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Por una ley de universidades estatales

Los rectores y las comunidades de las universidades estatales hemos apoyado la dictación de una ley que las defina y distinga. El Estado chileno debe asumir su responsabilidad como proveedor de educación superior e impulsor de su actividad académica. Desde un comienzo nos sentimos convocados por la voluntad de este gobierno de reconstruir una educación pública, revirtiendo prolongados esfuerzos por disminuirla, tergiversarla y desnaturalizarla.

Cuando ese propósito se materializó en un proyecto de ley decepcionante, muchos sostuvimos que, de aprobarse así, la situación de las estatales podría incluso empeorar. Esta opinión correspondería a decir: “Todos estamos a favor de una ley de universidades estatales, pero existen importantes diferencias con el proyecto presentado”. Sin embargo, en el Chile de hoy los debates se presentan a la opinión pública enfatizando conflictos e ignorando concordancias fundamentales. Por eso, “rechazar” o estar en “contra” han sido expresiones favoritas en los medios.

Dice Umberto Eco: “Todos los textos escolares (de las dictaduras) se basaban en un léxico pobre y en una sintaxis elemental, con la finalidad de limitar los instrumentos para el razonamiento complejo y crítico”.

Casi por definición, lo que distingue a la democracia del totalitarismo es que ella admite matices y equilibrios, en vez de las dicotomías simplistas del blanco-negro o verdadero-falso.
Intentemos entonces un resumen matizado y equilibrado de lo ocurrido.

Se presentó un proyecto de ley. Reaccionaron con críticas los rectores de las estatales y los integrantes de las comunidades universitarias. Se generaron conversaciones entre ellos y con el equipo de Educación Superior del Ministerio. Se definieron tres asuntos en que había discordancia: autonomía y participación; situación de funcionarios; matrícula y financiamiento (puntualizar las diferencias indica voluntad de alcanzar acuerdo). El Gobierno retiró el proyecto del Senado y lo ingresó a la Cámara, generando una oportunidad para introducir cambios en el espíritu de las conversaciones en marcha. Por el contrario, el único cambio que se introdujo establecía un castigo drástico para quienes no se sometieran a la fórmula de gobierno universitario que ya todos habíamos rechazado (Este gesto ayuda a entender que se exacerbaran desconfianzas). Por otra parte, el CUECh valoró altamente la actitud constructiva de los interlocutores ministeriales y expresó su temor de que cualquier dilación interfiriera con la dictación de la ley en el actual período legislativo.

Este resumen no utiliza la palabra “rechazo” ni la expresión “en contra”.

Hoy, nuestras instituciones suman apenas un 14% de la matrícula ante un Estado indiferente. Entendemos que las universidades estatales viven realidades objetivamente diferentes y que sus estamentos pueden tener prioridades distintas, pero será imposible lograr cambios sin la unidad de todas las instituciones y de todas sus comunidades.

Necesitamos el acuerdo de todos para que la ley consigne lo importante: un sistema de gobierno universitario con autonomía y participación; un reforzamiento del concepto de comunidad universitaria; un aumento sustantivo de la matrícula; un financiamiento basal estable; y una articulación de las universidades estatales entre sí y con el resto de la esfera pública tras objetivos estratégicos de trascendencia regional y nacional.

 

Ennio Vivaldi
Rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile

 

Columna publicada en El Mercurio, lunes 11 de septiembre de 2017.

 

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