Rector de la Universidad de Los Lagos exigió derogación de Crédito con Aval del Estado

Las comunidades universitarias de las universidades del Estado de Chile conocieron la semana pasada el proyecto de Ley que reformará la Educación Superior. Este proyecto había sido esperado con mucho interés y esperanzas. Luego de conocido su contenido, estas expectativas dieron paso a la desilusión.

La dictadura comprometió gravemente la evolución del sistema de educación en su conjunto, en especial a la Educación Superior. Chile es al día de hoy la versión más extrema de un sistema de educación regulado por el mercado, el que se caracteriza por el crecimiento desmedido de instituciones privadas y la precarización de la educación estatal. En términos generales, se mantuvo el diseño institucional de apertura al mercado, escasas regulaciones y un deterioro de las universidades del Estado.

Hace una década, la movilización de los “pingüinos” marcó un punto de inflexión en el interés de la sociedad por provocar cambios en el sistema de educación superior. La ciudadanía se ha cohesionado en torno a la necesidad de hacer transformaciones profundas al actual sistema de educación, en materias tales como: fortalecimiento de la educación estatal, fin al lucro, gratuidad universal y mecanismos de regulación a la creciente oferta privada de dudosa calidad.

El actual Gobierno en sus promesas de campaña se comprometió a presentar un Proyecto de Ley de Educación que permitiera configurar un verdadero sistema de Educación Superior, regulación de las instituciones en materia de calidad y lucro, gratuidad y fortalecimiento de las universidades estatales

Como miembros de la comunidad de la Universidad de Los Lagos, universidad Estatal, Autónoma y Regional, valoramos el envío del Proyecto de Ley, como la oportunidad histórica de transformar el actual modelo. Sin embargo, nos parece que tal proyecto carece de convicciones y propuestas que apunten a los cambios estructurales del sistema comprometidos. Este Proyecto de Ley adolece de:

1. La definición de un verdadero Sistema de Educación Superior, donde se reconozca a las universidades estatales como la columna vertebral del sistema. No pueden las universidades estatales disponer sólo del 15% de la matrícula de la educación superior. De ahí la necesidad de generar un programa con plazos definidos para aumentar la cobertura y un plan específico para potenciar la provisión de bienes públicos como es la formación de capital humano, la investigación y vinculación con el medio.
2. Un marco regulatorio que ordene el sistema con acreditación obligatoria y medidas que eviten efectivamente el lucro. Las medidas propuestas aún nos parecen débiles. Suscribimos,  adicionalmente, la necesidad de que los aranceles regulados se apliquen a todo el sistema universitario que reciba financiamiento vía créditos y becas, independientemente de si las instituciones adscriben o no a la gratuidad.
3. Avanzar de manera  creciente y sostenida con la gratuidad, a través de una Ley que haga imposible plantearse un retroceso y con definiciones precisas que transparenten el momento en que se concretará la gratuidad universal.
4. Derogar el CAE en beneficio de la gratuidad universal, por ser un instrumento regresivo para el financiamiento y acceso a la educación superior.
5. Mayor financiamiento a las universidades estatales y regionales que tienen un escaso aporte fiscal directo que les permita contribuir de manera decisiva al  desarrollo de capital humano e investigación.
6. Profundizar en los procesos de democratización y participación de los estamentos de la universidad en el Gobierno Universitario.

Estas propuestas son el mandato que dieron origen a la Reforma y que no están plasmadas en el Proyecto de Ley que hoy está en el parlamento. Son propuestas que configuran las bases de una transformación efectiva del sistema de Educación Superior hacia una mayor calidad, equidad y transparencia. Los firmantes estamos disponibles para discutirlas abiertamente en espacios de diálogo ciudadanos, en nuestras aulas y en el Congreso. En ellos levantaremos nuestra voz para generar condiciones objetivas de simetría, en un país donde se habla de sistema mixto en educación, pero en donde las políticas públicas sólo han contribuido a debilitar el sistema estatal. Necesitamos una profunda y verdadera transformación de la educación pública que delimite con claridad entre intereses privados respecto de aquellos del Estado chileno.

Suscriben la presente declaración: 

Rectoría y cuerpo directivo

Consejo Superior

Consejo Universitario

Asociación de Académicos

Federación de Estudiantes, campus Puerto Montt.

Publicado en ULagos.cl, el miércoles 13 de julio de 2016.