Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones
El pasado jueves 5 de diciembre, académicas y académicos del Núcleo Milenio en Ciencias Sociales “Data Justa: Producción y Uso Estatal de Datos sobre Severas Violaciones a Derechos Humanos”, efectuaron su primera reunión ampliada para compartir los principales lineamientos, además de definir la metodología de trabajo que guiará el proyecto durante los próximos tres años.
Esta iniciativa tiene como propósito perfeccionar los sistemas y políticas de datos sobre violaciones a derechos humanos, alineándolos con estándares internacionales. Se trata de un esfuerzo que responde a los desafíos que enfrenta el Estado en la materia, como lo son la falta de sistematización y estandarización de datos, la ausencia de leyes unificadoras, las limitaciones legales y las discrepancias en los criterios de acreditación.
El trabajo del núcleo, cuyo objetivo final es promover la rendición de cuentas, proteger y avanzar en los derechos humanos, y contribuir a la paz, la gobernabilidad sostenible y el desarrollo social integral, se desarrollará en las siguientes tres líneas de investigación: producción y uso de datos; gestión, asistencia y reparación de víctimas; y control, vigilancia y cumplimiento estatal de compromisos respecto a víctimas.
Para ello, se cuenta con un equipo de docentes, investigadoras e investigadores de seis instituciones de Educación Superior especialistas en derechos humanos, reparación, defensa legal y teoría, y métodos sociales, es decir: Universidad Alberto Hurtado (UAH); Universidad Austral de Chile (UACh), Universidad de Atacama (UDA), Universidad Diego Portales (UDP), Pontificia Universidad Católica (PUC) y Universidad de Playa Ancha (UPLA).
El Núcleo Milenio Data Justa, está siendo liderado por la académica de Sociología UAH, Oriana Bernasconi, como directora, y la académica de Psicología UAH, Elizabeth Lira, en calidad de directora alterna; y entre sus integrantes se encuentran: Lidia Casas (Derecho UDP); Daniela Accatino (Derecho UACh); Felipe Paredes (Derecho UACh); Daniela Zúñiga (Psicología UACh); Daniela Bolívar (UC); Andrés Tello (Sociología UPLA); Alejandra Vega (Psicología UDA) y Danitza Pérez (Derecho UDP).
A ellas y ellos se suman los investigadores internacionales Celia Lury, socióloga de la Universidad de Warwick; Emiliano Treré, especialista en estudios de datos de la Universidad de Cardiff; y Patricia Linares, abogada del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Cabe destacar que el proyecto contará con la colaboración de servicios clave del Estado chileno, como las Subsecretarías de Prevención del Delito, Justicia y Derechos Humanos; el Servicio Nacional de la Mujer; el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura.
“Pensamos en este proyecto por el aprendizaje que tuvimos en iniciativas anteriores, especialmente, cuando documentamos cómo los organismos de derechos humanos durante la dictadura registraron a las víctimas y las acciones que hicieron a favor de ellas. Pensando en ese aprendizaje y, de acuerdo a las experiencias en otras investigaciones que hemos realizado, llegamos a la conclusión de que era importante investigar cómo el Estado documenta las víctimas sobre las cuales tiene responsabilidad directa, por acción o por omisión”, aseguró la docente de la Facultad de Psicología UAH, Elizabeth Lira.
Con esta documentación, Lira explicó que buscan identificar cuáles son las acciones de reparación que el Estado le ofrece a las víctimas de los programas de trata de personas, femicidios frustrados y el de víctimas del estallido social de 2019.
“Uno de los problemas que hemos advertido, es la dificultad de trabajar colaborativamente entre las instituciones del Estado porque, de acuerdo a la Ley 19.628 de datos privados, las instituciones deben registrar a las personas que atienden de acuerdo a su mandato y no pueden compartir los datos de esas personas a otras reparticiones del Estado, exceptuando los casos en que hay proyectos comunes. Entonces, nuestro objetivo es poder colaborar, construir formas de trabajo que permitan que exista un registro único de víctimas, o lo más compartido posible entre las instituciones del Estado que trabajan con esas víctimas”, concluyó.
