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Estatales y el G9: las razones que produjeron el quiebre

Cuando los rectores Ennio Vivaldi y Juan Manuel Zolezzi dieron un punto de prensa el lunes en el Congreso, una hora antes del inicio de la votación de las glosas de gratuidad y becas, la fisura que hasta el momento se había mantenido disimulada al interior del Consejo de Rectores se hizo evidente.

“Pedimos que vuelva a haber un sistema de universidades estatales”, declaró Vivaldi.

“La única función pública, de acuerdo a la constitución, la tienen los órganos del estado”, añadió luego un ofuscado rector de la Usach, desconociendo el rol de instituciones como las Ues. Austral, de Concepción y Federico Santa María y dejando atónitos al resto de los rectores.

Argumentó además que no era legítimo que parlamentarios, en especial de la Nueva Mayoría, defendieran a estas casas de estudios. “Hay algunos parlamentarios que simplemente no le interesa el Estado de Chile, no les interesa la función pública y están comprometidos con otras universidades… me han defraudado”, remató.

Fue el comienzo de un lunes negro para el conglomerado al que siguió una votación que a nadie dejó contento porque, si bien como buena noticia incorporó recursos para instituciones externas al grupo de las 27, lo hizo sin garantizar que éstas estuvieran exentas de lucro. También porque el parlamento puso en espera decisiones clave para el funcionamiento de las casas de estudios durante el próximo año. Un ejemplo: la redistribución de los recursos por concepto del desaparecido Aporte Fiscal Indirecto, AFI, que en el presupuesto pasado se entregó en un 50% vía convenios y que éste debía replicar la fórmula. No fue así.

Otra vez la palabra que imperó para los rectores fue incertidumbre. “Las universidades que están en el consejo de Rectores, pero que no son estatales, hemos quedado muy preocupadas, muy inquietas porque se ha afectado los presupuestos de las instituciones al no considerar compromisos como el del AFI”, señaló el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, quien calculó en $800 millones la rebaja del financiamiento para su plantel.

El presidente de la red G9, Claudio Elórtegui, argumentó que frente a este escenario existe un riesgo importante para el quehacer de las instituciones, principalmente para las áreas de investigación, innovación, doctorados definidos como bienes públicos a los que van dirigidos los fondos basales.

Al calor de la discusión y ante acuerdos políticos apresurados, tendientes a evitar la llegada de Chile Vamos al Tribunal Constitucional, parlamentarios y rectores ajustaron posiciones, alejándose todos entre sí y quedando el Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), y el G9, enfrentados. Hoy todos hablan de crisis.

“Fuimos el sector más perjudicado, disminuyeron nuestros fondos basales en circunstancias que las estatales y las privadas pueden exhibir avances”, se quejó Elórtegui, también representante de la Universidad Católica de Valparaíso.

Del otro lado del espectro, el rector Zolezzi manifestó públicamente que las diferencias con las nueve no estatales se han acentuado y que incluso debiera analizarse esta alianza entre las instituciones. “Las estatales tendrán que defenderse solas”, dijo.

También desde el mundo estatal, el presidente de la agrupación de Universidades Regionales y rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, tuvo una posición diferente a la de Zolezzi. Sanhueza lamentó lo ocurrido y declaró que “da muy mala imagen que existan estas divisiones” . Abogó por retomar el diálogo, algo para lo que, dijo, la reunión de enero en Arica podría ser una buena instancia.

Para el rector de la Universidad de Concepción, es evidente la existencia de una crisis. “No podemos negar que ha habido un quiebre. La semana pasada todo era unidad y buscar acuerdos comunes y después una carta del presidente del Cuech a los parlamentarios y declaraciones de poca amistad cívica de parte del rector de la Usach”.

Para el rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Christian Schmitz, el problema principal de los acuerdos políticos logrados esta semana es que pueden eternizarse y pasar a ser parte de la ley larga. Entonces, decisiones tomadas en muy pocas horas pasarían a ser definitivas. “Estamos planificando financiamiento para 2017 cuando en realidad todo esto debiera ser parte de una ley marco”, argumentó.

Eso, dijo, es una de las preocupaciones que más tensiona los ánimos al interior del conglomerado. “Sorprende escuchar y ver las pasiones hasta el resentimiento de algunos colegas. Me parece una mala señal”, declaró Schmitz.

Por el momento está pendiente ver cuál será la solución que entregará el gobierno a los planteles en materia de financiamiento y en los próximos días podrían presentarse algunos proyectos para corregir algunos de estos aspectos como temas arancelarios y la entrega del AFI.

Reacción de parlamentarios

No es legítimo lo que algunos parlamentarios hacen, dijo Zolezzi, aludiendo a la defensa que varios de ellos han hecho de los planteles de cada región y donde, por ejemplo, el caso de la Universidad de Concepción ha tomado protagonismo, debido al respaldo de diputados y senadores a la casa de estudios.

Consultados algunos de ellos sobre las declaraciones del rector de la Usach, manifestaron que mantendrán su posición y lamentaron los dichos de la autoridad académica de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Qué dijeron?

– Cristián Campos: “Es completamente legítimo. Nosotros tenemos una identidad regional con una universidad que fue creada por ley que tiene una vocación pública de la que hemos sido testigos año a año… Lo que buscamos es que aquellas universidades que tienen una historia y un compromiso con la investigación, con la ciencia y la tecnología tengan una voz en el parlamento y si nosotros los parlamentarios regionales no somos esa voz, entonces no las defiende nadie”.
– Jacqueline van Rysselberghe: “Lamento profundamente las palabras del rector Zolezzi y creo que es un profundo error creer que sólo las universidades del Estado cumplen una función pública en nuestra sociedad. Esa es una mirada sesgada, incorrecta y poco integradora de la diversidad social y, sobre todo, regional que existe en nuestro país. En lo personal, no estoy disponible para desconocer la existencia de la Universidad de Concepción en la ley de Educación, y menos para dejar excluidos del sistema de gratuidad a cientos o miles de jóvenes y sus familias de la región del Bío Bío que, teniendo los méritos y las capacidades para estudiar en la UdeC, no lo puedan hacer porque algunos quieren que se les de la prioridad del financiamiento estatal a las universidades Estatales”.
– Víctor Pérez: “Me parece que son injustas y desinformadas. Vuelvo a decir que podrán haber universidades igual de públicas que la de Concepción, pero nunca más públicas que ella. Lo que quieren algunos es estatizarla o castigarla. Lo que uno busca es tratar con justicia a un plantel que ha sido un aporte a Chile incluso más que algunos estatales”.
– Felipe Harboe: “Es muy legítimo que planteen eso, pero yo me he jugado por nuestra región, porque a mí me eligieron como representante de la Región y en ella no es posible desconocer el aporte que la UdeC ha hecho, sin dejar de mencionar también lo hecho por la Universidad del Bío Bío”
– José Miguel Ortiz: “Yo siempre he sido claro y categórico en mi defensa a la Universidad de Concepción, a la Austral, a la USM y también a las seis católicas, porque es innegable el rol que estas instituciones cumplen”.

 

Fuente: Diario Concepción, 4 de diciembre de 2016.

 

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