Educación y Estado: El pacto insoslayable que sostendrá el desarrollo armónico de Chile

El punto de inflexión sacudió al país durante meses. Los estudiantes secundarios de todo Chile se movilizaron el año pasado para exigir una educación pública de calidad para todos: estaban cansados y molestos por los escasos avances efectivos y por la falta de oportunidades que desde sus hoscos pupitres les cerraban puertas y ventanas a sus proyectos futuros de vida. No querían seguir siendo el hijo menor de la sociedad nacional, ese que inicia su desarrollo académico en inequidad y desventaja.

Y ese grito se hizo oír de norte a sur generando la reflexión, el debate y la crítica de todos los actores propositivos de la nación, alineados por el gobierno de la presidenta Bachelet a través de la Comisión Asesora Presidencial para la Educación, que en su génesis democrática representa los intereses e inquietudes de bastos sectores, agrupados por el imperativo categórico de una educación de calidad para las nuevas generaciones, sin exclusión de naturaleza alguna.

En dicha construcción colectiva, la voz legítima de las instituciones estatales se deberá hacer escuchar con fuerza, en su condición de recolectoras de parte importante de la más rica tradición y aporte en materia de educación nacional. En esa sintonía surge el ideario del Rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza Vivanco, quien, a propósito de un primer informe entregado por la Comisión en lo referido al ámbito de la educación superior, enfatizó en el insoslayable pacto que deberá volver a construir y regenerar el Estado con sus universidades.

Este profesor de Historia y abogado, quien no teme a la crítica constructiva y democrática, reconoce en esta entrevista el proceso de descuido que el Estado ha realizado con sus instituciones formadoras, en un fenómeno que poco a poco ha ido asfixiando a muchas e ignorando el valioso aporte social y cultural, de inclusión, que cumplen con cientos de jóvenes a diario. Por eso, hoy levanta la voz con esperanza y convicción, con el propósito de transmitir lo que a su juicio podrían ser los principales avances del valioso trabajo encomendado a la Comisión, en lo referido al histórico papel que las instituciones estatales de educación superior efectúan por el bienestar de Chile y sus habitantes.

De acuerdo al primer informe entregado hace algunos días por el consejo, ¿cuáles son los puntos que más valora en dicho documento? ¿Cree que su gestación responde a nuevos parámetros de discusión y análisis democrático que se comienzan a imponer?
«Destaco en primer lugar el hecho que la Comisión Asesora Presidencial para la Educación Superior, integrada de manera plural por personas con distintas visiones, haya enfatizado en la importancia de la educación pública, la inequidad del modelo existente y el trato preferente que debe dar el Estado a sus universidades, que son patrimonio de todo el país y de sus ciudadanos. Además, subrayo que se haya ubicado en el debate público un conjunto de temas referidos a la educación superior que nuestra sociedad debe conocer en profundidad y particularmente sincerar: la histórica distribución inequitativa de los recursos, el lucro, el rol del Estado frente a la educación, el mercado de la educación superior, entre otros

Me gusta mucho el estilo participativo que se ha impulsado, ya que estoy convencido que en democracia es fundamental analizar, discutir y reflexionar acerca de temas tan importantes para el futuro del país como es la educación. Empero, esta discusión se debe realizar con altura de miras, en forma amplia, plural y profunda, donde los actores que participen estén muy bien informados y tengan prioritariamente la mirada puesta en los intereses de Chile, dejando de lado cualquier interés personal o de grupo.”

Como contrapunto ¿identificaría algunos elementos importantes o tranversales ausentes en este primer esfuerzo realizado por la comisión?
«La Comisión no ha concluido su labor, por tanto, no tengo claro si tratará los temas que estimo pendientes. Me habría gustado que hubiera iniciado su análisis situándose en el contexto nacional y mundial en lo referido a la educación superior y su vinculación con los temas del desarrollo. Habría sido bueno para la discusión tener una mirada prospectiva de más largo plazo, considerando que dichas construcciones no tienen por objetivo resolver problemas contingentes, sino sirven -más bien- para que un país tenga la oportunidad de pensar seriamente su propio destino, en especial en un ámbito estratégico que tiene tantas proyecciones para el desarrollo nacional y, a partir de allí y del necesario diagnóstico objetivo, ser capaces de definir el modelo de educación superior que Chile requiere.

Lamento que esto no haya ocurrido, ya que se partió de la base de avalar y tratar de perfeccionar un modelo pre – existente y, por lo tanto, entiendo que esta perspectiva situacional no será considerada como contexto inicial del debate.

A mi juicio, este espacio democrático no debería ser una mesa de negociaciones. Más bien, una instancia de reflexión rigurosa que ilumine a Chile sobre la educación superior que necesita para garantizar el desarrollo de una sociedad que está inserta, sumida en procesos de cambios y transformaciones obligadas. Estimo que en este contexto el debate también debería incorporar en mejor forma principios inspiradores de la educación superior y el examen libre de objetivos como la inclusión, el concepto de calidad que se procura, la equidad e igualdad de oportunidades y sus alcances, la sustentabilidad en el más amplio sentido, la formación de formadores, la democracia, el pluralismo, el respeto a la diversidad, la innovación y emprendimiento, poniendo énfasis en el capital humano y social, en la cultura y en las humanidades».

El informe pone en valor la relación Estado/Instituciones educativas estatales y su interdependencia ¿Cree que existe el consenso político necesario o la voluntad de quienes en el parlamento defienden a ultranza la “libertad de enseñanza” para apoyar esta idea? ¿No es una fórmula que en estos nuevos tiempos pueda ser calificada de “antigua, añeja”?
“La importancia que tiene en el mundo desarrollado la educación superior para garantizar el desarrollo es de tal envergadura que no existe un país de este selecto grupo, que no considere al Estado jugando un rol muy importante, incluso en Estados Unidos y Canadá, en que las universidades que son de su patrimonio, son atendidas en forma preferente, con relevantes resultados en los ámbitos de la formación, investigación, creación, etc. Un fenómeno similar ocurre en Europa, continente en que los países de mayor desarrollo como Noruega, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Inglaterra, Francia y Finlandia, entre otros, son aquellos que más han invertido en educación; también en los países desarrollados del extremo oriente como Japón, Corea, Malasia, Singapur, y ahora crecientemente China; como también en Oceanía, en especial, Australia, Nueva Zelanda. En nuestra América Latina llaman la atención los modelos de Brasil, México y Uruguay, donde el Estado tiene un rol preponderante.

Efectivamente, en ese mundo, las Universidades del Estado cumplen un rol principal en lo referido al desarrollo cultural, social, económico y político, así como también en las ciencias, la tecnología y la innovación. Lamentablemente, la libertad de enseñanza, que se transformó en el eje central de Chile en materia educacional desde la década del 80, ha sido entendida casi exclusivamente como la libertad de empresa para abrir y operar establecimientos, escenario que redundó en el establecimiento de un verdadero “mercado de la educación” que desconoció el sentido más importante del concepto: la libertad de cátedra entendida como la libertad para pensar, reflexionar, alimentar el sentido crítico, creando elementos claves para los procesos de innovación. Parte de esos privados han procurado la realización de un fin público en su quehacer, pero, lamentablemente, muchos otros han perseguido intereses puramente privados. Es allí donde aparece el lucro como fin último, situación que viene a distorsionar la misión de la educación superior. Baste poner como ejemplo la multiplicación indiscriminada de ciertas carreras que sólo buscan encontrar un mercado basado en las expectativas y vocaciones de los postulantes y el status, saturando las posibilidades laborales.

Por tanto, que la mirada vuelva a fijarse en el Estado no es una fórmula añeja de analizar el tema, considerando que la educación – y así lo han asimilado en el mundo desarrollado y en los países emergentes- tiene una dimensión humana determinantemente estratégica para garantizar el desarrollo.

Afortunadamente, el ser inteligentemente críticos y con miradas más amplias nos podrá hacer pensar que es posible pasar a una etapa distinta, de la cual surjan los pactos que el país necesita».

…Y las universidades, ¿deben jugar un rol distinto en esta nueva etapa?

«Las universidades del Estado tienen roles específicos y diferentes a las privadas, especialmente enfocados hacia la inclusión con calidad y hacia otras tareas que nunca serán de interés privado, pues constituyen tareas superiores que poseen solamente una enorme rentabilidad social.

La universidad estatal no está pensada para actuar al tenor de la música del mercado, está para construir futuro, para adelantarse en la búsqueda de soluciones a problemas emergentes. Por ello, el autofinanciamiento, que la obliga a actuar de acuerdo a las leyes del mercado, disminuye sus fortalezas y la desvía de su misión esencial que es trabajar por el futuro de Chile.

En este sentido debe existir un equilibrio entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Así, al menos, parece estar siendo entendido en Chile, particularmente después de los pingüinos. Confío en que no será un mero discurso, pues el ejercicio democrático que nos encontramos realizando es una apuesta central que preservará el capital humano y a todos nuestros talentos, sin perder a ninguno. Debemos trabajar para garantizar a quienes tienen capacidades una educación de calidad, inclusiva, con equidad e igualdad de oportunidades.

Espero que la sociedad chilena entienda que este es un tema que debe ser tratado como política de Estado y como un derecho que reclamarán las futuras generaciones respecto del país que les dejaremos. Por eso, se debe acometer con la altura de miras suficiente para terminar de estigmatizar lo estatal. Tratándose de un tema tan serio, que con todo derecho y legitimidad reclamarán las futuras generaciones respecto del país que les dejaremos, no es posible aceptar explicaciones absurdas, que sólo hacen pensar que seguimos viviendo en forma provinciana».

¿Cómo afectó la instauración durante la dictadura militar de políticas educativas que destruyeron lentamente el proyecto de la universidad nacional? ¿Es posible que el estado vuelva a asumir la responsabilidad integral de promover la educación estatal dentro de los más altos parámetros internacionales?
«Se trató de una época en que se cambiaron las bases mismas de lo que había sido el desarrollo del país en esta materia. La historia da cuenta sobre el rol determinante que tuvo la Universidad de Chile en la construcción de la nación en el siglo XIX y parte importante del siglo XX, junto a otras instituciones que fueron surgiendo en algunos centros como Valparaíso y Concepción.

Lo lamentable de esas políticas no fue la creación de universidades regionales, que en los complejos procesos de regionalización y descentralización de Chile han jugado un rol muy destacado, siendo capaces de generar valiosas articulaciones entre el sector público y el privado. Vale la pena detenerse en cada región para constatar lo que ocurre en este sentido. A vía de ejemplo, en la región de Valparaíso es imperativo poner en valor el proyecto de ciudades universitarias, los cluster, los proyectos en ciencia, tecnología e innovación, la incorporación de la educación superior en el plan de gobierno regional, a través del valioso plan estratégico del Consejo de Rectores de las Universidades de Valparaíso 2007- 2010.

Lo más deplorable, sin duda, fue la implementación de políticas perniciosas de autofinanciamiento, con aportes básales mínimos y distribuidos desde su origen en forma inequitativa, encomendándoles además una inmensa misión en lo social, exigida desde una sociedad convencida de que sus universidades estatales debían realizar la misión del propio Estado. Esto, además, ha sido contradictorio, ya que conociendo esas diferencias se ha establecido un sistema común de exigencias que no se ajusta a dichas inequidades.

Si se examinan con atención a las instituciones estatales se puede constatar que han procurado cumplir su misión de inclusión, con la máxima calidad posible, pero en virtud de dicho modelo han sido forzadas también a incorporarse al “mercado de la educación superior”, bajo apercibimiento de colapsar financieramente.

Estas universidades han debido actuar como el díos Jano, es decir, con dos caras: una, teniendo como norte su misión esencial y procurando cumplir con su carácter público y estatal; y otra, mirando hacia mercado para autofinanciarse y subsidiar sus disciplinas y quehaceres, sin descuidar la obligación central del Estado de velar por inclusión social y el aseguramiento de la igualdad de oportunidades. Por ello, debe afirmarse con mucha propiedad que parte de la sociedad ha sido muy injusta con ellas, al juzgarlas premeditadamente o sin estar informada del cumplimiento de su misión principal.

Por otra parte, como si lo anterior fuera acotado, cuando a las universidades del Estado se les aplica estas transformaciones, se les abandona por muchos años, bajo el argumento que son autónomas y que deben resolver por sí mismas sus conflictos. Al mismo tiempo, se les deja un estatuto jurídico que es aplicación de un modelo foráneo, ajeno a nuestra cultura, dejándolas en desventaja respecto de todas aquellas que se rigen por el derecho privado.

En virtud a lo anterior, el Estado está llamado a asumir un rol mucho más activo y protagónico porque sus universidades no pueden vivir el lamentable ejemplo de la municipalización, tan criticado por todos».

¿Cómo instituciones estatales, la Upla por ejemplo, se han visto afectadas por el actual sistema y cómo la crisis que hoy viven las instituciones públicas se explican por el progresivo deterioro de la relación entre las universidades y el Estado?
«La UPLA se ha visto seriamente perjudicada por variadas razones que a continuación explicaré. Sin duda, al ser una institución derivada de otra derivada (la Universidad de Valparaíso), los aportes básales han sido muy bajos, casi miserables en toda su historia: del 100% que se distribuye entre 25 universidades la nuestra recibe cerca del 1%, lo que significa que el otro 99% se distribuye entre 24 instituciones del Consejo de Rectores. Por otra parte, nuestra casa de estudios, a pesar de las adversidades, siempre entendió que la inclusión era una obligación principal del Estado, jurídicamente establecida, que permite a las personas lograr la movilidad social y romper los círculos de pobreza.

En rentabilidad social la UPLA ha invertido de su propio patrimonio desde 1990 hasta ahora muchos miles de millones de pesos, teniendo como promedio de $ 1.500.000 (mil quinientos millones) anuales.

Sólo hace muy poco tiempo que el Estado ha comenzado a generar nuevas políticas públicas que progresivamente apuntan a lograr mayor inclusión social y eso es especialmente loable. Sin embargo, la Universidad, asumiendo esas obligaciones, lo venía ejecutando desde hace mucho tiempo, hecho que no ha sido reconocido debidamente. La ausencia de políticas públicas y la falta de ese reconocimiento ha generado cierto descontento con el Estado y con aquellos sectores que han estigmatizado a nuestras universidades, sin conocer su tránsito histórico y sin estar lo debidamente informados.

Por otra parte, nuestra comunidad universitaria, como lo ha expresado públicamente la Comisión Nacional de Acreditación, comparte la misión institucional y se siente orgullosa de ella. La institución ha creado y mantiene carreras y áreas de excelencia porque forman parte de su misión y está convencida que contribuyen al país. Para emprender esta labor, adoptó un modelo de desarrollo que le reportó recursos que le permitieron subsidiar lo que el Estado no asumía e invertir en calidad. Este modelo se rompió, ya que se solicitó el cierre de programas, sin haber evaluado su calidad, petición que nos pareció especialmente injusta considerando nuestra historia y misión.

Sin duda, si la UPLA se hubiera guiado exclusivamente por el mercado no impartiría todas las carreras que dicta, habría creado otras de costo menor y alta rentabilidad económica y no habría privilegiado las ciencias sociales, las humanidades, el arte y la cultura. Sin embargo, está convencida que esas líneas de trabajo, junto a la investigación científico – tecnológica, la innovación y el emprendimiento, son principales para el desarrollo social y armónico de Chile, con una mirada a largo plazo. Lo digo porque las tendencias hoy en el mundo desarrollado privilegian la formación valórica, el crecimiento de ciudadanos con visión de mundo, interculturales y multilingües a esfera global, con pensamiento crítico.

El país, en su afán por avanzar a estadios superiores, debe poner especial atención en la formación de sus profesores, considerando que es una labor relevante para alcanzar el futuro soñado y mejorar la educación chilena en términos de logros, equidades y calidades. Así se contribuirá a la formación de ciudadanos con valores sólidos, más cultos, innovadores, autónomos e integralmente educados, en un proceso amplio que debe ser atendido en todas sus etapas: del acceso a las carreras pedagógicas al estudio, investigación y confrontación de otros conceptos claves como las vocaciones, las capacidades, el currículo, la infraestructura, los medios, las TIC y su uso en educación, la calidad de los formadores de formadores y su constante perfeccionamiento, las prácticas, las vinculaciones con el medio, las competencias específicas y genéricas, la capacidad de autoaprendizaje, la visión de mundo, la identidad territorial y cultural y la dignificación de la profesión docente.

Por eso, por la dignificación de la labor docente, los profesores deben ocupar un sitial muy importante en el estatus de las carreras profesionales en Chile, tal como sucede en países desarrollados donde hoy la Pedagogía se ha erigido como política de Estado y como la profesión más importante de todas. Esta priorización se la merece Chile y el futuro de sus habitantes.

En Chile, lamentablemente, se ha actuado con un pragmatismo simplista y utilitarista que sólo responde a lo pasajero, al mercado y no responde a ningún análisis estratégico riguroso que fije la mirada –insisto- en el país que queremos construir para nuestros hijos y nietos y para todas las nuevas generaciones».

Dentro de los puntos más relevantes, el informe enfatiza en ideas como: “Derecho fundamental a una educación gratuita y obligatoria”, “Evaluación periódica al proceso educacional”, “Creación de una entidad administradora de educación pública”, “Garantizar a la sociedad civil el derecho a una educación de calidad en condiciones de equidad y no discriminación” ¿Cómo todos estos lineamientos podrían cambiarle el rostro a las universidades estatales que parecen competir en desventaja?
«Entiendo que estas materias no han sido tratadas aún en la Comisión Asesora Presidencial. De hecho, el tema del financiamiento será parte del segundo y último informe. Empero, es claro que la sociedad deberá resolver es cuánto decide invertir en educación superior, discutiendo que el Estado invierta apenas un 0,3% del PIB en dicha materia. Los demás recursos, hasta completar el 2,1 del PIB, provienen de particulares, en especial de las familias.

A mi entender, estamos ante una oportunidad que no se repetirá y que, con la voluntad y el compromiso de todos, podría cambiarle el rostro a la educación pública chilena y en especial a Chile».

Independiente de los resultados que emanen de la comisión, ¿Cuál será la postura de la Universidad de Playa Ancha en cuanto a la reforma del actual sistema de educación superior, considerando el daño histórico que progresivamente ha sufrido?
«La institución defenderá siempre el concepto de Universidad Estatal y Pública porque está convencida que su historia revela que, aunque el Estado la dejó prácticamente abandonada, al poner sus mejores esfuerzos aplicó políticas de inclusión, dio igualdad de oportunidades, entregó protección social y prestó servicios de calidad con muy poco apoyo. La UPLA hizo lo que el Estado no fue capaz o no quiso; por ello, tiene legitimidad para insistir en un rol más protagónico en la educación pública, en especial, respecto de sus propias universidades y en forma urgente de aquellas que sustituyeron un rol que le correspondía asumir directamente.

La Universidad tiene la oportunidad de hablarle a Chile, relatarle su trayectoria y dar cuenta pública del insustituible papel que ha cumplido en beneficio de toda la sociedad».

Comparte la idea de quienes indican que estamos entrando a un gran proceso de transformaciones sociales. De ser así ¿qué papel mediador deben jugar las universidades? ¿Cuál es y será su rol histórico? En este sentido, ¿han perdido protagonismo intelectual como aporte las casas de estudio?
«Me parece que se han impuesto nuevos temas en la discusión pública y que se habla con mayor libertad de los problemas. Sin duda, poner en la agenda temas como la distribución de la riqueza, el derecho a una educación de calidad, el sueldo ético, la sustentabilidad ambiental, el respeto a la diversidad, entre otros temas relevantes, es nuevo y tremendamente positivo para Chile. Eso augura un proceso que puede ser muy beneficioso para un cambio en una sociedad que por años había escondido los grandes temas debajo de la mesa y que tenía malos argumentos para justificarlo todo.

Se plantean los temas con más franqueza y sin pudor. Este es un aporte de nuestra juventud que cada día aprecio y valoro más. Es falso que no les preocupe el país y su destino; más bien, están cansados de discursos inconducentes, de debates sin fundamentos o de miradas ramplonas. Ellos se están jugando el futuro y están más concientes de su rol, que no es la violencia que la inmensa mayoría de los jóvenes y la sociedad rechaza y que no le hace bien al debate abierto, productivo, creativo y libre.

Estimo también que existe un nuevo estilo, que algunos no lo han entendido y que puede dar mucha gobernabilidad al país, y es el de una participación más amplia, abierta y orgánica. Si ello es así, podremos construir una democracia más madura y responsable, sin exclusiones, con amplia circulación de las ideas, pero necesariamente sometidas al examen del diálogo honesto y la sabia confrontación, formas tan propias de sociedades democráticamente más avanzadas y mejor asumidas en cuanto al respeto y valoración de la riqueza que supone la diversidad y la igualdad de las diferencias. Las universidades, y en especial la universidad pública, son espacios inigualables para la discusión del más alto nivel e imparcialidad».

En la misma dirección, como máxima autoridad universitaria, ¿Cuál será su apuesta de universidad con miras al s. XXI? ¿En qué medida la reforma a la educación superior pública colaborará con su plan?
«Si somos capaces de impulsar con energía e inteligencia la reforma que queremos para la educación superior, en especial para la educación superior pública, con mirada prospectiva, pensando en una universidad pública del siglo XXI, se estaría cumpliendo uno de los supuestos de nuestro programa de gobierno y de nuestro plan estratégico de desarrollo institucional. En efecto, hemos dicho que queremos que exista una nueva relación con el Estado y ello porque también queremos fortalecer nuestro compromiso con los valores esenciales que inspiran a la Universidad, que coinciden, como se ha dicho, con los principios que persigue esta reforma en los ámbitos de la calidad, inclusión y la sustentabilidad.

En este contexto, nuestro plan hacia el bicentenario tiene la visión de una institución inclusiva y de prestigio, con reconocimiento social, integrada, cohesionada, unida frente a un proyecto común, que tiende a enaltecer plenamente su rol como Universidad Estatal, en su calidad de institución que irrenunciablemente debe ofrecer servicios definidos por la eficiencia, eficacia y pertinencia, integrada más plenamente a su entorno y contribuyendo al desarrollo educacional, científico y tecnológico de Chile. Una Universidad que tenga consistencia entre los propósitos, las acciones y sus fines, centrada en sus alumnos, en el desarrollo académico, en la formación de profesionales y graduados competentes, capaz de impulsar la investigación y los postgrados, será capaz de hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades a quienes -como único requisito- tengan las capacidades y competencias necesarias en un mundo en constantes procesos de cambio.

En virtud a todo lo anterior, tenemos la total convicción de que el rol del Estado en educación debe cambiar, pasar de una etapa en la que cumplió un papel subsidiario minimalista, a una nueva fase en la que sea garante de esa formación estratégica que asegurará el desarrollo de Chile a largo plazo, con una sólida visión de Estado. Creer en ello asegurará una formación de calidad para todos, en el entendido de brindar una auténtica igualdad de oportunidades, con plena libertad y donde la educación superior pública y Estatal sea un modelo y un referente para el sistema nacional. Esta transformación será nuestra apuesta.