¿En qué está la reforma de la educación superior?

La reforma de la educación superior es un proyecto “que seguirá evolucionando hasta el momento en que se presente en el Parlamento”, donde seguramente se le harán otros cambios. “Por eso que es necesario que estemos pendientes, puesto que el resultado final de esta iniciativa es responsabilidad no sólo del Gobierno sino que de todos los actores relacionados”, dijo Antonio Salinas Zapata, integrante del equipo que trabaja en la reforma mencionada, en el Ministerio de Educación, en el conversatorio que sostuvo con académicos y funcionarios de las universidades de Playa Ancha y de Valparaíso.

La reunión se efectuó en la Sala Rubén Darío de la Universidad de Valparaíso, con la presencia de académicos y funcionarios de ambos planteles; dirigentes de la Federación de Asociaciones de Académicos de Universidades Estatales de Chile, Fauech, encabezados por su presidente nacional, Dr. Carlos Gómez, y dirigentes de las asociaciones de académicos de las mencionadas universidades estatales, lideradas por sus respectivos presidentes, Bernardo Soria y Violeta Flores.

En su exposición, Antonio Salinas planteó que la reforma de la educación superior forma parte de una iniciativa que busca transformar toda la educación chilena y que está estrechamente vinculada a otros cambios estructurales, como la Reforma Tributaria, que proporcionará los recursos económicos para concretarla.

Agregó que esta reforma considera a la educación no como un negocio, sino como un derecho social y como un derecho humano fundamental que busca la inclusión, la equidad y la participación democrática de todos sus actores.

Expresó también que es una reforma que propugna una educación sin fines de lucro, con gratuidad universal, como fundamento de igualdad y de integración social, lo que se equilibrará con el cobro de mayores impuestos a los que tienen más.

Esta gratuidad beneficiará, el próximo año (2016) a los grupos más vulnerables, pero cubrirá el 100 por ciento, según lo previsto, el 2020.

La reforma, dijo Antonio Salinas, no contempla financiar la demanda y sí a las instituciones de educación superior que cumplan con requisitos objetivos. En este tema, acotó, las universidades del Estado van a tener un trato preferente, por la vía de fortalecer, por ejemplo, la investigación, la vinculación con el medio y programas especiales.

El personero informó además que el acceso a las universidades no será universal, como ocurre en otros países. Habrá un sistema común de ingreso, tipo PSU pero modificada, mejorada. Se mantendrá también el ranking de notas y, como sistema inclusivo, se apoyará no solo el ingreso, sino que también la permanencia y la titulación de los estudiantes más vulnerables.

Sobre la calidad, enfatizó que todas las universidades y carreras deberán estar acreditadas. Ahora no bastará con iniciar el proceso de acreditación, como lo señala hoy la ley. Las instituciones y programas deberán acreditarse “de verdad” y si no lo logran, deberán dejar de funcionar.

Al respecto, dijo que habrá una agencia estatal de acreditación, desapareciendo las actuales agencias de acreditación privadas, que han sido criticadas en muchos aspectos.

En cuanto a la nueva institucionalidad que promueve la reforma, se creará una Subsecretaría de Educación Superior y una Superintendencia de Educación Superior que vigilarán la calidad de los procesos.

Entre los temas tratados a raíz de las numerosas preguntas recibidas luego de la exposición, destacaron dos:

El referido a los aportes directos del Estado a las universidades estatales; aportes basales sobre los cuales no hay claridad, ya que los aportes mencionados por el funcionario ministerial están relacionados, por ejemplo, a convenios de desempeño, y el que tiene que ver con recursos humanos.

Antonio Salinas planteó que el Ministerio está abierto a propuestas relacionadas con el personal que labora en las universidades estatales como la UPLA (académicos y funcionarios).

Cabe destacar que esta reunión fue organizada por la Asociación de Funcionarios Académicos, AFA, de la Universidad de Playa Ancha, con el apoyo de la AFA de la Universidad de Valparaíso y la Fauech, y constituyó el inicio de un programa de trabajo conjunto entre las asociaciones de académicos de los planteles surgidos de la desaparecida sede Valparaíso de la Universidad de Chile.