Tres diferencias históricas de las Ues estatales

Es importante aclarar la historia de las universidades estatales chilenas y por qué, en el contexto de la Reforma a la Educación Superior, no pueden ser tratadas por el financiamiento público como si se tratara de oferentes priva­dos, porque no lo son.

Su creación, la misión pública que les corres­ponde, como la estructu­ra y régimen jurídico al que se someten, difieren sustancialmente de las otras, que no tie­nen carácter estatal.

Es necesario explicar que la institución universitaria ha formado parte de Chile desde sus inicios: primero, en 1842 se crea la Universidad de Chile, y más tarde, en 1947, la Universidad Técnica del Estado. Además, surgieron universidades de sec­tores como la iglesia o comunidades regio­nales, lo que dio lugar al desarrollo de una matriz público-privada o mixta.

El Consejo de Rectores nace por ley en 1954, y establece que el 0,5% de los impues­tos fiscales y de los derechos de aduana y exportación serían destinados a la investi­gación universitaria con la siguiente distri­bución: 10/18 para la U. de Chile; 2/18 para la U. de Concepción; 2/18 para la U. Católi­ca; 1/18 para la U. Católica de Valparaíso; 1/ 18 para la UTFSM; 1/18 para la U. Técnica del Estado y 1/18 para la U. Austral.

Hacia fines de 1950, mientras las estata­les eran financiadas casi en un 100% con recursos fiscales, las particulares recibían recursos del Estado que fluctuaban entre un 60% y 80% de su presupuesto. Más tarde, con la reforma de fines de los 60 se generaron cambios que fueron erradica­dos en dictadura. Esta situación corres­pondió al «Estado Subsidiario», donde la educación transitó desde un concepto de bien público a un bien de consumo.

Las universidades estatales se transfor­maron desde lo público, a sobrevivir y competir incluso entre ellas, comportán­dose también como entes privados. No debían existir diferencias con las universi­dades privadas, aun cuando la naturaleza jurídica de las estatales restringiera su ac­cionar en el nuevo «mercado de la educa­ción». Esta evidencia constituye una pri­mera diferencia histórica.

A través de la promulgación de la Ley de Universidades de 1981, se autorizó la crea­ción de universidades privadas, de institu­tos profesionales (IP) y centros de forma­ción técnica (CFT). Esta reforma también afectó a las dos grandes universidades esta­tales, de cuyas sedes regionales nacieron 14 universidades y dos institutos profesiona­les. Ello explica, en parte, los menores apor­tes que reciben algunas estatales regionales respecto de sus pares no estatales, que al no ser universidades nacionales en el origen, sino regionales, no vieron subdivididos sus aportes históricos. Una segunda diferencia que lleva casi 35 años de historia.

El financiamiento fue reformulado y los aportes que recibían estatales y no estata­les estarían conformados a partir de 1981 por tres instrumentos: Aporte Fiscal Di­recto (AFD), Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y los aranceles universitarios. Adicional­mente, se instauran fondos concursables para investigación.

El AFD estaría destinado a financiar la in­vestigación científica y tecnológica, así como la extensión universitaria. Este aporte históricamente ha beneficiado a la mayoría de las universidades no estatales del Cruch. Inclu­so si estos recursos se dividen por la cantidad de alumnos de cada institución, se observa que 11 universidades estatales (de 16) y solo 4 no estatales (de 9) se encuentran bajo el pro­medio de la relación AFD/alumno.

El AFI es en teoría un incentivo para que las instituciones de ES aumenten su cali­dad a través de sus estudiantes. Este apor­te se distribuiría en principio entre las 25 instituciones del Cruch, según la preferen­cia de los 20 mil mejores postulantes que ingresaran a ellas, pero a partir de 1987 el AFI se distribuye entre todas las institu­ciones que matriculan a alumnos con los 27.500 mejores puntajes de la PAA (hoy PSU) en el primer año de estudios.

El financiamiento por la vía de aranceles (becas, créditos o pago directo) ha crecido en los últimos años, significando en la ma­yoría de los casos más del 70% de los pre­supuestos universitarios.

Cabe mencionar, además, que las univer­sidades estatales tienen que cumplir con un número más exigente de leyes, a las cuales no están afectas las universidades no estata­les; esta tercera y última evidencia histórica da cuenta de las diferencias que han debido enfrentar las universidades estatales, que hoy solo buscan fortalecerse como el pilar público en educación superior para cumplir un rol y misiones específicas para el desarro­llo de las regiones y el país.

Un sistema estatal debilitado amenaza el sistema de provisión mixta que ha carac­terizado a Chile históricamente, y es eso justamente lo que hoy se intenta detener.

 

LUIS LOYOLA
Vicepresidente Consorcio de Universidades Estatales de Chile y rector U. de Antofagasta

 

Columna de opinión publicada en El Mercurio, jueves 30 de junio de 2016.