Educación superior y gratuidad

El proyecto de ley de presupuesto nacional 2016, presentado esta semana al Congreso Nacional, contempla la anunciada gratuidad en la partida de educación superior, procurando así dar cumplimiento al compromiso presidencial anunciado el 21 de mayo pasado. Para estos efectos se destinan $ 537 mil millones de pesos que provienen de recursos nuevos que se generan desde la reforma tributaria u otros que se agregan por la vía de reasignaciones y absorciones de otros recursos o programas contemplados en el presupuesto anterior.

El inicio de la gratuidad el próximo año es un paso y una señal de política pública dirigida a la población estudiantil y a sus familias, en especial la de menores ingresos, que se ha visto gravemente afectada y perturbada por una educación superior excesivamente cara. La medida trata también de cumplir en forma parcial un compromiso expreso del actual gobierno, avanzando así hacia una sociedad que procura elevar a la educación a la categoría de derecho social. Las condiciones de la economía mundial han impactado seriamente a países emergentes como el nuestro, afectando el crecimiento del PIB, lo que hace más comprensible que estos avances se hagan en forma progresiva. Sin embargo, no hay que olvidar que, hace más de cuarenta años, Finlandia puso a la educación como la tarea más prioritaria de la nación, instalando las condiciones para un desarrollo basado en el conocimiento del que hoy disfruta ampliamente.

La glosa correspondiente fija ciertas condiciones para acceder al beneficio de la gratuidad. Las instituciones que cumplan las condiciones establecidas deben elegir voluntariamente adscribirse al sistema de gratuidad. Las mismas deben comprometerse a no crecer en más de un 2,7% de estudiantes nuevos matriculados. Se establece también que la gratuidad beneficiará a los alumnos de los cinco primeros deciles de menores ingresos del país, cifra de supuestos beneficiarios -aún indeterminados- pero que se supone en aproximadamente doscientos mil, que se matriculen en universidades del consejo de rectores y en universidades creadas después de 1981, las que no podrán tener fines de lucro, deberán poseer acreditación de cuatro años o más y demostrar participación interna. Además la gratuidad se extiende a alumnos que se matriculen CFT e IP que no tengan fines de lucro y se encuentren acreditados.

El Estado transferirá a las universidades el valor de los aranceles referenciales de los alumnos beneficiados, que se calcularán por tramos conforme a los años de acreditación de las instituciones y a los promedios resultantes. Además el Estado transferirá a las instituciones de educación superior que se adscriban a este sistema hasta el 20% del diferencial entre el arancel referencial y el real.

Un punto que debe ser observado y estudiado es que la gratuidad dura hasta el tiempo nominal de las carreras, lo que significa que la gratuidad se perderá cuando el alumno prolongue sus estudios. Esto último constituye una irrealidad en Chile y es un cambio respecto a los planteamientos anteriores, que permitía que el financiamiento acompañara al alumno por un año más del tiempo nominal de la carrera. Además, la glosa establece que los alumnos matriculados antes de 2016 no podrán gozar de este beneficio si han prolongado sus estudios más allá del tiempo nominal, situación que deberá ser revisada a la luz de la realidad.

En síntesis y sin perjuicio de un mayor análisis de la glosa presupuestaria correspondiente, el beneficio es para satisfacer parcialmente una necesidad sentida por estudiantes y familias y en tal sentido positiva. No constituye una política para el fortalecimiento de la educación superior pública y conserva claramente el sistema de subsidios a la demanda. En este sentido no cambia el modelo existente. Sin duda que esta medida es transitoria y regirá en 2016, pero esperamos de verdad lograr una reforma profunda a la educación superior, que permita claramente fortalecer a la educación superior pública y en especial a la que se imparte y desarrolla en las regiones de Chile.

 

Un extracto de esta opinión fue publicado como columna en El Mercurio de Valparaíso, sábado 3 de octubre de 2015