El Proceso de Admisión a las Universidades del Consejo de Rectores y adscritas al sistema no quedó al margen de la convulsión social. La dos veces postergada Prueba de Selección Universitaria (PSU), cuya programación para mañana y el martes se mantenía inamovible hasta el viernes último, se posicionó en el centro de la atención cuando la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) ratificó la convocatoria a movilizaciones y boicot en su contra, por considerarla “profundamente segregadora” y porque según su opinión no debería efectuarse debido a la coyuntura que vive el país.
Por eso, una de las voces más consultadas ha sido la del rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), Aldo Valle, quien planteó que el organismo “tiene una obligación pública asumida a inicios del año 2019 y hoy ese deber es con los 297.437 inscritos en el Proceso de Admisión 2020, quienes tienen el derecho a rendir estas pruebas. En consecuencia, lo que le cabe es procurar que ninguna de las y los estudiantes se vea impedido de ejercer ese mismo derecho. Enfrentaremos esta situación con una mayor capacidad de recursos logísticos, de conformidad con los protocolos que ya existen”, enfatizó.
No se considera repetición de pruebas
También abordó las versiones que hacen referencia a una posible “militarización” de los lugares de rendición, lo que algunos sectores ven como una “provocación”. “La primera afirmación no tiene fundamento alguno. Por el contrario, el Consejo de Rectores ha hecho un esfuerzo constante por evitar toda sobrerreacción en cuanto a medidas de seguridad, que supongan una mayor presencia policial y en ningún caso de fuerza militar”, precisó.
Ante la posibilidad de suspender la Prueba ante reiteradas amenazas de sabotaje y si en ese caso se repetiría a quienes no la puedan rendir, esgrimió que los protocolos siempre consideran situaciones imprevistas de caso fortuito o fuerza mayor. En un escenario como ese “se podrá diferir los horarios de inicio de las pruebas, y dependiendo de la magnitud del impedimento se contempla el traslado a establecimientos alternativos predeterminados”. Y recalcó que “no se considera la repetición de pruebas al margen de este proceso, por esa misma razón es muy importante que los y las estudiantes asistan a rendir la pruebas los días 6 y 7 próximos”.
Sobre la existencia de una versión de la PSU distinta, algo así como un Plan B, en caso de que haya que repetirla en algunos casos, aclaró que el test considera diversas formas. “Es decir hay varias pruebas equivalentes en cuanto al diseño de los ítemes y su grado de dificultad. En consecuencia ningún estudiante estará expuesto o expuesta a una desventaja, ya sea al momento de rendir las pruebas o en el cálculo que corresponda a su puntaje”, detalló.
Su llamado fue a que los postulantes asistan hoy al reconocimiento de salas y a rendir las pruebas mañana y el martes, haciendo referencia a relevantes consecuencias para el proceso de postulación y matrículas así como para los efectos de acceder a los beneficios estudiantiles como gratuidad, becas y créditos. “A las familias también queremos darle un mensaje de tranquilidad y confianza, porque hemos dispuesto de todo lo necesario para que ningún postulante se vea impedido de ejercer este derecho, que representa un hito tan significativo en la trayectoria educativa y personal”, señaló Valle.
Rectores se pronuncian
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“El llamado refleja desconocimiento respecto a los efectos que para cada estudiante tendría no rendir la prueba. La solidaridad con esta generación es permitirles que rindan estas pruebas con toda la tranquilidad que requieren para disminuir el estrés que toda evaluación produce”, planteó el rector de Universidad de Playa Ancha (Upla), Patricio Sanhueza.
La autoridad académica recordó por otra parte que “se han abierto otras vías de ingreso a las universidades, entre las que cabe destacar el ranking de notas que es el reconocimiento al estudio, trabajo y esfuerzo que demuestran las trayectorias estudiantiles. Además, muchas universidades tienen otras vías especiales de ingreso, como son: deportistas destacados, talentos de la música, descendientes de pueblos originarios, talentos artísticos, discapacitados, continuidad de estudios, etc. Por lo tanto, el ingreso a la universidad no depende sólo de una prueba”, que es otro de los cuestionamientos de los secundarlos que impulsan el boicot.
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“Más que estar preocupadas, las autoridades están ocupadas en garantizar el derecho de los y las estudiantes a rendir esta evaluación”, complementó Patricio Sanhueza. “La legislación establece un conjunto de derechos que nacen a partir de los resultados de estas pruebas, entre los cuales están los beneficios estudiantiles: becas diversas, gratuidad, alimentación, entre otras. Por supuesto que no queremos que estos derechos se pierdan, porque a nuestras universidades ingresan estudiantes talentosos y que los necesitan”.
Marta Castañeda:
“Lo que hay que plantearse no es cambiar la PSU, sino el modelo de educación que queremos”
“Uno no puede negar que la prueba sí tiene un componente de segregación, porque va a depender de los niveles de formación que tengan los estudiantes las formas sobre las cuales van a poder contestar. Y quienes establecen esto es porque, al ser una prueba objetiva, deja fuera distintos elementos que pudiesen ser evaluados de otra manera. Pero también hay que considerar que la cantidad de estudiantes que se evalúa es muy grande. Entonces hay que buscar un mecanismo que permita que esa evaluación se desarrolle de la manera más objetiva posible”.
Así lo plantea la doctora en Didáctica de las Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona y directora de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de Playa Ancha, Marta Castañeda, consultada sobre el carácter “segregador” y “obsoleto” que atribuyen a la PSU las organizaciones que están llamando a boicotearla.
“Respecto de rendir o no rendir la prueba, hay que diferenciar un elemento fundamental, y es que en educación estamos acostumbrados a improvisar los cambios. A los estudiantes que entraron en 2016 a primero medio con una estructura tal que terminado ese proceso iban a rendir una prueba, no corresponde cambiarles las reglas del juego e improvisar una nueva manera de evaluar”, expone la experta, quien opina que “lo que tenemos que plantear no es si cambiamos la PSU sino cuál es el modelo de educación que queremos para nuestro país y, desde esa estructura, generar los cambios” y determinar los instrumentos de evaluación que corresponda. “Si no, este llamado a boicot, este dar o no dar la prueba, se transforma en una medida parche más”.
Fuente: El Mercurio de Valparaíso, Cuerpo de Reportajes, domingo 5 de enero de 2020. Suscriptores pueden acceder al texto completo en este enlace.