
“El proceso socioeconómico de un país trae aparejado el crecimiento gradual de los diversos sectores de la economía que, a decir de los especialistas, se componen de cinco divisiones y, en cada uno de ellos, debe existir indefectiblemente una masa crítica de personas que con su quehacer permitan una dinámica propia que posibilite sostenerse y crecer el área en el cual se insertan como trabajadores, cualquiera sea su labor, y que impulsen en la conjunción de sus sinergias las actividades que se van desarrollando en una matriz de gestión debidamente planificada y establecida para alcanzar la concreción de objetivos y, por ende, el cumplimiento de metas.
En consideración de lo anterior, se produce un flujo de ingresos que va a determinar las rentas que influirán en la posibilidad de las personas en lo individual o grupal el acceso a diversos bienes y servicios, y cuya cuantía se mide mediante el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Este último, en consonancia con las Naciones Unidas (NU), puede ser entendido como un indicador que analiza la salud, la educación y los ingresos, que para el caso de la realidad y válido para septiembre de 2022, nos posiciona como país en el número 42 dentro de las 191 naciones y territorios con un índice 0,855 puntos, donde la escala de 0 a 1 mide el nivel de desarrollo.
Claro está que para mejorar este indicativo se requiere que la población económicamente activa posea cada vez mejores competencias tanto duras como blandas, para ir adaptándose a la celeridad de los adelantos tecnológicos que están determinando cada vez especializaciones y, por lo mismo, es preciso que la educación tenga una consonante de continuidad de estudios. En ese sentido, ha quedado en evidencia que se precisa de una nutrida gama de especialistas que se tipifican en el concierto técnico, existiendo una profusa demanda de ellos y, por lo mismo, una alto grado de empleabilidad en el corto plazo.
En Chile, para ir en paralelo al crecimiento nacional, el Estado con una visión a largo plazo creó el 26 de agosto de 1942 mediante Decreto Supremo N° 64.817, la Dirección de Educación Profesional, reconociendo la importancia de esta modalidad educativa para el desarrollo productivo del país, lo cual reforzó la industrialización que trazó el gobierno del gran Presidente de la República y honorable aconcagüino don Pedro Aguirre Cerda, que entre sus lemas decía Gobernar es Educar y cuan cierto fue su visión de Hombre de Estado que el país pudo afrontar con asertividad un ciclo empresarial que requería y, hasta el presente, de profesionales técnicos. Dicha situación, al mes de agosto se estimó que 3 de 4 trabajos demandan a un técnico profesional y, aun así, el país necesita entre 600.000 a 700.000 técnicos para cubrir la demanda laboral, déficit que se puede entender mediante la opinión de Leopoldo Ramírez, quien reveló que la insuficiencia de técnicos calificados se explica porque «históricamente, la Educación Superior Técnico Profesional ha sido olvidada por las autoridades a la hora de diseñar e implementar las políticas públicas. Según han reconocido las propias autoridades ministeriales, menos del 20% del financiamiento del Estado a educación superior se ha destinado al sector técnico profesional e históricamente los beneficios estudiantiles han favorecido más a las universidades que a los centro de formación técnica e institutos profesionales». A su juicio, «esa situación de evidente menoscabo repercute en que los alumnos terminen eligiendo carreras tradicionales, preferentemente en universidades. Y eso ha gatillado en que hoy exista este déficit que constata la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)».
La situación señalada conlleva un gran desafío en la formación técnica, hecho que en palabras de Enrique Calderón reflexiona que «la educación técnica representa un camino para las y los jóvenes del país de crecer y desarrollarse como seres humanos integrales y de valor para la sociedad. Genera también una respuesta a corto plazo para mejorar crecimiento económico personal y familiar, y de contar con la flexibilidad de laborar para quienes deseen continuar con estudios superiores».
En síntesis, se hace indudable que la orientación del quehacer educacional fomente desde ya una oferta con nuevas, sustentables y sostenibles carreras técnicas a las y los interesados en procura de responder a los desafíos inherentes al cuarto ciclo de la Revolución Industrial, del cual Chile no está exento tanto como Estado y sociedad”.
***Gastón Gaete Coddou, geógrafo y académico de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Playa Ancha.
Columna de opinión publicada en diario El Trabajo de San Felipe, el miércoles 16 de noviembre de 2022.