Universidades perjudicadas por apoyar la gratuidad

La gratuidad en la educación superior es una política de Estado, avalada por ley de la República, que valoramos por beneficiar a los sectores más vulnerables y por responder a una aspiración de amplios sectores de la sociedad chilena. Para miles de jóvenes y sus familias, significa la tranquilidad de ingresar y egresar de la universidad sin endeudarse.

Lamentablemente, el sistema tiene defectos y falencias que deben ser corregidos. No es posible que esta política de Estado termine trasladando parte importante del costo que significa su implementación a las universidades que la apoyan. Es doblemente contradictorio porque, por una parte, se deja de atender a los alumnos más vulnerables y, por otra, se atenta contra la calidad de las instituciones.

Uno de los principales problemas está en que la gratuidad solo abarca la duración nominal de las carreras, lo que constituye una irrealidad aquí y en la gran mayoría de los países del mundo. En general, los estudiantes sobrepasan este tiempo en cerca de dos años, un promedio que además es mayor en las regiones de Chile. Por ejemplo, en 2017, los estudiantes de universidades regionales sobrepasaron la duración de sus carreras en 2,6 años, mientras los de Santiago lo hicieron en 2,04 años.

Los principales afectados son los estudiantes más vulnerables. Llegan a la universidad con menos herramientas y más brechas socioculturales y de conocimientos. Debido a su condición, algunos de ellos se ven obligados a mantener otras actividades en paralelo, afectando el cumplimiento de esos tiempos y, al no cumplir la duración definida, pierden la gratuidad y enfrentan el fantasma del endeudamiento.

En vez de apoyarlos, el Estado los abandona justo en esa fase final de sus carreras, lo que genera una inmensa frustración. Por haber tenido gratuidad, solo pueden acceder a una rebaja del 50 por ciento del arancel durante el período en que sobrepasen la duración de su carrera, rebaja que nuevamente es en contra de las universidades que han apoyado a la gratuidad.

Así, las mismas universidades que ya incurrían en costos adicionales para paliar las brechas con que sus estudiantes vulnerables llegan desde la enseñanza media, ahora tienen que soportar una nueva carga.

Rectores y parlamentarios conscientes de este problema lograron que se aprobara el uso del 30% de los recursos recuperados del Fondo Solidario de Crédito Universitario para compensar y cubrir los déficits que se generan por la aplicación de esas disposiciones. Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazó esa parte de la ley de presupuesto 2019, al estimar que debía ser iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo por incidir en el gasto fiscal.

Discrepamos de esta decisión, ya que al utilizar los recursos recuperados por este fondo no se hace uso de los fondos generales de la nación ni se altera el presupuesto nacional.

El problema persiste, dejando en la incertidumbre a los estudiantes más vulnerables y empeorando la situación económica de las universidades, que aun así mantenemos nuestro compromiso social con esos jóvenes que merecen un futuro mejor. Esperamos una pronta solución, que ponga como límite el promedio real de duración de los estudios universitarios y no el nominal, pues es una ficción que no se cumple en Chile, en el resto del mundo y menos en regiones.

 

Patricio Sanhueza Vivanco
Rector Universidad de Playa Ancha
Presidente Agrupación de Universidades Regionales

 

Fuente: columna publicada en El Mercurio de Valparaíso, domingo 8 de septiembre de 2019.

 

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