UPLA organizó seminario sobre explotación sexual infantil

Una jornada de abierta reflexión y debate se vivió el jueves 13 de agosto en el Auditórium de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha, en torno a la Explotación Sexual Infantil, en el marco del seminario homónimo donde se planteó la interrogante “¿Realidad invisible o hipocresía social?”, el que reunió a académicos y estudiantes interesados en visibilizar esta problemática y denunciar las relaciones de poder que permiten este tipo de abusos.

En la oportunidad, el Vicerrector de Desarrollo, Luis Bork, dio inicio a las exposiciones repasando los últimos hechos de explotación sexual infantil conocidos a través de los medios de comunicación. “Este tema no es nuevo en nuestra sociedad”, señaló, denunciando a la vez la estigmatización que sufren niños, niñas y adolescentes por pertenecer a determinados sectores sociales. “No es lo mismo que el niño esté de la Plaza Italia hacia el oriente, que de la Plaza Italia hacia el poniente, al norte o al sur”, graficó.

En la misma línea, y de acuerdo a lo que motivó en parte la realización de este seminario, la académica y jefe de carrera de Sociología, Macarena Trujillo, coincidió en que éste “es un tema que ha tomado visibilidad mediática en el último tiempo”. Sin embargo, la profesional orientó su exposición hacia la denuncia de las relaciones desiguales de poder que se juegan en la práctica de la explotación sexual tanto adulta como infantil. Ésta es “una de las formas de esclavitud que persisten en el mundo y, claramente, en nuestro país, forma de esclavitud con la cual debemos posicionarnos y poner en práctica nuestra responsabilidad ética y política para erradicarla”, sentenció la académica.

Durante su exposición, que planteó como interrogante “¿Prostitución Infantil o Explotación Sexual?”, aclaró que no da lo mismo la manera en que nos referimos al tema, por prostitución suele entenderse “una relación entre iguales, caracterizada por un intercambio monetario y que hace referencia explícita a una transacción del cuerpo como mercancía”. En cambio, la explotación es una “práctica social que implica una relación desigual de poder, que menoscaba y vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven esta situación”.

De acuerdo a la académica “la explotación sexual comercial infantil y adolescente debe ser abordada desde un enfoque multicausal”. En este sentido, se refirió a los factores de clase, generacional y de género que inciden en ésta. “No podemos obviar cuando hablamos de explotación sexual infantil y adolescente que la pobreza y la brecha económica es un factor que incide y que potencia esta situación”, recalcó en ese contexto la socióloga.

Por otra parte, desde la perspectiva de género, Trujillo destacó que la explotación sexual infantil y juvenil, así como la prostitución, se enmarcan dentro de construcciones sociales de lo femenino y lo masculino desiguales. De esta manera, la académica se refirió al “concepto de masculinidad hegemónica” como uno de los factores que promueven la explotación sexual. En este marco, el desafío planteado apunta a “desestabilizar” estas construcciones de género como estrategia de cambio de esta realidad.

En el marco de lo planteado por la académica, el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Edgardo Toro, se refirió a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes como una “grave vulneración de los derechos humanos” que vuelve a impactarnos a raíz de la emisión del programa Contacto que develó la presencia de una red de explotación sexual infantil en la Región de Valparaíso.

Toro, quien es director del Centro Antú de la ONG Paicabí, especializada en temas de infancia, explicó cómo se generan redes de explotación sexual que conforman mercados a nivel local e internacional. En este aspecto señaló que en nuestra región existe una “multipráctica”, que incluye “todas las formas conocidas de explotación sexual comercial”: comercio sexual, turismo sexual, trata con fines de comercio sexual, pornografía infantil y acoso sexual por medios electrónicos.

El profesor señaló como uno de los estudios emblemáticos al respecto el informe realizado en 2003 por la Universidad Arcis y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De acuerdo al diagnóstico, se registraron al menos 3.700 casos conocidos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Chile durante ese año, ubicando a Valparaíso como la segunda región del país con más víctimas, después de la capital.

Por último, Edgardo Toro presentó datos del diagnóstico regional realizado por la PUCV en 2005, a solicitud del Servicio Nacional de Menores (SENAME). De acuerdo al estudio, 582 casos de violencia sexual contra niños y niñas fueron conocidos ese año en la región, de los cuales el 20% corresponde a explotación sexual. El estudio, que caracteriza también a los autores de los abusos, señala que éstos provienen principalmente de las propias familias, lo que hace más difícil visibilizar la situación.

La jornada de reflexión finalizó con un panel moderado por la académica Sandra Pizarro, jefe de carrera de Periodismo, donde participaron el abogado y director Regional del Servicio Nacional de Menores, Carlos Wendt; el presidente del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio Nacional de Periodistas, Audénico Barría; y el director Ejecutivo de la Corporación Epifanía, Jorge Linderman.

En la ocasión, junto con reconocer que enfrentar la explotación sexual infantil “es tarea de todos”, Carlos Wendt fue enfático en señalar que el Servicio Nacional de Menores no da abasto con la situación actual de los niños y niñas. Según señaló, el Servicio responde a una realidad de hace dos décadas y hoy en día se ve “sobrepasado por la realidad de la infancia”.

En relación al problema abordado en el seminario, el abogado afirmó que “hay temas que escapan con creces a los lineamientos del SENAME”, por lo que la institución ha planteado una reestructuración interna que se encuentra actualmente en discusión. La gravedad de la situación que viven muchos niños y niñas en el país se evidencia en la falta de programas de apoyo que debieran provenir también de otras instituciones públicas, con políticas coherentes en torno a la infancia.