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Aporte Fiscal Indirecto, fin de un ciclo

La política pública dispone de diversos instrumentos que se definen en función de los objetivos que esta persigue. Es claro suponer entonces que un cambio de política exige necesariamente de la revisión de dichos instrumentos, o bien la definición de otros. La reforma del año 1980 modificó radicalmente el paradigma de organización y financiamiento del sistema universitario.

El surgimiento de instituciones privadas, así como también de universidades regionales estatales, y el cambio en el sistema de financiamiento -que migró de un subsidio a la oferta a uno combinado, de oferta (Aporte Fiscal Directo, AFD) y de demanda (Aporte Fiscal Indirecto, AFI, y Crédito Fiscal Universitario)- fueron los sellos de la reforma aludida. A poco andar, el AFD nunca alcanzó el 50% del financiamiento comprometido inicialmente, así como el AFI tampoco logró el otro 50%. La mayor contribución la hizo, primero, el Crédito Fiscal Universitario y luego sus posteriores modificaciones, otros tipos de becas y crédito, y en los últimos años, el Crédito con Aval del Estado (CAE).

El panorama de fines del siglo pasado fue el de una notable contracción del financiamiento institucional (oferta) y un aumento progresivo del aporte privado (becas y créditos). Entre los años 2000 y 2014, del total del financiamiento de la educación superior, el aporte a las instituciones descendió de 71% a 26%. Este incremento del financiamiento privado, junto con la expansión de la oferta, la desregulación sistémica del conjunto institucional, la ausencia de mecanismos de inclusión social, la existencia de estándares de calidad insatisfactorios, la pérdida de significación de la educación superior estatal, el afán de lucro de no pocas instituciones, el desajuste entre formación profesional y empleabilidad y el efecto concentrador metropolitano, entre otros, dieron los argumentos centrales al proceso de reforma universitaria.

En este proceso, el AFI fue un instrumento de financiamiento de la educación superior, destinado a promover la competencia entre las instituciones por captar a los mejores 27.500 puntajes de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de cada año (Lenguaje y Matemáticas).

Dadas las características de desarrollo social de nuestro país, el 75% de estos puntajes se concentra en establecimientos particulares pagados y el 71%, en la ciudad de Santiago. En el reciente proceso de selección 2017, los colegios particulares pagados tienen un promedio PSU 28% superior al de los colegios municipalizados y 20% superior al de los colegios particulares subvencionados. Las características regresivas e inequitativas de este instrumento han estado presentes en la discusión del CRUCh en las últimas dos décadas; es por ello que para mitigar el efecto de este instrumento, la partida presupuestaria ha estado congelada por más de una década.

El AFI no solo no ha cumplido con el objetivo fundamental de su creación, sino que ha fomentado inequidades territoriales y entre las instituciones de educación media, favoreciendo indirectamente a las universidades que reciben a los estudiantes que han contado con las mejores oportunidades de formación. Más allá de la necesidad que tengan las instituciones de contar con una estabilidad de largo plazo en sus fuentes de financiamiento, es hora de comprender que el AFI cumplió un ciclo, y es momento de generar nuevos y mejores instrumentos para el financiamiento de la educación superior en Chile.

 

Álvaro Rojas Marín
Rector U. de Talca
Miembro Directorio del CUECh

 

Columna de opinión publicada en El Mercurio, martes 24 de enero de 2017.

 

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