Acusan desinformación y cerco comunicacional en torno a las aprobaciones sobre derechos sociales de la Convención Constitucional

Ignacio Rojas, académico.

Los derechos sociales – como la seguridad social, la salud, la vivienda, laborales y educacionales – aprobadas recientemente por la Convención Constitucional, son clave para pensar en un marco normativo que permita asegurar mejores condiciones de vida para la población del país.

Así lo planteó el geógrafo Ignacio Rojas, académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), quien sostuvo que esta aprobación permite, por ejemplo, recomponer el rol del Estado en temas fundamentales que, a lo largo de la historia, no han sido plasmados en los textos constitucionales o han estado regulados por los privados y el empresariado. Respecto a los derechos particulares que se aprobaron, y de acuerdo a mis temas de estudio, destacó dos temas que a su juicio son fundamentales: el Derecho a la Vivienda y el Derecho a la ciudad y al territorio.

“El derecho a la vivienda permitiría demandar al Estado por el cumplimiento de un derecho universal, que ha sido complejo de abordar durante el Siglo XX por los diferentes gobiernos y dictaduras en Chile, y que se ha plasmado en cuatro problemas fundamentales como son: el déficit habitacional, la materialidad de la vivienda, el hábitat y el acceso. Temas complejos para la historia reciente del país producto de los intereses que algunas asociaciones gremiales, como la Cámara Chilena de la Construcción, han tenido sobre la producción de la vivienda y de ciudad en un modelo subsidiario post dictadura cívico-militar”, dijo el académico.

Agregó como ejemplo, que el déficit habitacional tiene una fuerte condición de clase, ya que solo afecta a los trabajadores y a las personas de bajos recursos, pero no así a las clases media-alta y alta, que puede acceder fácilmente a una segunda o tercera vivienda con carácter recreativo o comercial.

Ignacio Rojas destacó, además, la aprobación del miércoles 20 de abril, referido al derecho humano al agua y al saneamiento, lo que se vincula directamente con el tema de la vivienda. Sostuvo que un ejemplo en la Región de Valparaíso es el acaparamiento de agua en la provincia de Petorca, o el acceso al agua en los asentamientos informales de la ciudad de Valparaíso (una de las tres con el mayor número de campamentos) e, incluso, con temas referidos a la calidad del agua para su consumo. En su opinión, lo aprobado en la Convención Constitucional es muy relevante, pues aseguraría una mejor calidad de vida para las futuras generaciones y, especialmente, de tener servicios de calidad sin afectar la economía familiar o determinados por los intereses privados.

POLÉMICAS

En relación a la polémica que se generó en torno al derecho de propiedad, el académico mencionó dos aspectos que le inquietan:

“Me preocupa la desinformación y confusión que producen los representantes de la ideología de derecha en la población, sobre todo quienes dicen tener estudios de postgrado en las Universidades más importantes del mundo. El Derecho de propiedad no fue modificado, ni afectado con los apartados aprobados esta semana, incluso, el pleno de la Convención Constitucional aprobó el 30 de marzo del presente año el Derecho de propiedad, donde se especifica que: “toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, y a los que la Constitución o la ley declaren inapropiables”, dijo Ignacio Rojas.

También expresó su inquietud por los intereses particulares que se presentan por quienes difunden estas ideas, ya que el derecho de propiedad que algunos medios, políticos y figuras públicas difunden -dijo- solo busca perpetuar la desigualdad que nos llevó a una crisis social y política el 18 de octubre del 2019. Aseguró que esto se observa en la inversión que han realizado en propaganda y publicidad en radios, diarios y televisión para condicionar el voto de rechazo en el plebiscito de salida.

El académico criticó, en general lo que calificó como “desinformación y el cerco comunicacional que se está colocando a la convención, sobre todo -dijo- con información falsa hacia la ciudadanía, más que el trasfondo normativo y jurídico que se le puede otorgar al concepto de propiedad.

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