A un mes de haber ingresado a la Comisión de Educación, el Ejecutivo puso suma urgencia al Proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior, ingrata sorpresa que, en términos legislativos, significa que la iniciativa será discutida tres veces por semana en la Cámara. Con esto, no solo se deja de lado otras materias, sino que, además, resta tiempo de reflexión y conversación a un proyecto que no fue conocido en detalle antes de su ingreso al Parlamento, y al que precisamente se le aplica suma urgencia para que se produzca la discusión que la ciudadanía tanto reclama.
No deja de sorprender el apuro del gobierno, al pretender que un proyecto de esta envergadura y que compromete el futuro de miles de estudiantes y sus familias, sea discutido con celeridad. Con esta medida no solo se entrega una señal de presión a los parlamentarios para deliberar con rapidez, sino que ratifica las presiones del gobierno por marginar del debate a actores y organizaciones, para que el proyecto sea aprobado lo más cercano a como fue presentado.
Es innegable que esta medida atenta contra la posibilidad de discutir el proyecto con la calma y profundidad que se requiere, para que el trabajo legislativo se traduzca en avances concretos que logren articular una normativa oportuna y acorde a las expectativas de la ciudadanía. Todo esto, porque solo permitirá un debate en general, pero no la introducción de nuevas indicaciones concordadas entre los actores, a una reforma que es absolutamente perfectible.
Queda claro que el ministro Eyzaguirre -ideólogo del proyecto-, desde su privilegiada posición y conquista de sus intereses, ha presionado de manera discreta pero efectiva para impedir que se introduzcan modificaciones sustanciales a la reforma.
Estamos frente a preocupantes señales de irresponsabilidad y que solo responden al oportunismo político de llevar adelante un proyecto que, tal como se plantea desde el Ejecutivo, está condenando a nuestro sistema educativo al más profundo fracaso.
Ya poco queda del ufano anuncio de su Excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, al inicio de su mandato, quien se comprometió frente a todos los chilenos a librar una batalla por la educación pública, pero que finalmente solo se redujo a la articulación de escenario político propicio para conservación de las cuotas de poder. A estas alturas poco se habla de educación y esa fuerza de cambio que tanto prometía su programa de gobierno.
A pesar de lo anterior, no debemos olvidar que estamos siendo testigos de un momento crucial para Chile, que podría cambiar el devenir de nuestra historia. Por lo mismo, es necesario no claudicar y seguir trabajando con entereza por la educación pública, pues de ella depende en gran medida el futuro del país.
Pese a lo desalentador del panorama, es imprescindible que se reconsidere la suma urgencia, teniendo muy presente que esta reforma nació desde un amplio movimiento social sin precedentes, y que instaló a la educación en el centro de la opinión pública. Por lo mismo, la discusión no puede estar ajena a los intereses de la ciudadanía, ya que es -innegablemente- quien debe liderar un debate abierto y profundo, que logre introducir los cambios que nuestro sistema de educación realmente requiere.
Juan Manuel Zolezzi
Rector Universidad de Santiago
Columna publicada en La Tercera, miércoles 17 de agosto de 2016.
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