“Con justa razón se ha afirmado que la educación es el factor más determinante para la movilidad social. Efectivamente, el tránsito por la escala social y las condiciones de vida de las personas pasa indefectiblemente por este factor. Un modelo de sociedad inclusiva y que procure la cohesión social pone además las condiciones para que la educación pública esté llamada en primerísimo lugar a cumplir este rol y misión.
“No basta con que un país logre ampliar la cobertura educacional y ofrecer alternativas académicas para quienes quieran continuar estudios, sin duda ello constituye un avance, pero no determinante por sí mismo para generar procesos de inclusión y movilidad social.
“En efecto, la calidad de la oferta educativa es uno de los aspectos más determinantes para la movilidad social real y efectiva; sin ella las posibilidades se restringen, se limitan y terminan frustrando expectativas.
“Ofertas educativas sin calidad son verdaderos engaños a la fe pública a la que están obligadas las instituciones de educación superior, no es sólo un engaño al estudiante y sus familias sino a la sociedad entera que va perdiendo confianza en las capacidades de los profesionales que atienden sus necesidades, preocupaciones y apremios en ámbitos tan delicados como la salud, la construcción de sus viviendas, la defensa de sus derechos o la misma educación de sus hijos.
“Pero también es el país el que pierde la posibilidad de construir bases sólidas para su desarrollo estratégico y sustentabilidad futura. Es por lo anterior que es necesario perfeccionar el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y pasar a una acreditación 2.0.
“Esperamos que en los próximos meses se debata esta materia porque es un tema ineludible para avanzar en otras decisiones que dicen relación con las próximas generaciones de estudiantes. Ello también fundamenta la existencia de una superintendencia de educación superior, que deberá tener competencias referidas al control, fiscalización y transparencia del sistema, además de velar por el estricto cumplimiento de las normas que proscriben el lucro en todas las universidades del país.
“Es indispensable que Chile sea riguroso en el cumplimiento irrestricto y sin excepciones del estado de derecho, base fundamental del régimen democrático. Como país hemos dado un pésimo ejemplo a la juventud chilena que observa con impotencia, molestia y desazón que la ley ha sido letra muerta en esta materia.
“Se concluye así que al país no le interesa la educación y sólo le importan los “clientes que se educan”. De esta falacia deriva que los futuros profesionales deben pagar su educación durante o después de sus estudios, con valores que han terminado siendo exorbitantes en el comparativo mundial. Hemos constatado en este tiempo que a los chilenos les interesa una educación de calidad e inclusiva, porque se trata del tema más estratégico para la construcción del futuro del país y de las personas”.
Patricio Sanhueza Vivanco
Rector
Universidad de Playa Ancha