Frente a una reforma a la educación superior

A la comunidad universitaria:

Estamos frente a una reforma a la educación superior que no satisface nuestras expectativas en variados aspectos. Si bien es posible reconocer algunos avances en los ámbitos de la institucionalidad y aseguramiento de la calidad, quienes suscribimos este documento hemos hecho un análisis acerca de los temas que deberían ser modificados a través de indicaciones.

Entre los aspectos más críticos que deberían ser modificados, está el modelo de educación superior que se pretende perpetuar. No nos parece que el mercado de la educación superior se mantenga bajo ningún aspecto, para lo cual es necesario desterrar el Crédito con Aval del Estado (CAE) que termina bancarizando el sistema de financiamiento de las universidades, hipotecando el futuro de los estudiantes.

Si bien el proyecto declara un apoyo al fortalecimiento de las universidades estatales, en la práctica dicha promesa no se materializa en ninguna parte de esta iniciativa. La desaparición progresiva del aporte fiscal directo (AFD) es una medida inadecuada porque son los únicos recursos permanentes de nuestras universidades, aunque para la Universidad de Playa Ancha son muy bajos comparados con el resto del sistema.

La transformación de estos aportes en recursos que dependan de las leyes anuales de presupuesto los hace inestables y dependientes de la voluntad política de los gobiernos de turno. La propuesta de ley establece clasificaciones de universidades que se basan en su respectiva adscripción a la gratuidad. Objetamos que las universidades que no adscriban a la gratuidad reciban becas, CAE y tampoco tengan límites para fijar los cupos anuales de admisión y los montos de sus aranceles, al contrario de lo que ocurrirá con nuestras universidades que tendrán cupos y aranceles regulados. Esto es, un conjunto de universidades que seguirá actuando en el mercado libremente, con apoyo estatal y otras que lo hacen con restricciones y regulaciones.

No avalamos que las universidades del Estado tengan que financiarse principalmente a través del número de alumnos que se matricule porque, aunque lo pague el Estado, es en definitiva un subsidio a la demanda y no a la oferta como hemos proclamado y definido. Lo anterior no atiende las responsabilidades públicas de financiar universidades complejas que desarrollan investigación, postgrado y vinculación con el medio y que mantienen carreras con gran impacto social y con menor matrícula como son algunas pedagogías, entre otros.

Tampoco estamos de acuerdo con los límites a la autonomía universitaria que se manifiesta en varios acápites del proyecto de ley, entre los cuales están las limitaciones para la apertura de nuevas carreras, la intromisión excesiva del Estado en la gobernanza de las universidades estatales, la duplicidad de controles entre la Contraloría General de la República y la nueva Superintendencia de Educación Superior. Rechazamos la omisión que el proyecto de ley hace de las universidades regionales, en especial porque desconoce su labor y las dificultades que implica desenvolverse en condiciones adversas, en lugares aislados, zonas extremas o carentes de población suficiente.

Estas son algunas de nuestras reflexiones iniciales. Para completar este proceso, invitamos a nuestra comunidad a participar en la discusión que haremos en el “III Seminario sobre la Reforma a la Educación Superior”, que ha organizado nuestra comunidad universitaria para este mes de agosto, con el propósito de adoptar una posición común entre todos los integrantes de la comunidad para elaborar y llevar una propuesta completa sobre esta importante reforma a las instancias legislativas correspondientes. En este espíritu llamamos a los estamentos y en especial a los estudiantes a sumarse a las distintas instancias de discusión de esta importante reforma.

Finalmente y de manera también especial, no podemos de dejar de manifestar nuestra preocupación por el tiempo de paralización estudiantil. La Universidad reitera su compromiso con la calidad y es por ello que debe realizar las dieciocho semanas lectivas en cada semestre. Por lo anterior, hacemos un llamado a normalizar el primer semestre a la brevedad, considerando que debemos velar por la excelencia académica, la mantención de los beneficios estudiantiles en los tiempos fijados por el Mineduc, la calidad de vida de nuestros estudiantes, académicos y funcionarios, a quienes les asiste el derecho a tener sus vacaciones de verano en los tiempos programados.

Patricio Sanhueza Vivanco
Rector

Juan Saavedra Ávila
Decano Facultad de Humanidades

Luis Alberto Díaz Arancibia
Decano Facultad de Cs. de la Educación

Felip Gascón i Martín
Decano Facultad de Cs. Sociales

Alberto Madrid Letelier
Decano Facultad de Arte

José Rubio Valenzuela
Decano Facultad de Cs. Naturales y Exactas

Mirta Crovetto Mattassi
Decana Facultad de Cs. de la Salud

Verónica Meza Ramírez
Decana Facultad de Ingeniería

César Oliva Aravena
Decano Facultad de Cs. de la Act. Física y del Deporte