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Consejo para la Calidad de la Ed. Superior no genera consenso

RectoresNo será sino hasta mañana [UPLA: se refiere al martes 9 de agosto], cuando se reúnan los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación, que el organismo asumirá una posición formal ante la creación de un Consejo para la Calidad de la Educación Superior. Sin embargo, la conformación de esta nueva entidad genera desde ya ruido entre distintos actores de la Educación Superior, quienes estiman deja flancos abiertos para la influencia política en la designación de su representantes.

“Aparece un consejo que es nombrado por el sistema de Alta Dirección Púbica y que va a depender de la subsecretaría, lo que no da garantía de que las personas que lleguen allí no puedan ser en algún momento influenciadas por el gobierno de turno”, observó al respecto el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy.

Son esta nueva institucionalidad junto con la asignación de recursos vía glosas presupuestarias y la promesa de gratuidad universal adaptada a un porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto, aspectos que a juicio de los representantes locales en el Cruch pueden dejar abierta la puerta a la politización de la actividad educacional futura.

Lavanchy, por ejemplo, se manifiesta a favor de mantener la actual CNA, ante la ausencia de garantías que ofrece este nuevo sistema.

Su par de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Christian Schmitz, apunta, en cambio, a la mejora del proceso de Alta Selección Pública, que presenta vacíos como la vía de elección de subrogancias y la duración de éstas. Para Schmitz, estas “sutilezas propias del mecanismo” deben ser mejoradas independientemente del proceso de reforma que vive la educación y que afectan además a otros procesos.

“Estimamos que sería necesario reforzar la autonomía no solamente en la designación de su máximo representante, sino también la operatividad”, señala el rector.

Tanto Lavanchy como Schmitz consideran que la actual CNA dejó atrás lo ocurrido en 2010 con la Universidad del Mar y si bien es mejorable, no puede ser juzgada por lo ocurrido en aquella época.

También lo reconoce así el rector de la Universidad del Bío Bío, Héctor Gaete, para quien lo ocurrido entonces “fue un problema que generaron una o dos personas. No se podría decir que la CNA tenía un problema generalizado, eso no es cierto, pero generó un impacto muy negativo en la credibilidad de este organismo”.

Para Gaete la reforma avanza en la creación de una nueva institucionalidad por cuanto reduce el riesgo de colusión entre planteles, al ser éstos quienes elegían a la agencia que los acreditaría. Decisión que a partir de su puesta en marcha le corresponderá al Consejo. “El riesgo allí siempre fue la colusión por la relación cliente mandante”.

Donde hay acuerdo entre los tres representantes es en la inadecuada asignación vía glosa de los presupuestos.

Gaete apunta a que el mecanismo no especifica, en primer lugar, el monto a entregar, ni garantiza una cobertura a los gastos necesarios de los planteles. La solución para el rector UBB estaría dada por la inclusión de una fórmula en función del PIB, que se hiciera cargo de la variación de la disponibilidad de recursos del Estado de acuerdo a la contingencia económica, pero que, al mismo tiempo, ofreciera estabilidad a las instituciones.

“Las universidades requieren de un aporte de tipo basal para poder operar. Me parece demasiado delicado, porque esto implica que se dependerá de los planteamientos que pudiese tener un gobierno determinado”.

Lavanchy agrega que se trata de una preocupación transversal en el Cruch, puesto que “el proyecto de ley no resuelve la inestabilidad de estos recursos”, así como deja un vacío también en cuanto al rol de las públicas no estatales. “Hay que fortalecer a estas otras universidades que, sin ser del Estado, han demostrado ser de función pública”.

Schmitz advierte que estos son factores que deben ser cuidados a la hora de votar la reforma, por cuanto asegura que el riesgo de politización existe. “Las universidades estatales no deben transformarse en universidades gubernamentales, sería deseable que los mecanismos de asignación sean más permanentes y no que puedan ser adaptados a las necesidades de los respectivos gobiernos de turno. Mantener mecanismos flexibles que pueden variar los fondos basales para universidades estatales pareciera que pudiera abrir una puerta para futuros abusos”.

 

Información publicada por Diario Concepción, lunes 8 de agosto de 2016.

 

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