«Teniendo en consideración un interesante estudio titulado “Los pueblos indígenas y el cambio climático. De víctimas a agentes del cambio por medio del trabajo decente”, cuya autoría es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), queda en evidencia que los pueblos indígenas se encuentran entre los grupos más vulnerables frente a los impactos del cambio climático, a pesar de haber contribuido mínimamente a sus causas. Esto se debe a una combinación de factores históricos, sociales, económicos y geográficos que los colocan en una posición de especial riesgo.
En primer lugar, los pueblos indígenas están sobrerrepresentados entre los sectores más pobres de la población mundial. Según datos del Banco Mundial, constituyen alrededor del 5% de la población global, pero representan el 15% de las personas en situación de pobreza extrema.
Esta condición de pobreza estructural limita severamente su capacidad de adaptación y resiliencia frente a los impactos climáticos.
Además, la mayoría de los pueblos indígenas dependen directamente de los recursos naturales y ecosistemas para su subsistencia, los cuales, están siendo gravemente afectados por el cambio climático. Sus formas tradicionales de vida como la agricultura, la pesca, la caza o el pastoreo son altamente sensibles a las alteraciones en los patrones climáticos. Cabe advertir, que la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos o la escasez de agua amenazan no solo sus medios de vida, sino también sus culturas e identidades, intrínsecamente ligadas a sus territorios ancestrales.
Con relación a lo indicado, geográficamente, muchas comunidades indígenas habitan en regiones particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático, como por ejemplo, el Ártico, pequeñas islas, zonas costeras bajas, ecosistemas de montaña o bosques tropicales, lo que en sí se expresa con el derretimiento del permafrost, el aumento del nivel del mar, los eventos climáticos extremos o la deforestación, hechos que ponen en riesgo la propia existencia física de numerosos pueblos indígenas u originarios.
En tanto, la migración forzada por razones climáticas es otro factor que agrava la vulnerabilidad de los pueblos indígenas. Al verse obligados a abandonar sus territorios tradicionales, muchos migrantes indígenas terminan en zonas urbanas marginales, expuestos a nuevas formas de pobreza, discriminación y pérdida cultural. Cabe advertir, que son las mujeres indígenas suelen ser las más afectadas en estos procesos migratorios.
A estos factores se suma la falta de reconocimiento legal de los derechos de muchos pueblos indígenas, especialmente en lo referido a sus tierras y recursos naturales. La ausencia de títulos de propiedad o derechos consuetudinarios reconocidos los deja en una situación de gran fragilidad frente a proyectos extractivos o de desarrollo que pueden desplazarlos de sus territorios ancestrales.
La exclusión histórica de los pueblos indígenas de los procesos de toma de decisiones que los afectan se replica también en el ámbito de las políticas climáticas. A pesar de ser uno de los grupos más impactados, su participación en la gobernanza climática global y nacional sigue siendo muy limitada, o incluso, no participativa, lo que en si plantea serios cuestionamientos en términos de justicia climática y equidad.
Sin embargo, los pueblos indígenas no son meras víctimas pasivas del cambio climático. Por el contrario, sus conocimientos tradicionales, prácticas sustentables y cosmovisiones holísticas tienen un enorme potencial para contribuir a la mitigación y adaptación climática. El desafío es asegurar que sean incluidos como actores clave en el diseño e implementación de las estrategias climáticas. Para ello, es fundamental adoptar un enfoque basado en derechos que garantice la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los niveles. Esto implica respetar su derecho al consentimiento libre, previo e informado frente a cualquier medida que pueda afectarlos, así como valorar y promover sus propios sistemas de gobernanza y gestión territorial.
Es dable entender que las políticas climáticas deben ir de la mano con el reconocimiento y protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos territoriales. La seguridad en la tenencia de la tierra es clave para fortalecer su resiliencia y capacidad adaptativa frente al cambio climático.
Asimismo, es necesario establecer salvaguardas sociales y ambientales sólidas en los mecanismos de financiamiento climático para evitar que las medidas de mitigación, como la reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación de bosques (REDD+), terminen quebrantando o no respetando los derechos de las comunidades indígenas.
El fortalecimiento de los medios de vida tradicionales y la promoción de economías indígenas sustentables deben ser componentes centrales de las estrategias de adaptación. Esto debe complementarse con programas de protección social que reduzcan su vulnerabilidad socioeconómica.
Es crucial también abordar las desigualdades de género que agravan los impactos del cambio climático en las mujeres indígenas. Se requieren medidas específicas para empoderarlas y fortalecer su resiliencia, reconociendo su rol clave en la seguridad alimentaria y la transmisión de conocimientos tradicionales.
En definitiva, garantizar la justicia climática para los pueblos indígenas implica no solo protegerlos de los impactos negativos, sino empoderarlos como agentes de cambio en la transición hacia sociedades bajas en carbono y resilientes al clima. Su cosmovisión holística y prácticas ancestrales de manejo sustentable de los ecosistemas tienen mucho que aportar en la construcción de un futuro más justo y sostenible para toda la humanidad».
Gastón Gaete Coddou, geógrafo
Académico de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Playa Ancha.
Fuente: Columna de opinión publicada en diario El Potosí, el domingo 1 de septiembre de 2024.