es otro de los rectores que participan en la instancia conjunta con ministros y senadores, y fue más allá, al estimar que el proyecto de reforma a la educación superior «requiere de modificaciones sustantivas; en consecuencia, no se trata de alguna que otra indicación. Obviamente que esas reformas sustantivas se tendrán que hacer sobre la base de indicaciones, lo que a su vez significa que se debe discutir este proyecto con la mayor apertura por parte del Gobierno y de todos a encontrar las mejores razones, los mejores argumentos para que esta reforma efectivamente conduzca a un sistema de educación superior distinto».
En tal sentido, planteó que «distinto quiere decir, por ejemplo, que se base en un sistema de financiamiento no para endeudar a los estudiantes ni a sus familias, porque este sistema de educación superior ha producido en los últimos cinco años más endeudados que titulados. Probablemente ese es un muy triste y lamentable récord que el país debiera registrar. En consecuencia, si el proyecto va a continuar simplemente con el mismo sistema de financiamiento público, entonces no se trata sólo de meras indicaciones o de modificaciones menores».
No obstante, sostuvo que «este proyecto contiene algunos avances en materia de fortalecimiento de la institucionalidad pública, de establecimiento de un marco regulatorio, la existencia de una subsecretaría de educación superior, de una superintendencia de educación superior, son indispensables, pero luego, cuando pasamos a la economía política del sistema de educación superior, ahí desde luego que el proyecto se revela como una simple consolidación del statu quo».
Oportunidad
A su vez, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Claudio Elórtegui, afirmó estar «plenamente de acuerdo en que el fortalecimiento de las universidades regionales es una de las grandes ausencias en el proyecto de reforma. Efectivamente, me parece que a través de este proyecto se debiera aprovechar la oportunidad de avanzar fortaleciendo estas universidades de regiones, que cumplen una relevante función en términos de contribuir a una efectiva descentralización y regionalización del país».
Asimismo, Elórtegui puso de relieve que «este es uno de los pocos aspectos que he visto que genera consenso entre los distintos actores universitarios y también del mundo político, así que creo que allí hay una oportunidad para avanzar en la búsqueda de acuerdos que tanto se requieren en esta área».
En lo referente a la propuesta de un fondo basal regional, señalada por Sanhueza, el rector de la PUCV cree que «esa podría ser una de las modalidades. Ahora, a mí me parece que hay que asumir la difícil situación de las finanzas públicas. Entonces, creo que eso se puede plantear como una iniciativa que pueda comenzar a operar cuando la situación económica lo permita, y se puede quizás vincular a algún nivel de crecimiento económico, para viabilizar esta idea, porque si no, se corre el riesgo que se descarte porque no hay recursos».
Esta propuesta para los planteles regionales se cruza también con las demandas que el propio Elórtegui ha hecho en su calidad de presidente de la Red G9, pues ocho de esas universidades tradicionales privadas tienen su casa central fuera de la Región Metropolitana.
En ese sentido, la autoridad de la PUCV sostuvo que «también por eso esta iniciativa de fortalecer a las universidades regionales genera acuerdo, porque beneficiaría tanto a las universidades estatales, como no estatales del Consejo de Rectores, y ambos tipos de universidades cumplen una función muy importante en sus respectivas regiones».
Separar temas en leyes distintas
Uno de los aspectos que planteó el senador Carlos Montes es que «hay algunas materias que sacar de esta ley y hacer una ley aparte. Por ejemplo, creo que toda la relación de las estatales con el sistema administrativo, la Contraloría, hay que hacerlo más ágil, y eso supone también sacarlo de esta ley». Consultado al respecto, Aldo Valle considera que «esa es una posibilidad, que efectivamente algunos capítulos del proyecto de reforma tal como está hoy día estructurado, se separen, a efectos de tener discusiones que son cualitativamente distintas y que en la medida en que se mantienen en conjunto, dificultan obviamente los tiempos en que se pueda avanzar en la aprobación de la reforma a la educación superior».
Reportaje publicado en El Mercurio de Valparaíso, domingo 28 de agosto de 2016.
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