Cruch analiza alternativas, riesgos y efecto de posibles incidentes en la PSU

La Prueba de Selección Universitaria (PSU) que se rendirá el 6 y 7 de enero enfrenta un escenario distinto. No solo porque es la última de su tipo, ya que para el próximo proceso de admisión el examen dependerá de la Subsecretaría de Educación Superior, la que le aplicará cambios. Además, porque la prueba se hará por primera vez en enero, luego de ser postergada dos veces producto de la crisis, y se desarrollará en medio de la incertidumbre por posibles intentos de sabotaje o de protestas que podrían ocurrir ese día, y que podrían perjudicar a las 297.437 personas que se inscribieron para rendirla.

Esto obligó al Consejo de Rectores (Cruch), que administra la PSU, y al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la U. de Chile, que la aplica en todo el país, a pensar en planes alternativos para abordar estas “situaciones emergentes”, como se les llama técnicamente.

De esta forma, se creó una mesa técnica entre esos organismos, Carabineros y los ministerios de Educación y del Interior, donde se advirtieron cinco posibles escenarios que podrían complicar a la PSU, los que van desde las protestas hasta intentos de saboteo, y los protocolos de acción según la cantidad de personas afectadas.

Uno de esos planes, por ejemplo, es que los postulantes que eventualmente se vean afectados en un local de rendición puedan dar la prueba nuevamente, ese mismo día o el siguiente, con facsímiles de reserva que tienen las autoridades.

Actualmente, el Demre ya cuenta con diversos protocolos para abordar “situaciones emergentes” que ocurran durante la prueba, como en casos de temblores o de problemas de salud de los jóvenes. Y los planes en casos de protestas seguirían esa misma lógica.

“El Demre y el Cruch han trabajado junto a Interior y Carabineros para tener todas las medidas que permitan a los jóvenes rendir la PSU en condiciones de seguridad”, dice la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Beneficios a alumnos

Pese a que existen planes de contingencia, un eventual problema en la PSU no solo afectaría la rendición misma de los postulantes, ya que el puntaje de la prueba está asociado a políticas públicas, como la entrega de becas y créditos, e incluso la asignación de la gratuidad, ya que según el resultado que logre un joven, podrá entrar o no a una institución con este beneficio.

El rector de la U. de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, dice que de ocurrir un problema de este tipo “habría que hacer una reforma legislativa para poder otorgar los beneficios con otros parámetros. Eso complica las cosas, atrasa los procesos, pero no queremos pensar siquiera en que tendremos que hacer un cambio legal”.

 

Fuente: La Tercera, sábado 28 de diciembre de 2019, portada y páginas 2-3. También hay disponible una versión web.