Violencia social y educación, ¿una cuestión de respeto?

La educación chilena transita, al igual que la sociedad en su conjunto, por momentos complicados, condicionada por la persistente vulnerabilidad de las comunidades en las escuelas públicas (un 80%, según datos JUNAEB 2023). Esta vulnerabilidad se agudizó durante la pandemia, alcanzando un 89% en 2021. Además, estas comunidades han debido afrontar las dificultades en el proceso de implementación del Sistema de Educación Pública (a través de los SLEP), que intenta revertir la municipalización, indicada como una de las fuentes de inequidad de las políticas educativas neoliberales.

Por otra parte, el aumento de la violencia social ha llevado al gobierno a presentar más de 50 proyectos de ley, además de la denominada “Ley Katherine”, en memoria a Katherine Yoma, docente de una escuela pública de Antofagasta que acudió dramáticamente al suicidio ante reiterado acoso y amenazas por parte de una alumna y su padre. Su historia nos recuerda a Karin Salgado, trabajadora de un hospital de Chillán que se quitó la vida por sufrir acoso laboral, dando origen a la vigente “Ley Karin”.

El proyecto de Ley Katherine establece que, ante situaciones de este tipo, “el establecimiento educacional deberá adoptar, a la brevedad, todas las medidas de resguardo sicológico y seguridad física que sean necesarias, a fin de proteger la integridad y dignidad de la víctima” (Art. 16 F). En el fondo, lo único que hace la ley es obligar a la institucionalidad a tomar medidas para la protección de los derechos y la dignidad humana de sus docentes, cuestión imprescindible, pero que hasta hace algunos años no se veía desde el congreso como imperiosa necesidad, lo que nos obliga a preguntarnos ¿por qué ya no se respeta a docentes y/o trabajadores públicos de la misma forma? ¿Se trata de un problema de autoridad generalizado? ¿Cuáles serán las consecuencias?

Si bien las respuestas pueden ser múltiples, algunas consecuencias ya están a la vista. La reiteración de actos violentos contra docentes, las precarias condiciones laborales y lo vivido en pandemia sin duda han impactado en los deseos de las nuevas generaciones por convertirse en docentes, observando una caída de matrícula pedagógica de 35% entre 2018 y 2021, acumulando un descenso de 10,1% entre 2020 y 2024, según datos del Servicio de Información de la Educación Superior (SIES).

Este problema constituye una fuerte amenaza para el sistema educativo, para el gremio docente y, por lo tanto, para la sociedad en su conjunto. Pone en riesgo uno de los derechos fundamentales que toda sociedad debiera cautelar como uno de sus tesoros más preciados: el derecho a la educación. En vista de ello, habrá que enfocarse en históricas demandas del gremio: mejoras de condiciones laborales y, sobre todo, una política de reconocimiento y de respeto al profesorado. Ambos son requisitos indispensables para que cada estamento de la sociedad construya una convivencia democrática real y auténtica desde la educación, ya que, de lo contrario, el camino que resta es la barbarie.

 

David G. Miranda
Académico Universidad de Playa Ancha,
Coordinador Doctorado en Educación Consorciado

 

Fuente: columna publicada en El Mercurio de Valparaíso, domingo 4 de agosto de 2024 (acceso para suscriptores).