Discurso del presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Playa Ancha, Norberto Flores C., en el marco de la celebración institucional.
Este día, como es tradición, quienes ejercemos la docencia nos reunimos para celebrar. Es el día que dedicamos a reconocer -gozosos- la elección de una labor que nos ha permitido llevar a nuestras vidas no sólo el sustento del hogar, sino el pan del espíritu. Término, este último, justificado si advertimos que es nuestra labor de profesores la que nos ha permitido hallar un sentido de vida en la contribución que, a través de la educación, hacemos a la sociedad.
Lo anterior adquiere aún mayor sentido si reconocemos que tenemos el privilegio no sólo de trabajar en sino de pertenecer a la Universidad de Playa Ancha, universidad estatal que ha formado a muchos de los aquí presentes y que durante más de medio siglo ha recibido en sus aulas a decenas de miles de desfavorecidos del espectro social de nuestro país, como también lo fuimos muchos de nosotros. En ella, nuestro trabajo ha sido no sólo el de la entrega de conocimientos. Ha sido, también, la de saber del dolor de otros, angustiándonos por el choque entre el imperativo de la exigencia académica y las limitaciones materiales de nuestros estudiantes, en un enfrentamiento que confiere a nuestro quehacer una carga ética y moral que sin duda nos enriquece.
Si bien es legítimo celebrar en este día esta misión, creo que es también nuestro deber advertir que hoy se yergue un panorama amenazante para nuestra labor. Como ya es de amplio conocimiento, el 20 de junio de este año, el jefe de Educación Superior del MINEDUC, señor Juan José Ugarte –representando las ideas del actual gobierno sobre la educación superior-, dio a conocer un plan que consideraría que los fondos del Estado asignados a las universidades del CRUCH no se seguirían aumentando y se verían los medios “de transparentar la forma en que se entregan”. Sus palabras generaron numerosas reacciones de rectores y académicos, bajo la forma de críticas públicas y seminarios universitarios de los cuales el primer seminario nacional fue realizado por nosotros, académicos de ésta nuestra universidad, en agosto de este año.
Estas reacciones, a todo lo largo del país, dieron lugar a que los administradores de MINEDUC morigeraran su discurso, sin embargo, el cuestionamiento del actual gobierno a la educación superior estatal pasó del área específica de la Educación a la esfera de uno de los principales creadores de opinión pública: la prensa. A través de ésta, se ha dado lugar a una abierta estrategia de descalificación de las universidades estatales que llega a cientos de miles de hogares.
Así, el 30 de junio, sólo diez días después de la referida entrevista a don Juan José Ugarte, un columnista de El Mercurio de Valparaíso defendía la condición pública de todas las universidades del país, estatales y privadas, dado que, a su juicio, “(…) una mirada menos ideologizada permitiría reconocer con facilidad que todas las universidades son, en el Chile de hoy, públicas. Públicos son sus mecanismos de admisión, públicas son las mallas de sus carreras y los requisitos de promoción y titulación, públicas son sus clases y públicas también sus crecientes actividades de investigación, extensión y ventas de servicios; público el ingreso a sus campus; públicas son las contrataciones de profesores; públicas son las donaciones que reciben”.
Días antes, La Tercera había denunciado la “ineficiencia” de la educación superior indicando que una investigación realizada el año 2004 por el Consejo Nacional de Educación sobre las universidades chilenas arrojaba que de los más de 33 mil universitarios matriculados, un 47% dejaban los estudios y sólo un 22% egresaba en el tiempo previsto para cada carrera. Culminaba el artículo señalando que si bien las cifras eran mejores que en otros ámbitos de la educación superior, los planteles pertenecientes al Consejo de Rectores retenían sólo al 56% de su alumnado en quinto año.
El 4 de julio, este mismo diario denunciaba que los resultados del test TEDS (Teacher Study in Mathematics) realizado entre 2006 y 2009 indicaba que el 60% de los futuros docentes universitarios sometidos al test no era capaz de obtener el 70% de respuestas correctas en operaciones básicas. El 22 de ese mismo mes, La Tercera señalaba que, según un informe del MINEDUC, en la Educación Superior sólo un 9,1% tiene doctorado, lo que “según el informe sobre la Educación Superior en Chile hecho en 2009 por la OCDE” determinaría que «el número de doctorados en la fuerza laboral académica es generalmente considerado demasiado bajo».
El 1 de agosto, otro columnista de este periódico vindicaba taxativamente la necesidad imperiosa de la competencia en el ámbito universitario. A su juicio, virtud común en las instituciones privadas de educación y rasgo del que adolecían las universidades estatales. En este marco, calificaba a los profesores (por deducción, de instituciones estatales) de “sujetos con miopía afectiva”. “Ésos que (…) sienten más compasión por el débito de una décima que tiene un estudiante que por la muchedumbre que se caerá de un puente mal construido, las futuras víctimas de negligencias médicas o los niños que, desconcertados, descubrirán que su profesor es un ignorante. (…) El miope afectivo sólo dice que competir es malo, porque se pierde el romanticismo y se transgreden los derechos (…).”
En este continuum, el 12 de septiembre El Mercurio de Santiago denunciaba las falencias financieras de las universidades estatales, señalando que don Juan José Ugarte, jefe de educación superior del Ministerio de Educación, afirmaba: “(…) hay cinco planteles que presentan un flujo operacional negativo, por lo que su actividad no se está financiando: las universidades de Santiago, Arturo Prat, Playa Ancha, Magallanes y Metropolitana de Ciencias de la Educación. Estos cinco planteles, más las universidades del Bío Bío, de Antofagasta y Tecnológica Metropolitana tienen falta de liquidez y carecen de fondos para enfrentar sus deudas de corto plazo”. Con esto, ignoraba de modo flagrante este periódico que el 13 de mayo, El Mercurio de Valparaíso había afirmado exactamente lo contrario. Esto, bajo el titular “Universidades fiscales confirman repunte financiero” y con un epígrafe en el que reconocía el “Positivo balance de gestión 2009 de UV y UPLA”. En este artículo se informaba que, “(…) de acuerdo a lo explicado por Eduardo Faivovic, Vicerrector de Administración y Finanzas de la UPLA (…) la casa de estudios logró excedentes financieros el año 2009 por 1.451 millones de pesos, logrando casi duplicar sus excedentes del año 2008”.
Lo anterior creo que expone, aunque de modo inevitablemente sucinto por la ocasión, la evidente intención de descalificar a las universidades estatales, desde los profesores hasta su gestión administrativa. En ningún momento de este proceso se hace alusión a lo que uno de estos mismos periódicos (La Tercera) había señalado en noviembre de 2009: que en Alemania decenas de miles de estudiantes de educación secundaria y universitaria habían salido a las calles de Friburgo, Berlín, Karlsruhe y Heidelberg denunciando los altos costos de los estudios universitarios y el reduccionismo de las carreras universitarias.
En el primer punto, denunciaban -el familiar para nosotros- tema de que no podían estudiar satisfactoriamente y trabajar para reunir el dinero de las matrículas. Y en el segundo punto, pedían reformar las nuevas carreras creadas en el marco del proceso de Bolonia, argumentando que la reducción de carreras universitarias a sólo cinco semestres “Es una irresponsabilidad», agregando: «Queremos aprender para la vida y no sólo para la economía».
Se desconoce también en estos artículos el rol señero de las universidades estatales en la reconocida relación entre educación y movilidad social. Esto, en un país en el que se ha agudizado la brecha social, bajando el decil más pobre de la nación de $ 86.537 en el 2006 a $ 63.891 en el 2009 y aumentando el decil más rico de $ 2.704.924 a $ 2.955.815 en el mismo periodo.
Dado este escenario, queda, entonces, la defensa de las universidades estatales en manos de quienes dedicamos nuestro trabajo cotidiano al estudio, la reflexión y la creación. Entre ellos, destaco dos aportes notables. El connotado académico Guillermo Tejeda, en un artículo publicado en La Nación en abril de 2006, tempranamente advertía: “Le hemos ido vaciando el alma a la universidad. (…) En las últimas décadas, la universidad ha sido ofrecida o vendida al país por los políticos y medios de comunicación como un ascensor social, un asegurador de futuro para los nuevos estudiantes-clientes. Mientras nuestro ascensor social universitario se robustece, se va disolviendo la universidad como lugar de pensamiento, como herramienta intelectual del país, como escuela de ciudadanía, como territorio de libertad académica. (…) La meta… fue destruir nuestra vida intelectual, someter a los académicos a la presión del poder y del dinero, desalentar la participación, transformar a los estudiantes en clientes, fortalecer a los grupos sobre las personas, quitarle significación al pluralismo y desprestigiar a la universidad pública…Por último, se ha hecho pasar este programa no como lo que es –una opción- sino como una fatalidad a la que es imposible escapar.”
Por su parte, el reconocido escritor mexicano Carlos Monsiváis, denunció el año 2007 este mismo fenómeno en su país- afirmando que, pese al desdén presupuestal y social del gobierno, las universidades públicas siguen cumpliendo las funciones indispensables por las siguientes razones:
a) Habitúan a sectores amplios a prácticas culturales inusitadas (lectura, discusión de temas y autores, asistencia por lo menos ocasional a conciertos y recitales, obras de teatro, etcétera), normalizando el cultivo del conocimiento en un medio avasallado por un creciente anti-intelectualismo.
b) Aclimatan la pluralidad y la renovación ideológica y teórica, y son la representación nítida del Estado laico.
c) Emblematizan y son efecto del espacio que el Estado le concede a la sociedad en materia de crítica, libertad de expresión, disidencia política y moral. Junto con sectores limitados de la prensa, las universidades públicas usan de su autonomía para discrepar.
d) Forman a los jóvenes de clases populares y clases medias en un conocimiento más cercano y exacto del país, al margen del tumulto, la discusión frenética, el ensayo de gobierno desde la asamblea y el lenguaje libérrimo.
e) Representan a los ojos de las clases populares y las clases medias, el privilegio posible, la movilidad social al alcance. Por muy dañado o destruido que se encuentre este sueño, sigue siendo esencial.
Queda, entonces, develada la arena de lucha. En nuestro caso, como académicos, creo advertir dos frentes al que estamos todos obligados: uno, el de la participación en un enfrentamiento de ideas que no sólo deberá demostrar plenamente la imprescindencia de las universidades estatales, sino que deberá dejar los límites gratos y cómodos del aula para salir extra muros en movimientos masivos que demuestren las decisiones del país y de la sociedad a la que pertenecemos. Un segundo frente, y quizás el más difícil, es el del análisis objetivo y realista de esta descalificación de la que somos objeto. No todo es falso. Debemos admitir con humildad los retazos de verdad que hay en estas acusaciones, conduciendo a cada uno de nosotros a una introspección que defina el grado de responsabilidad que nos cabe en ello y que nos lleve a mejorar. No olviden que no es sólo el sustento del hogar el que está en juego. Es también el pan del espíritu.
Muchas gracias.
Norberto Flores C. (Ph. D.)
Presidente de la Asociación de Funcionarios Académicos (AFA)
Universidad de Playa Ancha.
Valparaíso, 15 de octubre de 2010
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