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Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones
Las diferencias que hay al interior de la Nueva Mayoría, con respecto a algunas definiciones centrales del proyecto de reforma a la educación superior, fueron minimizadas luego de que el gobierno se abriera -durante una reunión con parlamentarios del oficialismo- a la posibilidad de incrementar la matrícula de las universidades estatales, para pasar del 15% de cobertura actual al 50% del total nacional, en un plazo de al menos 10 años.
En el llamado “cónclave” sobre la reforma estuvo el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, y su par de Educación, Adriana Delpiano, quienes entregaron lineamientos generales a parlamentarios de la Nueva Mayoría. Según los asistentes, no se mostró el articulado ni el detalle del proyecto, que tendrá 300 artículos.
La propuesta de fortalecer a los planteles estatales proviene del Partido por la Democracia (PPD), del Partido Socialista (PS) y del Partido Comunista (PC) y apunta a “corregir los errores que se cometieron con la Ley de Inclusión, en que terminamos hablando de comprar fierros y no de fortalecer la educación pública”, explicó el senador Carlos Montes.
La ministra Delpiano indicó que es posible analizar esta iniciativa, pero que depende de la disponibilidad de recursos. “Se puede abordar, aunque significa recursos y también definir qué pasa cuando instituciones como la Universidad del Mar fracasan y, en ese sentido, ver cómo las estatales se pueden hacer cargo de esa matrícula. Esa también es una manera de crecimiento de la matrícula, no es la forma deseable, pero es un elemento. Es un tema que salió con fuerza”.
Delpiano dijo, además, que “un mandato claro que nos ha quedado a todos nosotros, es el peso y la articulación de las universidades estatales en términos de la responsabilidad del Estado con ellas y de ellas con el Estado”.
La diputada del PC Camila Vallejo explicó que “casi todos coincidimos en poder alcanzar en un plazo de al menos 10 años que la matrícula estatal llegue a un 50% y tengamos así realmente un sistema mixto y eso implica aportes basales para investigación, docencia, infraestructura y cobertura”.
Este punto fue clave, según algunos parlamentarios, para bajar los niveles de tensión entre los asistentes, ya que la apertura del gobierno a fortalecer los planteles estatales permitió dejar satisfechos a los sectores cercanos a la izquierda.
Para una parte del oficialismo, el eje ordenador de la reforma debe ser el fortalecimiento de las universidades estatales y no la gratuidad universal o el cambio de la composición jurídica de las instituciones. Esto, dijo uno de los parlamentarios, apunta a no cometer los mismos errores de la Ley de Inclusión, donde se priorizó el fin al lucro en vez de robustecer la educación pública.
Discrepancias
Si bien en general se calificó la reunión como positiva y fructífera, quedaron en evidencia algunas diferencias. Por un lado, el senador del PPD, Guido Girardi, quien fue el primero en salir de la cita, advirtió que “antes de mandar el proyecto hay que construir acuerdos, que hoy día no existen”.
Girardi indicó que la iniciativa debe apuntar al subsidio a la oferta, es decir a fortalecer a las instituciones y en especial los planteles estatales. “Mi opinión es que con los pocos recursos que tenemos hay que dar prioridad a las universidades estatales para aumentar la matrícula hasta alcanzar el 50%. Y para las instituciones no estatales de función pública tenemos que establecer un sistema de cuotas para que puedan llegar, por ejemplo, al 20% de la matrícula”, planteó el senador.
Mientras, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Ignacio Walker (DC), sostuvo que “se está proponiendo un sistema mixto de financiamiento a la oferta y la demanda, con gratuidad, becas y créditos”. Y aseguró que “veo en el gobierno un mayor realismo y gradualismo con respecto al financiamiento”.
Para Girardi, la postura de Walker representa “una mirada neoliberal que busca entregar subsidio a la demanda y así otorgar recursos a los estudiantes para que se matriculen donde quieran, lo que rechazamos porque condenaría a los alumnos que tienen menos de 700 puntos en la PSU a asistir a universidades de mala calidad”. Agregó que “no se ha zanjado nada, esta es la primera reunión que yo tengo como jefe de bancada con el gobierno sobre este proyecto”.
La diputada Vallejo aclaró que “en el tránsito hacia la gratuidad universal va a subsistir el financiamiento a la oferta y a la demanda, pero en régimen la gratuidad apunta a un financiamiento a la oferta y la ampliación del financiamiento a las instituciones, sobre todo a aquellas que son del Estado”.
Respecto de la gratuidad, un documento entregado por el Mineduc a los medios de comunicación establece que con el proyecto de reforma “se avanza en un camino sostenido de expansión de la gratuidad, desde la cobertura actual del 5° decil, hasta el 7° decil en plazos conocidos”.
El documento indica que “este avance es gradual y responsable financieramente, pues se basa en los recursos fiscales provientes de la reforma tributaria y se expandirá más allá en la medida de que la carga tributaria del país lo permita”.
¿Lucro?
Algunos parlamentarios advirtieron que en la presentación del Mineduc no se especificó la sanción penal al retiro de utilidades. “Falta la parte de cómo se tipifica el lucro como delito, pero es algo que se va a trabajar para que la superintendencia pueda fiscalizar”, señaló Vallejo.
Además, la minuta entregada a la prensa abrió dudas entre los rectores con respecto al fin al lucro, ya que este documento dice que “no se entregarán ayudas fiscales para la gratuidad a instituciones con fines de lucro”.
A juicio del vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch), Aldo Valle, “es grave que la minuta discurra sobre el supuesto de que habrá universidades con fines de lucro, al establecer que este tipo de instituciones no recibirán recursos públicos. Es decir, que aquellas estarían autorizadas si se financian con recursos privados. Esto representa un retroceso y una inconsistencia política inaceptable”.
En esa misma línea opinó el rector de la U. Católica del Maule, Diego Durán: “Hoy se entregan, mediante la gratuidad, recursos a instituciones que lucran y es el caso de la Universidad Autónoma, que hoy no puede comprobar que no lucra”.
Información publicada en La Tercera, viernes 3 de junio de 2016.
