Universidades regionales del CRUCH: comprometidas con todo Chile

Las 22 universidades regionales pertenecientes al Consejo de Rectores (CRUCH), todas acreditadas y con casas centrales en regiones, tienen un compromiso misional con el desarrollo de las comunidades y territorios en que se emplazan.

Este es el desafío que asumen los 20.000 académicos que de Arica a Punta Arenas, forman el capital humano –técnicos, científicos, investigadores y artistas– que impulsan el desarrollo territorial de Chile.

Sus aulas acogen a 213.000 estudiantes de pregrado, el 33,3% del total del sistema universitario chileno. Constituyen la principal ventana que conecta las realidades locales con el mundo global; son las instituciones regionales que registran la más activa participación en redes y convenios internacionales.

Imparten el 34% de los magísteres (513) y 47% de los doctorados del país (120). Han formado la mayor parte de los actores sociales, económicos y políticos que lideran el desarrollo regional y que construyeron las bases del desarrollo local.

En varias regiones, las universidades son la principal organización social y económica local, haciendo un aporte relevante al PIB regional. En efecto, sus actividades, empleos y recursos dinamizan las economías locales, generando verdaderas y activas “ciudades universitarias” que a su vez producen un conjunto de actividades complementarias, enriqueciendo la vida de las ciudades en las que se emplazan.

Los estudiantes ingresados a las universidades regionales en 2015, no obstante ser alumnos destacados en sus comunidades escolares, tienen promedios PSU entre 30 y 60 puntos menos que lo ocurrido en las universidades metropolitanas; el 89% de ellos viene de colegios subvencionados o municipales y el 68% proviene de hogares de los 3 primeros grupos de ingreso; son los más vulnerables del sistema universitario. Se agrega a esto la menor escolaridad de sus madres; de ellas, sólo un 15% tiene título universitario.

Sin embargo, el sistema universitario actual presenta modalidades de competencia que ignoran la heterogeneidad socioeconómica y territorial. Esto se expresa en las características del financiamiento estatal y privado para la docencia, también en la asignación de fondos para C&TI, labores de extensión y de vinculación con el medio. Incluso la Ley de Donaciones Universitarias, con descuento tributario, ha devenido en otro instrumento que agudiza el centralismo y las inequidades territoriales.

Se centralizan beneficios en unas pocas universidades metropolitanas, de menor matrícula vulnerable, y se regionalizan los costos, pues muchas de las empresas donantes extraen sus excedentes de localidades regionales, que sin recibir esas donaciones quedan afectadas por externalidades no deseadas.

Es fundamental que la reforma iniciada dé respuesta a la diversidad nacional, grados de desarrollo y desafíos territoriales específicos. Para esto, es necesario que las universidades regionales participen en la gobernanza nacional del sistema, pues ellas aportan trayectoria, legitimidad y recogen la diversidad territorial.

Se necesita una política de Estado, de mediano y largo plazo, que considere las necesidades y desafíos de desarrollo del conjunto de las regiones del país. Tal política debe expresarse en un “Pacto Social Universidades/Actores de Desarrollo local” que refleje una colaboración estratégica y sistémica para la ejecución de las políticas de desarrollo territorial, incremento del capital humano, ciencia y tecnología, innovación, creación y el fortalecimiento de las universidades locales.

Asimismo, el sistema universitario debe combinar formas de acceso que armonicen selección académica e inclusión social, considerando tanto los talentos como las condiciones de origen de los estudiantes y dimensiones de género, étnicas, discapacidad, inmigrantes y otras.

Los sistemas de acreditación, calidad y financiamiento deben considerar procesos y resultados, pero también lo que implica contextos de costos regionales diferenciados y los procesos que disminuyan la deserción por razones académicas, aumentando la titulación de estudiantes con desventajas iniciales.

La política de gratuidad y la reforma a la Educación Superior deben ser parte de políticas de descentralización, de fortalecimiento de capacidades regionales y de retención y atracción de talentos. Esto requiere que ella sea aplicada por región y universidad –considerando contextos e historias–, excluyendo vouchers personalizados, y complementada con recursos más permanentes y otros estímulos que compensen mayores costos de vida en regiones, permitiendo además que las universidades asuman pertinentemente los grandes desafíos territoriales.

Este proceso de reformas tiene la gran oportunidad de hacer justicia con las comunidades regionales y sus universidades, pero por sobre todo puede aprovechar el tremendo potencial de desarrollo que dichas instituciones pueden proveer a todo Chile.

 

Publicado en Especial de Universidades Regionales, El Mercurio, miércoles 28 de octubre de 2015.  Reproducido en el sitio de la Agrupación de Universidades Regionales de Chile (AUR), que actualmente preside el rector Sanhueza.