Frenar los efectos del COVID-19 en las Ues públicas

Como sociedad y como personas, estamos viviendo un momento histórico. Todos y todas, sin experiencia en escenarios de esta naturaleza, buscamos soluciones a nuevos temas y problemas, coconstruyendo un camino viable.

En la Universidad de Playa Ancha, agradecemos a funcionarios, académicos y estudiantes por entender lo que ocurre y dar lo mejor de sí para participar en la modalidad de trabajo o aprendizaje a distancia.

Un factor que complejiza la actual situación es que no sabemos cuándo puede terminar ni qué consecuencias pueda tener la pandemia. Sin embargo, ya vemos impactos graves: aumento de cesantía y de pobreza. En el caso de las universidades, también preocupa que el Estado manifieste que la educación superior no es prioridad hoy. Las prioridades son: salud, combate a la cesantía y aseguramiento de las cadenas de producción y distribución de productos básicos.

En este contexto, las universidades regionales (22) han visto impactados sus presupuestos en forma negativa este año. Sólo a vía de ejemplo: gastos no presupuestados $11.089 millones; disminución de ingresos por aranceles -$53.626 millones; impacto financiero por mayor duración de estudios -$17.465 millones y más. En tanto, las universidades metropolitanas tienen impactos menores por aplicación de un modelo que las favorece.

Compartimos la necesidad de superar lo antes posible la emergencia sanitaria, pero eso no puede significar que se abandonen otras áreas, dentro de las cuales la educación superior tiene una importancia estratégica. Es necesario manifestar que, mientras algunas instituciones luchan por superar sus problemas y ven amenazada su sustentabilidad financiera, paralelamente se han volcado a ayudar a la comunidad con sus sistemas y personal de salud, con investigadores buscando soluciones científicas, con contenciones psicosociales, e incluso, con aportes a la actividad física y cultural para hacer más vivible el confinamiento.

Sin abandonar otras prioridades, el Estado puede acoger las propuestas que hemos hecho para dar origen a un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior pública, que elimine asimetrías y atienda el desarrollo de las personas, del país y las regiones.

Entre las evidencias que deja la pandemia está la fragilidad y contradicciones del sistema actual, que las universidades públicas llevamos años advirtiendo. Es necesario tomar medidas para evitar el colapso de instituciones. Es claro que el modelo actual no responde a las efectivas necesidades, no atiende las diferencias territoriales, ni mira el futuro largo del país. Así lo entendieron los diputados de la Comisión de Educación, que rechazaron congelar el pago de aranceles durante la emergencia, evitando el colapso de algunas de nuestras universidades.

Estas instituciones, por su carácter público, deben contar con una estructura de financiamiento que mantenga a sus estudiantes resguardados de contingencias. Para ello, se requieren leyes que den a las universidades una real estabilidad financiera.

Llegará otro tiempo en que será recordado y analizado este momento histórico de Chile y el mundo. Entonces, será importante poder decir que hemos aprendido de esta dura experiencia y que la crisis fue la dolorosa oportunidad que tuvo el país para avanzar hacia una sociedad mejor.

 

Patricio Sanhueza Vivanco
Rector Universidad de Playa Ancha

 

Fuente: columna de opinión publicada en El Mercurio de Valparaíso, domingo 17 de mayo de 2020 (acceso para suscriptores).

 

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