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Como en artículos anteriores utilizaré un esquema de un destacado economista, Dani Rodrik, profesor de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. En términos sinópticos, su enfoque está constituido por tres elementos: diagnóstico, diseño e institucionalidad.
Un primer dato que nos debe llamar la atención es la desocupación regional, la cual alcanzó en el trimestre móvil abril-mayo-junio un 8,0%, creciendo 0,7 puntos respecto al mismo período del año anterior. Esta tasa nos sitúa en el cuarto lugar en Chile, no obstante, durante enero y abril estuvimos en el segundo lugar de la tasa más alta a nivel nacional y en el trimestre inmediatamente anterior en el tercero, es decir, tenemos tasas persistentemente más elevadas que el promedio nacional en la mayoría de nuestras provincias y, en algunas de ellas, acercándonos a un nivel de dos dígitos. Un segundo dato a relevar es la caída del índice de Producción Manufacturera que retrocedió un 9,6% en junio en comparación a junio 2018 y una caída del 7,5% en el primer semestre del presente año.
Otro dato preocupante es la caída de un 6,2% de la generación de energía eléctrica al primer semestre; como asimismo la caída de la variación acumulada de 0,1% del índice de Ventas de Supermercados al primer semestre.
Si bien hay otros indicadores más positivos como la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico y la variación acumulada a mayo de las exportaciones; el conjunto de los indicadores nos habría proyectado, con una alta probabilidad, una estimación negativa como región del INACER a marzo y junio de este año.
En el caso de nuestra región de Valparaíso las cifras conocidas para el primer semestre son incuestionablemente insatisfactorias, y en consecuencia el análisis de diagnóstico nos debería servir para determinar dónde se ubican las restricciones más importantes para el crecimiento económico; y además, su lectura objetiva nos debería minimizar dos enfoques errados: el primero al suponer que el mismo conjunto de políticas funciona de la misma manera en todos lados y, el segundo, el nihilismo que se excede al subestimar el beneficio del razonamiento económico.
Además, del diagnóstico lo más completo y objetivo posible; el esfuerzo más relevante debería ser orientado al diseño de políticas para que éstas vayan dirigidas de forma adecuada a las restricciones identificadas y, por último, se requiere institucionalizar el proceso de diagnóstico y de respuesta de las políticas.
Desafortunadamente, tenemos serias debilidades como región en estos tres ámbitos de políticas públicas y que nos desafía a todos, pero particularmente a los liderazgos políticos, empresariales, académicos y laborales. No obstante, creo que el principal desafío que tenemos es cómo abordamos desde ya los impactos de una política Industrial 4.0 -en los ámbitos económico y social- en primer lugar en sus efectos en la productividad y la diversificación productiva y, en el segundo, destacar los impactos en la sostenibilidad ambiental.