“Me parece que es temerario acusar de colusión al CRUCh”

La aprobación en el Congreso de la glosa correspondiente a la gratuidad en la educación superior, que desde 2016 beneficiará a 200 mil jóvenes de los sectores más vulnerables que se matriculen en los planteles del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro, no ha significado el fin del acalorado debate que antecedió al trámite.

Para destrabar la discusión, el viernes 13 el Gobierno y el CRUCh suscribieron un acuerdo que asegura que la reasignación del 50% de los recursos del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que el Estado entrega a todos los planteles de educación superior reconocidos por el Mineduc que matriculen a los alumnos portadores de los 27.500 mejores puntajes, no afectará negativamente los ingresos que les correspondería recibir en 2016 a las instituciones del Consejo, con lo que el recorte se aplicará solo a las universidades privadas. Los perjudicados alzaron la voz en todos los tonos.

“Nosotros hicimos un esfuerzo por conciliar definiciones conceptuales de origen político relativas a la permanencia de este instrumento de financiamiento en la educación superior y los equilibrios presupuestarios de las universidades», dice el vicepresidente ejecutivo del CRUCh y rector de la Universidad de Valparaíso (UV), Aldo Valle, uno de los firmantes del acuerdo.

INCLUSIÓN Y NO EXCLUSIÓN

“Como CRUCh siempre hemos dicho que el AFI es un instrumento de carácter regresivo porque los mejores alumnos no son necesariamente los que obtienen resultados más altos en las pruebas de selección universitaria. Es un indicador, pero también hay otros que no están considerados. Nos parecía necesario avanzar en que este instrumento se transforme en un financiamiento que contribuya a la inclusión y no a la exclusión en el acceso a la educación superior”, agrega Aldo Valle.

Desde ese punto de vista, expone, “nos pareció que hacer esta rebaja al 50% de distribución era una medida que debía ir acompañada de una compensación en el caso de las universidades que de un mes para otro iban a tener un deterioro grave. El destino que finalmente se dé a esos recursos corresponde también a los criterios de justicia de política pública. Entendemos que es más conveniente que esos recursos vayan a la oferta pública que a una oferta privada desregulada”.

¿DISCRIMINACIÓN?

Igualmente, el vicepresidente del CRUCh responde las críticas que acusan discriminación en la gratuidad en la educación superior, señalando que desde el momento en que las transferencias por este concepto se hacen a las instituciones y no a los estudiantes, “es relevante el carácter jurídico y patrimonial que tengan las universidades”.

“No es lo mismo -dice- transferir a una universidad privada que a una perteneciente al Consejo de Rectores, cuya estructura jurídica y patrimonial garantiza el cumplimiento de fines públicos y la no apropiación de recursos fiscales para fines privados. Aunque no se puede generalizar, en el caso de las universidades privadas ya hemos sabido lo suficiente como para exigir que antes de gratuidad se requiere de un marco regulatorio que evite de manera eficaz el lucro privado”.

DESTINO DEL AFI

– El rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, sostuvo que si la eliminación del AFI fuera para todos se podría hablar de una política de Estado, pero eliminarlo en un grupo y beneficiar a otro es abiertamente discriminatorio.
– Creo que no es tan sencillo hablar de discriminación porque en la medida que las universidades privadas no tengan un régimen que asegure transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, y que garantice asimismo transparencia en la distribución de las rentas que obtienen, no se está haciendo una discriminación, puesto que existe una diferencia cualitativa entre las instituciones del CRUCh y aquellas instituciones de carácter privado que carecen de un régimen jurídico que permita garantizar fines públicos con recursos públicos.

– Usted ha dicho que el Aporte Fiscal Indirecto es un instrumento regresivo que tiende a reproducir inequidades. ¿Es partidario de eliminarlo definitivamente?
– Como CRUCh nosotros creemos que se debe avanzar gradualmente en un cambio sustantivo y que esos recursos, y ojalá otros más, puedan destinarse a favorecer procesos de inclusión y equidad en educación superior. Desgraciadamente lo que hace el AFI es reproducir las asimetrías económicas, sociales y culturales que produce nuestro sistema educacional.

“CARTEL DEL CRUCH»

– El mismo rector Benítez acusa al CRUCh de actuar como “cartel que tiene la colusión perfecta del mercado universitario» y lo menciona a usted como jefe del “cartel». ¿Qué le parece?
– Me parece, desde luego, un lenguaje nada universitario y más propio de otros ambientes verbales. La imputación personal tampoco contribuye a un debate serio y responsable, pues normalmente supone la carencia de conceptos. Mientras haya universidades privadas que no den cuenta de modo transparente del destino de las rentas que obtienen en educación y no
esté clara la diferencia entre inmobiliaria y corporación universitaria, me parece al menos temerario acusar de colusión al CRUCh.

– Según el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, el CRUCh es “un cartel que existe para mantener los privilegios de un grupo de universidades que no se destacan por su calidad, ni por su eficiencia”.
– Yo creo que no es bueno descalificar a ninguna universidad en particular, pero es obvio que varias de las universidades representadas por quienes han hecho estas aseveraciones están
precisamente en el grupo de aquellas que no pueden garantizar -de modo transparente y rindiendo cuentas ante el país- que recursos públicos como éstos se destinen a favorecer procesos de inclusión y fines de política pública.

CALIDAD Y “DESPOJO”

– Benítez dice que la falta de calidad atribuida a las universidades privadas es “una construcción política» del CRUCh, avalada por el Gobierno, y alude a posiciones de acreditación y ranking de recepción de mejores alumnos.
– Sobre calidad hay criterios y parámetros distintos, pero creo que a la hora de comparar hay que considerar que en las universidades del CRUCh se genera el 90% de la investigación que se hace en el país, que el 90% de las publicaciones indexadas que se produce en Chile proviene de ellas; que al hallarse distribuidas a lo largo de todo el país realizan un aporte al desarrollo regional que no hacen las universidades que representan los rectores antes mencionados, porque se han concentrado en los lugares donde hay una mayor demanda por servicios educacionales, conforme a un criterio de mercado; todas las universidades del CRUCh están acreditadas y, aunque en distinta medida, tienen una complejidad mayor que aquéllas. Hay universidades del CRUCh que están mejor ubicadas que la Universidad del Desarrollo o la Universidad Adolfo Ibáñez en los ranking de investigación y productividad científica. ¿En qué se puede uno afirmar para decir que tales o cuales universidades son de mejor calidad? Probablemente haya algunos criterios que, seleccionados de manera interesada, puedan brindar una sensación de calidad, pero aquellas universidades donde no hay esfuerzos por desarrollar investigación es obvio que no pueden calificarse como tales.

– Valdés calificó como un despojo el recorte del AFI porque para ellos ha sido peor que quedar fuera de la gratuidad.
– Creo que siempre es bueno que las políticas públicas se vayan modificando sobre la base de un debate previo, de un conocimiento público, no así que cambios importantes, sustantivos, se produzcan sin que haya esa discusión, ese procesamiento previo. Y en este caso nadie podría desconocer que se hizo más bien de manera intempestiva y eso explica la reacción de quienes van a tener efectos negativos en sus presupuestos. Pero también es bueno saber que no son cambios que vayan a generar impactos estructurales en los presupuestos de estas universidades. En conjunto las universidades privadas van a perder un porcentaje muy menor de lo que recibían por concepto de AFI.

DISCUSIÓN Y RECURSOS

– Las instituciones que accederán a gratuidad captaron $1.402 millones en mensualidades de sus alumnos, pero el Mineduc solo entregará $780 millones.¿Lesal- canzará con el complemento derivado de becas y rebaja del AFI?
– El compromiso de los ministerios de Educación y Hacienda es que la implementación de la gratuidad a partir de 2016 en ningún caso va a generar un detrimento en los ingresos presupuestados por las universidades. Nosotros esperamos que ese compromiso se cumpla de manera cabal porque es una condición para que esta política de gratuidad, que nosomos valoramos y que consideramos positiva, alcance la legitimidad social y política que necesita.

– Durante la discusión de la gratuidad hubo muchas críticas por los sucesivos cambios que se producían de un día para otro, sobre todo en montos y cobertura. ¿Hubo improvisación?
– Más que improvisación, creo que hubo una planificación equivocada porque inmediatamente de instalado el Gobierno de la Presidenta Bachelet no se establecieron las prioridades en el sentido de que para introducir cambios en el sistema de financiamiento de la educación superior era necesario haber iniciado desde marzo de 2014 la elaboración de un proyecto de ley que estableciera condiciones objetivas que evitaran la maledicencia -que era también de esperar- a propósito de un cambio como este, que es resistido y que no simpatiza a todo el mundo. Me parece que esa fue una mala decisión que trajo como consecuencia todos estos problemas porque, claro está, tampoco es tan sencillo diseñar un cambio de esta envergadura y hacerlo en una glosa presupuestaria.

– Un cambio de esta magnitud requería un proceso de mayor reflexión, participación y una discusión más profunda.
– El CRUCh en diversos momentos planteó al Gobierno que era mejor llevar a cabo la reforma mediante dos o más proyectos de ley en que se reconocieran prioridades desde el punto de vista temporal, porque no era bueno que finalmente la gratuidad se presentara como una urgencia sin que se hubieran establecido con la debida anticipación los criterios que permitieran avanzar, desde luego gradualmente, pero con mayor certidumbre para las instituciones y todos los actores del sistema de educación superior. Insisto, más que improvisación lo que hubo fue una planificación errónea.

¿COGOBIERNO?

-Vinculada a la gratuidad está la participación en el gobierno de las universidades. ¿En qué porcentaje debería a su juicio incidir el voto estudiantil para generar a las principales autoridades?
– Como CRUCh nos parece que en materia de gobierno universitario debe haber normas comunes para todas las instituciones. Pensamos que la participación constituye un avance para el desarrollo de las instituciones; que debe estar dirigida principalmente a constituir sólidas comunidades universitarias, y que en consecuencia es prioritario dar vida al fortalecimiento de la experiencia que representa la vida en comunidades universitarias. Por lo mismo, como CRUCh no compartimos lo que se ha llamado cogobierno en las universidades.

– ¿Por qué no?
– Porque las universidades representan instituciones que tienen propósitos distintos a la sociedad política, pero debemos avanzar en promover la participación de todos quienes integran las comunidades universitarias porque las universidades constituyen ante todo comunidades educativas, no pueden tener la estructura de empresas, de un servicio público o de la administración, claramente jerarquizada y vertical. En eso nuestro país tiene mucho que avanzar, porque todavía nuestras universidades están sujetas a una legislación, a un régimen jurídico que impide que se constituyan sólidas comunidades universitarias.

 

URGEN CAMBIOS EN «UES» DEL ESTADO

• Para el vicepresidente del CRUCh es imperiosa la necesidad de un cambio en la institucionalidad de las universidades fiscales para que puedan realizar su labor en similitud de condiciones con las privadas del Consejo. «El régimen jurídico de las universidades del Estado debe ser parte del proyecto de reforma en educación superior. Requieren de procesos de modernización en su gestión, puesto que no son servicios administrativos del Estado y por otra parte integran un sistema en el que existen otras instituciones con regímenes jurídicos muy distintos, que les dan flexibilidad y mejores oportunidades para desarrollar sus funciones propias. De modo que desgraciadamente hoy día las universidades del Estado son discriminadas por una legislación que no se ha modificado y que representa un obstáculo para su desarrollo”.

 

Entrevista publicada en El Mercurio de Valparaíso, domingo 22 de noviembre de 2015.