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En la Sala Carlos Pantoja de Casa Central se efectuó el “Conversatorio Constitucional: Constitución 1980 y propuestas año 2022 y 2023. ¿Tres Modelos de Sociedad?”, iniciativa organizada por el Departamento de Género, Política y Cultura y el Observatorio de Política, Género y Trabajo, dependientes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, en el marco del Plebiscito Constitucional que vivirá nuestro país este domingo 17 de diciembre.
En la oportunidad, el ex vicepresidente del Consejo Constitucional y ex rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle Acevedo; la magíster en Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y académica de Derecho Constitucional, Scarlett Valdés Pizarro; y el doctor en Derecho y docente de Derecho Constitucional de la UPLA, Hugo Tórtora Aravena, dieron a conocer sus análisis y reflexiones en torno a las propuestas que han emanado para la Nueva Constitución Política de la República, realizando contrastes con la del 1980, pero poniendo foco al texto que próximamente deberá ser votado “a favor” o “en contra” por la ciudadanía.
Cabe señalar que la nueva propuesta 2023, fue elaborada por el Consejo Constitucional electo el 7 de mayo de 2023 (liderado por su presidenta Beatriz Hevia Willer del Partido Republicano de Chile), y aprobada el pasado 30 de octubre con 33 votos a favor (Republicanos y Chile Vamos) y 17 en contra (Unidad para Chile).
Bajo la presencia de la comunidad universitaria, es decir, autoridades, académicos, académicas, funcionarios, funcionarias y estudiantes, la y los invitados tuvieron 15 minutos para exponer, antes de pasar a la ronda de preguntas del público compuesto, en su mayoría, por especialistas de diversas disciplinas de las Ciencias Sociales.
El primero en brindar sus opiniones fue Valle, quien consideró que el texto 2023 resultó ser básicamente la expresión de una alianza y mayoría política, que busca garantizar su hegemonía, disminuyendo, a su vez, el pluralismo político y cultural. Entre los diversos temas abordados, aseguró que la nueva propuesta nos pretende llevar a un extremo entre la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, como también sobre la base de un discurso de libertades que entra rápidamente en contradicción.
Además, consideró que la propuesta se encuentra lejos de garantizar un Estado social y democrático de derecho, no obstante, “reconoce formalmente derechos sociales, incluso, establece un único recurso de protección para cinco de ellos, es decir: salud, educación, vivienda, seguridad social, acceso al agua y al saneamiento. Genera una institucionalidad para responder a las bases, pero, ¿cuál es la regulación del derecho a la seguridad social? Se constitucionalizan las AFP, se constitucionalizan las Isapres, entonces, ahí hay un déficit grave, porque obviamente son materias en las que no tenemos acuerdo y tenemos razonables desacuerdos”. La idea era que esos instrumentos de política pública no quedaran definidos en la Constitución, sino abiertos al legislador democrático, precisó.
Asimismo, Valle manifestó que intervenir los sistemas tributarios desde la Constitución “es una conducta primitiva desde el punto de vista jurídico. Es una conducta de un país que tiene instituciones jurídicas poco desarrolladas, poco evolucionadas. Tampoco es evolución que en la Constitución existan algunos beneficios penitenciarios, que se determine la extensión de las contribuciones; que se determine reducir la Cámara de Diputados”, por ejemplo.
Ante ello, afirmó que se da la paradoja de quienes reclaman y de quienes necesitan certidumbres y estabilidad: “A mi juicio, la votación en contra conduce a una mayor certidumbre, en el sentido de que conocemos cómo ha funcionado el texto. Hay jurisprudencia, se han discutido ciertos temas a la luz de la constitución de izquierda, se han tomado decisiones, han existido avances en políticas públicas, el sistema judicial ha reaccionado, ha sabido adaptarse, pero esto abre una Caja de Pandora de algo que nos traerá nuevos conflictos, asimismo, reabrirá conflictos que de algún modo como país habíamos logrado encausar”.
Por su parte, Scarlett Valdés Pizarro, durante sus exposición consideró que hay claridad en torno a la existencia de dos modelos de sociedad en Chile, pero que no pueden haber dos. “Estos se identifican con un estado de bienestar, que en Europa avanzó hacia el Estado social y democrático de derecho, y el modelo subsidiario, el cual no avanza, sino que fracasa. El que tenemos hoy (que está consagrado aún en la constitución del 80’), es el último enclave que nos queda por desentrañar”, planteó la abogada.
En relación a los contenidos de la actual propuesta constitucional, Valdés comentó que en materia de seguridad social, el texto se refiere a un modelo que no sólo no establece los principios básicos como el de la solidaridad, la universalidad, la equidad, la calidad de los servicios, “sino que obliga y clausura el debate democrático”. En cuanto a salud, se plantea que si el Estado puede apoyarse en los privados para ejecutar la prestación de salud, con esta Constitución tendría la obligación de realizarlo a través de modelos. En educación, se constitucionaliza el homeschooling, “lo cual relativiza el principio de autonomía progresiva de los niños y niñas y adolescentes, al dejar la formación como algo privado más que público, entregando el deber de la formación a las familias, sin tener en consideración que en muchos de los casos los niños y niñas son precisamente vulnerados por sus padres”.
Valdés manifestó incluso, durante su intervención, que “no puede ser que se constitucionalice el modelo que te paga por asistencia de estudiantes, dejando a la Educación Pública sin el aporte basal. Si ya tiene complejidades con ese aporte, imagínense sin él, estaríamos como en el paralelo en materia de contribuciones del Fondo Común Municipal. Se cerrarían cada vez más escuelas, lo cual es muy catastrófico. Entonces, se aumentarían las brechas de desigualdad de acceso a la educación e incentivaría a que exista más lo privado por sobre lo público”. Y a esto se le añade que, de acuerdo al nuevo texto, por lo menos un 50% del currículo educativo podría ser determinado por los establecimientos educacionales.
En la propuesta, se habla de la libertad de conciencia, de religión, de pensamiento, del respeto, pero después comprende la objeción de conciencia. En esta materia, la especialista estimó que “esta Constitución tiene grandes anomalías, una ve anomalías jurídicas que no existen en el mundo, o sea, el nivel de innovación que hay en algunas materias es impresionante”.
Incluso, explicó que uno de los incisos establece que el Estado de ninguna forma ni bajo ningún mecanismo podrá apropiarse de los fondos previsionales, porque cada persona es dueño y tiene derecho de la propiedad de sus fondos, lo cual genera riesgo en la posible inconstitucionalidad de la Ley “Papito Corazón” o N° 21.484, que propende al pago de alimentos.
Hugo Tórtora Aravena, desarrolló un crítico y completo análisis de la estructura orgánica de la Constitución 2023, del sistema democrático y cómo fueron diseñados los órganos, además de dar conocer las imprecisiones técnicas del documento. “Si uno revisa y va más al detalle, nos encontramos efectivamente con algunos problemas severos, que tienen que ver con una concepción restringida de democracia y otros, derechamente, con una falta de rigurosidad en el diseño y redacción del texto”, advirtió el especialista en Derecho Constitucional.
Cuando se dio inicio a los procesos constituyentes a partir de la revuelta social, se buscó sistematizar los principales puntos en debate para la co-construcción de nueva constitución, a lo cual Tórtora dijo: “si hacemos el esfuerzo por verificar si quedan resueltos o no en la propuesta, podemos encontrar una mirada bien desesperanzadora”.
Además, estimó que en el texto se plantea un estado social de derechos a medias, ya que “no hay una acción de protección para los derechos sociales y los derechos de la mujer. Podríamos hablar de la revuelta, dado que enarboló toda una mirada feminista. Entonces, ¿cuánto queda de los avances que se habían conquistado a partir de la paridad, del establecimiento de una vida libre de violencia de género?”. En torno al medio ambiente, el abogado comentó que la propuesta no es regresiva respecto de lo que actualmente establece la Constitución del 80′; sobre los pueblos originarios, cree que hay un reconocimiento a medias; sobre Tribunal Constitucional, que queda reconocido con bastantes imperfecciones; y sobre la descentralización, que existe cero avance al respecto.
“Entonces, cuánto se avanzó en los grandes temas. Mayor democratización, participación cero. Se habla de la seguridad como nuevas garantías, pero ya hemos visto de qué manera la propuesta constitucional al exigir que los tipos penales y los delitos queden completamente definidos en la ley, puede significar a futuro, por ejemplo, que pueda ser inconstitucional la persecución de ciertos delitos ligados al narcotráfico. Se elimina lo de la propuesta anterior, respecto a que las personas que habían sido condenadas por ciertos delitos no podían postular a cargos de elección popular, entonces, la seguridad también queda entredicho”, aseguró.
Tras sus palabras, Tórtora invitó a reflexionar en torno a lo que algunos autores plantean, en cuanto a que “supuestamente, las constituciones están hechas para limitar el poder y, supuestamente, las constituciones están hechas para proteger los derechos de la minoría. El problema es cuando discutimos cuál es la ideología que queda protegida. Se supone que las constituciones deben proteger a las minorías más desvalidas, pero cuando las constituciones son barajadas para proteger a las minorías más poderosas, entonces esas constituciones no sirven, son tramposas. Y eso es lo que podríamos estar decidiendo este fin de semana”, concluyó el especialista.
Segundo conversatorio constitucional
Tras la iniciativa efectuada en Casa Central, se celebró un Conversatorio Constitucional en el Auditorio de la sede Gran Bretaña, el cual fue organizado por la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales, en el marco de la previa al plebiscito.
La oportunidad, fue presentada y moderada por el director de carrera, Pablo Gómez Manzano, y contó con la participación de las académicas Carolina Carreño Orellana (Derecho UPLA) y la ex consejera constitucional, María Pardo Vergara, quien se desempeñó como docente de la institución hasta el 2022. Ambas profesionales desarrollaron una serie de planteamientos críticos respecto del proyecto de Constitución de 2023, en materia de la consagración de la familia y en cuanto a las problemáticas de armonía del proyecto actual, y compartieron tales puntos de vista con la comunidad universitaria y la sociedad civil que acudió a esta instancia.
